Entre los indicios más graves de la bajeza y maldad del gobierno está lo que la jueza Beatriz Biedma ha denunciado y lo que la UCO ha puesto sobre la mesa. Informes de la Guardia Civil identifican a la magistrada que instruyó la causa contra el hermano del presidente como objetivo de una presunta trama vinculada a Leire Díez y Santos Cerdán que pretendería liquidarla.
Todavía no hay pruebas definitivas de un "encargo de eliminación", pero sí indicios sólidos de contactos y de una operación para amedrentar o liquidar a la jueza.
El juez Pedraz ha interrogado a las jueza como perjudicada y la instrucción sigue. Que una red ligada al aparato del PSOE aparezca negociando o tanteando a narcosicarios contra una jueza es, por sí solo, un síntoma de bajeza intolerable, capaz de hundir a un gobierno y de convertir su pre campaña electoral en un basurero sin credibilidad.
A eso se suman decenas de irregularidades, arbitrariedades y abusos: causas abiertas en el entorno, financiación bajo sospecha, pactos de supervivencia con quien sea y un desprecio reiterado por los límites constitucionales.
El poder sanchista no se corrige a sí mismo. Se blinda y minimiza, mientras, con descaro, pide otro mandato.
El ciudadano honrado ve cómo se vacían las reglas de la democracia, se protege al delincuente útil y se trata la oposición como enemigo a liquidar por la vía civil. La confianza se ha roto. El aislamiento exterior crece. Y el que preside sigue.
Por eso hace falta ayuda exterior ya. No como limosna, sino como presión y vigilancia de quienes todavía respetan el Estado de derecho.
Dentro, la torpe oposición no ha sabido o no ha querido echar a Sánchez.
Las urnas del 29 de noviembre son la última vía limpia. Si se desperdician, la malla se cerrará más. España no puede seguir gobernada por quien acumula indicios de cloacas, narco y abuso como si fueran el precio normal del poder.
O se le expulsa, o el país se hundirá más y mas en el pozo negro del abuso, la corrupción y el basurero de la Historia.
Francisco Rubiales
Todavía no hay pruebas definitivas de un "encargo de eliminación", pero sí indicios sólidos de contactos y de una operación para amedrentar o liquidar a la jueza.
El juez Pedraz ha interrogado a las jueza como perjudicada y la instrucción sigue. Que una red ligada al aparato del PSOE aparezca negociando o tanteando a narcosicarios contra una jueza es, por sí solo, un síntoma de bajeza intolerable, capaz de hundir a un gobierno y de convertir su pre campaña electoral en un basurero sin credibilidad.
A eso se suman decenas de irregularidades, arbitrariedades y abusos: causas abiertas en el entorno, financiación bajo sospecha, pactos de supervivencia con quien sea y un desprecio reiterado por los límites constitucionales.
El poder sanchista no se corrige a sí mismo. Se blinda y minimiza, mientras, con descaro, pide otro mandato.
El ciudadano honrado ve cómo se vacían las reglas de la democracia, se protege al delincuente útil y se trata la oposición como enemigo a liquidar por la vía civil. La confianza se ha roto. El aislamiento exterior crece. Y el que preside sigue.
Por eso hace falta ayuda exterior ya. No como limosna, sino como presión y vigilancia de quienes todavía respetan el Estado de derecho.
Dentro, la torpe oposición no ha sabido o no ha querido echar a Sánchez.
Las urnas del 29 de noviembre son la última vía limpia. Si se desperdician, la malla se cerrará más. España no puede seguir gobernada por quien acumula indicios de cloacas, narco y abuso como si fueran el precio normal del poder.
O se le expulsa, o el país se hundirá más y mas en el pozo negro del abuso, la corrupción y el basurero de la Historia.
Francisco Rubiales