El estado de crispación permanente y enfrentamiento que vive la España actual genera estupor en muchos analistas y observadores, que no entienden lo que está pasando ni identifican el origen del problema. Sin embargo, la clave es sencilla y radica en que el gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero está habitualmente en minoría social, defendiendo ideas e iniciativas contrarias a lo que opinan la mayoría de los españoles.
Zapatero, que ya se colocó "en minoría" cuando permitió el avance de un Estatuto catalán independentista, insolidario y contrario a la Constitución, cuando permitió la violación de derechos ciudadanos en el País Vasco y Cataluña, cusando permite la vida arrogante de la formación filoterrorista Batasuna o cuando estimuló la instauración de censuras mediáticas, más o menos descaradas, en la democrática España, ha vuelto a situarse en "minoría", lo que significa en contra de la opinión mayoritaria de los Españoles, en los dos conflictos que marcan la actualidad española: en el complejo asunto del general Mena, cuyas recientes afirmaciones, aunque sean democráticamente inadecuadas y hayan sido condenadas y sancionadas por el gobierno, son compartidas por la mayoría de los españoles y hasta por miles de militantes socialistas sensibles a conceptos como "patria" y "unidad", y en el congreso que pretendía celebrar la ilegalizada arganización pro-terrorista Batasuna, admitido y tolerado por Zapatero y, finalmente, prohibido por un juez, ante el aplauso de la mayoría de la sociedad española.
Lo ocurrido con el general "rebelde" es lo siguiente: durante el acto de la Pascua Militar celebrada en Sevilla y hablando del estatuto de Cataluña, el Teniente General José Mena Aguado, jefe de la Fuerza Terrestre recordó que "la Constitución marca una serie de límites infranqueables para cualquier estatuto de autonomía" y recalcó que "si esos límites fuesen sobrepasados, lo cual en estos momentos afortunadamente parece impensable, sería de aplicación el artículo octavo de la Constitución: las fuerzas armadas, constituidas por el Ejercito de Tierra, la Armada y el Ejercito del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad, y el ordenamiento constitucional". La reacción del gobierno fue arrestar y destituir al alto jefe militar.
Es cierto que hay escuelas de pensamiento que admiten que los gobiernos no están ogligados a gobernar permanentemente al dictado de la opinión de la mayoría de los ciudadanos, pero hay otras muchas escuelas de pensamiento, con seguridad mayoritarias, que consideran ilegítimo al gobierno que se atreve a tomar decisiones en contra de lo que opinan las mayorías.
Gobernar contra la opinión pública tiene sus riesgos. Que se lo pregunten al PP, que perdió las últimas elecciones probablemente porque José María Aznar cometió el error de implicar a España en una guerra en contra de la opinión de la mayoría de los españoles.
Ese estilo de gobierno significa entender la democracia como el monopolio del poder ejercido por los representantes electos, algo que lleva consigo el exilio y la marginación de los ciudadnaos, con los que sólo se cuenta cada cuatro o cinco años, en los comicios electorales.
El gobierno español afirma que las palabras del general han creado alarma social, pero la oposición y miles de ciudadanos creen con razón que más alarma social generan las provocaciones de Carod Rovira y Arnaldo Otegui, o el propio gobierno cuando permite que se abra paso un Estatuto de Cataluña insolidario y dudosamente constitucional o cuando permite que se aplasten los derechos de ciudadanos vascos y catalanes, marginados por no compartir la fe nacionalista o por expresarse en el ideioma castelllano. No menos alarma social provoca que el socialismo español actual tenga socios independentistas que no creen en la nación, o que los delincuentes, armados, cada día sean mas osados y asalten y asesinen a los indefensos y desarmados ciudadanos honrados.
Nadie duda en España que los militares están preocupados ante los excesos de los nacionalistas vascos y catalanes y ante la aparente permisividad del gobierno, una preocupación que comparte la mayoría de la sociedad española. El problema es que cuando el general ha expresado sus ideas en público, violando así la necesaria neutralidad militar en asuntos políticos, ha conectado con lsa opinión pública del país y con millones de ciudadanos hartos de soportar las provocaciones y excesos de los nacionalistas insaciables.
Al sancionar y destituir al generaral, el gobierno corre el riesgo de convertirlo en un héroe y de que el asunto se convierta en un boomerang de graves consecuencias para la democracia.
Decir, como ha dicho el ministro de defensa, José Bono, que los militares "carecen de opinión política" es una barbaridad democrática, entre otras razones porque la libertad de expresarse está garantizada por la Constitución y afecta a todos los ciudadanos, incluso los militares, y también porque los españoles quieren que los militares tengan opinión y consideran esa opinión como una garantía para la unidad y un pilar de ese proyecto de convivencia común que es la nación.
El gobierno de Zapatero debería asumir que gobernar contra la opinión mayoritaria de los ciudadanos es una practica dudosamente democrática, peligrosa y que provoca un rechazo ciudadano que se traduce, automáticamente, en descrédito de los políticos y degradación del propio sistema democrático.
Zapatero, que ya se colocó "en minoría" cuando permitió el avance de un Estatuto catalán independentista, insolidario y contrario a la Constitución, cuando permitió la violación de derechos ciudadanos en el País Vasco y Cataluña, cusando permite la vida arrogante de la formación filoterrorista Batasuna o cuando estimuló la instauración de censuras mediáticas, más o menos descaradas, en la democrática España, ha vuelto a situarse en "minoría", lo que significa en contra de la opinión mayoritaria de los Españoles, en los dos conflictos que marcan la actualidad española: en el complejo asunto del general Mena, cuyas recientes afirmaciones, aunque sean democráticamente inadecuadas y hayan sido condenadas y sancionadas por el gobierno, son compartidas por la mayoría de los españoles y hasta por miles de militantes socialistas sensibles a conceptos como "patria" y "unidad", y en el congreso que pretendía celebrar la ilegalizada arganización pro-terrorista Batasuna, admitido y tolerado por Zapatero y, finalmente, prohibido por un juez, ante el aplauso de la mayoría de la sociedad española.
Lo ocurrido con el general "rebelde" es lo siguiente: durante el acto de la Pascua Militar celebrada en Sevilla y hablando del estatuto de Cataluña, el Teniente General José Mena Aguado, jefe de la Fuerza Terrestre recordó que "la Constitución marca una serie de límites infranqueables para cualquier estatuto de autonomía" y recalcó que "si esos límites fuesen sobrepasados, lo cual en estos momentos afortunadamente parece impensable, sería de aplicación el artículo octavo de la Constitución: las fuerzas armadas, constituidas por el Ejercito de Tierra, la Armada y el Ejercito del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad, y el ordenamiento constitucional". La reacción del gobierno fue arrestar y destituir al alto jefe militar.
Es cierto que hay escuelas de pensamiento que admiten que los gobiernos no están ogligados a gobernar permanentemente al dictado de la opinión de la mayoría de los ciudadanos, pero hay otras muchas escuelas de pensamiento, con seguridad mayoritarias, que consideran ilegítimo al gobierno que se atreve a tomar decisiones en contra de lo que opinan las mayorías.
Gobernar contra la opinión pública tiene sus riesgos. Que se lo pregunten al PP, que perdió las últimas elecciones probablemente porque José María Aznar cometió el error de implicar a España en una guerra en contra de la opinión de la mayoría de los españoles.
Ese estilo de gobierno significa entender la democracia como el monopolio del poder ejercido por los representantes electos, algo que lleva consigo el exilio y la marginación de los ciudadnaos, con los que sólo se cuenta cada cuatro o cinco años, en los comicios electorales.
El gobierno español afirma que las palabras del general han creado alarma social, pero la oposición y miles de ciudadanos creen con razón que más alarma social generan las provocaciones de Carod Rovira y Arnaldo Otegui, o el propio gobierno cuando permite que se abra paso un Estatuto de Cataluña insolidario y dudosamente constitucional o cuando permite que se aplasten los derechos de ciudadanos vascos y catalanes, marginados por no compartir la fe nacionalista o por expresarse en el ideioma castelllano. No menos alarma social provoca que el socialismo español actual tenga socios independentistas que no creen en la nación, o que los delincuentes, armados, cada día sean mas osados y asalten y asesinen a los indefensos y desarmados ciudadanos honrados.
Nadie duda en España que los militares están preocupados ante los excesos de los nacionalistas vascos y catalanes y ante la aparente permisividad del gobierno, una preocupación que comparte la mayoría de la sociedad española. El problema es que cuando el general ha expresado sus ideas en público, violando así la necesaria neutralidad militar en asuntos políticos, ha conectado con lsa opinión pública del país y con millones de ciudadanos hartos de soportar las provocaciones y excesos de los nacionalistas insaciables.
Al sancionar y destituir al generaral, el gobierno corre el riesgo de convertirlo en un héroe y de que el asunto se convierta en un boomerang de graves consecuencias para la democracia.
Decir, como ha dicho el ministro de defensa, José Bono, que los militares "carecen de opinión política" es una barbaridad democrática, entre otras razones porque la libertad de expresarse está garantizada por la Constitución y afecta a todos los ciudadanos, incluso los militares, y también porque los españoles quieren que los militares tengan opinión y consideran esa opinión como una garantía para la unidad y un pilar de ese proyecto de convivencia común que es la nación.
El gobierno de Zapatero debería asumir que gobernar contra la opinión mayoritaria de los ciudadanos es una practica dudosamente democrática, peligrosa y que provoca un rechazo ciudadano que se traduce, automáticamente, en descrédito de los políticos y degradación del propio sistema democrático.