¿No proporcionar el tratamiento disponible a los enfermos de Hepatitis C representa una violación de los derechos humanos? La respuesta, para muchos demócratas españoles, es "SI", sobre todo si se tiene en cuenta que los que niegan a los enfermos ese tratamiento se acaban de subir los sueldos y son incapaces de renunciar a sus costosos privilegios.
Sobre si hay o no violación de los derechos humanos deberá pronunciarse la Comisión Europea, ante la cual la eurodiputada de Izquierda Unida Marina Albiol ha preguntado si no se es una vulneración de los derechos fundamentales la negativa de las comunidades autónomas españolas de suministrar sofosbuvir a todos los afectados.
En una pregunta parlamentaria por escrito, registrada el pasado viernes, la portavoz de IU en la Eurocámara pregunta al Ejecutivo comunitario que opinión le merece que España "permita que haya ciudadanos que enfermen y fallezcan por negarse a suministrarles un fármaco que ha demostrado una gran eficacia contra la enfermedad de la Hepatitis C".
Albiol se hace eco en su escrito a la Comisión de que "a día de hoy, se estima que en el estado español fallecen 12 personas diariamente debido a la Hepatitis C, una enfermedad que, si es tratada con sofosbuvir, está demostrado que puede llegar a curar el 90% de los casos".
Pwersonalmente pienso que la negativa a salvar la vida a los enfermos es uno de los muchos "crímenes legales" que cometen los políticos españoles, peor que otros como el despilfarro, el endeudamiento enloquecido, que hipoteca a las futuras generaciones, el cobro de impuestos abusivos y la sucia negativa a adelgazar un Estado hipertrofiado donde hay mas políticos colocados y ordeñando las arcas públicas que en Francia, Alemania e Inglaterra juntos.
No es de recibo dejar morir a la gente mientras que los partidos políticos y sindicatos, en contra de la opinión mayoritaria de los ciudadanos, siguen cobrando subvenciones abundantes o cuando los ministerios rebosan de asesores inútiles o las costosas e inútiles televisiones autonómicas, cuya programación no aporta nada al bien común y que solo sirven para reforzar la propaganda y autobombo de los políticos, siguen abiertas.
Esperamos de Europa un claro pronunciamiento en contra del abuso español, aunque ya no cabe esperar demasiado de una Unión Europea que ha olvidado lo que representaba de ilusionante la "Europa de los ciudadanos" para echarse en manos de las élites y transformarse en la "Europa de los políticos" y en la "Europa de los mercados".
Sobre si hay o no violación de los derechos humanos deberá pronunciarse la Comisión Europea, ante la cual la eurodiputada de Izquierda Unida Marina Albiol ha preguntado si no se es una vulneración de los derechos fundamentales la negativa de las comunidades autónomas españolas de suministrar sofosbuvir a todos los afectados.
En una pregunta parlamentaria por escrito, registrada el pasado viernes, la portavoz de IU en la Eurocámara pregunta al Ejecutivo comunitario que opinión le merece que España "permita que haya ciudadanos que enfermen y fallezcan por negarse a suministrarles un fármaco que ha demostrado una gran eficacia contra la enfermedad de la Hepatitis C".
Albiol se hace eco en su escrito a la Comisión de que "a día de hoy, se estima que en el estado español fallecen 12 personas diariamente debido a la Hepatitis C, una enfermedad que, si es tratada con sofosbuvir, está demostrado que puede llegar a curar el 90% de los casos".
Pwersonalmente pienso que la negativa a salvar la vida a los enfermos es uno de los muchos "crímenes legales" que cometen los políticos españoles, peor que otros como el despilfarro, el endeudamiento enloquecido, que hipoteca a las futuras generaciones, el cobro de impuestos abusivos y la sucia negativa a adelgazar un Estado hipertrofiado donde hay mas políticos colocados y ordeñando las arcas públicas que en Francia, Alemania e Inglaterra juntos.
No es de recibo dejar morir a la gente mientras que los partidos políticos y sindicatos, en contra de la opinión mayoritaria de los ciudadanos, siguen cobrando subvenciones abundantes o cuando los ministerios rebosan de asesores inútiles o las costosas e inútiles televisiones autonómicas, cuya programación no aporta nada al bien común y que solo sirven para reforzar la propaganda y autobombo de los políticos, siguen abiertas.
Esperamos de Europa un claro pronunciamiento en contra del abuso español, aunque ya no cabe esperar demasiado de una Unión Europea que ha olvidado lo que representaba de ilusionante la "Europa de los ciudadanos" para echarse en manos de las élites y transformarse en la "Europa de los políticos" y en la "Europa de los mercados".