Inés del Rio, asesina de 24 personas, saldrá en libertad muy pronto. Los políticos y la prensa le echarán la culpa al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero los verdaderos culpables son los políticos españoles, que una vez mas hicieron las cosas mal y aplicaron una medida de castigo a los criminales con efectos retroactivos, toda una aberración en el mundo del derecho y de las libertades. Debieron haber endurecido las leyes contra los delitos de terrorismo, pero solo supieron hacer una chapuza.
Lo grave del asunto es que detrás de Inés del Rio tendrán que salir decenas de malvados encarcelados, a los que los políticos españoles, con su torpeza, han abierto las puertas de la cárcel.
Inés del Río fue miembro del comando Madrid de ETA y fue condenada a 3.828 años por asesinar a 24 ciudadanos inocentes. Hoy el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho que el Gobierno español tiene que liberarla e indemnizarla por haberle aplicado la doctrina Parot, que permitía a la Justicia mantenerla en prisión.
Este martes, a las 9.15 de la mañana, el pleno extraordinario de la Audiencia Nacional se reúne para decidir si la pone en libertad. Sobre la mesa de los jueces, la sentencia de Estrasburgo. Y sobre la conciencia de Martiano Rajoy, la posibilidad de impedir que los terroristas se conviertan en los vencedores de la lucha antiterrorista.
El próximo viernes los jueces volverán a reunirse para decidir si liberan otra asesina, Jofesa Mercedes Enaga, miembro del comando Barcelona, una de las criminales del atentado de Hipercor (21 muertos). Y en las próximas semanas la Audiencia Nacional tendrá que revisar otros 30 casos de asesinos etarras que podrían quedar en libertad.
Miles de españoles indignados están culpando del desastre a los jueces y diciendo al gobierno que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no es de obligado cumplimiento para España. Es cierto que algunos países, entre ellos Gran Bretaña, han rechazado sus sentencias, pero es mas que probable que España la cumpla porque, aunque lo disimulen y oculten con la complicidad de sus amigos de la prensa sometida, los políticos socialistas y de derechas saben que la doctrina Parot, al aplicarse con efectos retroactivos, viola la esencia de la justicia y uno de los derechos humanos básicos, el de ser juzgado según la ley vigente en el momento del delito.
Según la sentencia, España ha violado los artículos 7 y 5.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que respectivamente establecen que "no hay pena sin ley" que la avale y "el derecho a la libertad y la seguridad" en el caso de la etarra y le he instado a liberarla "a la mayor brevedad" y le obliga a indemnizarla con 30.000 euros por daños morales en un plazo de tres meses, tal y como dictó su Tercera Sección en su sentencia del 10 de julio de 2012. También obliga a España a pagarle 1.500 euros en concepto de costas judiciales.
El mismo tribunal europeo muestra a los políticos españoles cual es el camino correcto al reconocer el derecho del gobierno de España a endurecer las penas para algunos delitos de especial gravedad, pero tiene que aplicar esas nuevas condenas a partir del momento en que sean aprobadas y entren en vigor, nunca con efectos retroactivos sobre delitos del pasado.
Los políticos españoles esconden su culpa detrás de sus lamentos y lágrimas ante las víctimas del terrorismo, pero una vez mas la culpa del nuevo drama es suya, como ocurre casi siempre en España, donde si las empresas cierran es porque están acribilladas por los impuestos y la burocracia, donde si los ciudadanos se suicidan es porque los políticos se niegan a reformar las sucias leyes que regulan los desahucios, si decenas de miles de españoles han sido saqueados y robados es porque los políticos han permitido a los bancos estafar con las participaciones preferentes, si hay miles de políticos que se han enriquecido ilegalmente sin ser perseguidos ni obligados a devolver lo robado es porque los políticos se han labrado un entorno de impunidad práctica que está reñido con la democracia y la ética... y un largo etcétera de errores, maldades y abusos que demuestran que detrás de cada desgracia, drama o abuso ocurrido en España durante las tres últimas décadas siempre está una clase política sin altura ni grandeza, sin ética ni sentido democrático, una de las peores castas políticas del planeta.
Lo grave del asunto es que detrás de Inés del Rio tendrán que salir decenas de malvados encarcelados, a los que los políticos españoles, con su torpeza, han abierto las puertas de la cárcel.
Inés del Río fue miembro del comando Madrid de ETA y fue condenada a 3.828 años por asesinar a 24 ciudadanos inocentes. Hoy el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho que el Gobierno español tiene que liberarla e indemnizarla por haberle aplicado la doctrina Parot, que permitía a la Justicia mantenerla en prisión.
Este martes, a las 9.15 de la mañana, el pleno extraordinario de la Audiencia Nacional se reúne para decidir si la pone en libertad. Sobre la mesa de los jueces, la sentencia de Estrasburgo. Y sobre la conciencia de Martiano Rajoy, la posibilidad de impedir que los terroristas se conviertan en los vencedores de la lucha antiterrorista.
El próximo viernes los jueces volverán a reunirse para decidir si liberan otra asesina, Jofesa Mercedes Enaga, miembro del comando Barcelona, una de las criminales del atentado de Hipercor (21 muertos). Y en las próximas semanas la Audiencia Nacional tendrá que revisar otros 30 casos de asesinos etarras que podrían quedar en libertad.
Miles de españoles indignados están culpando del desastre a los jueces y diciendo al gobierno que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no es de obligado cumplimiento para España. Es cierto que algunos países, entre ellos Gran Bretaña, han rechazado sus sentencias, pero es mas que probable que España la cumpla porque, aunque lo disimulen y oculten con la complicidad de sus amigos de la prensa sometida, los políticos socialistas y de derechas saben que la doctrina Parot, al aplicarse con efectos retroactivos, viola la esencia de la justicia y uno de los derechos humanos básicos, el de ser juzgado según la ley vigente en el momento del delito.
Según la sentencia, España ha violado los artículos 7 y 5.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que respectivamente establecen que "no hay pena sin ley" que la avale y "el derecho a la libertad y la seguridad" en el caso de la etarra y le he instado a liberarla "a la mayor brevedad" y le obliga a indemnizarla con 30.000 euros por daños morales en un plazo de tres meses, tal y como dictó su Tercera Sección en su sentencia del 10 de julio de 2012. También obliga a España a pagarle 1.500 euros en concepto de costas judiciales.
El mismo tribunal europeo muestra a los políticos españoles cual es el camino correcto al reconocer el derecho del gobierno de España a endurecer las penas para algunos delitos de especial gravedad, pero tiene que aplicar esas nuevas condenas a partir del momento en que sean aprobadas y entren en vigor, nunca con efectos retroactivos sobre delitos del pasado.
Los políticos españoles esconden su culpa detrás de sus lamentos y lágrimas ante las víctimas del terrorismo, pero una vez mas la culpa del nuevo drama es suya, como ocurre casi siempre en España, donde si las empresas cierran es porque están acribilladas por los impuestos y la burocracia, donde si los ciudadanos se suicidan es porque los políticos se niegan a reformar las sucias leyes que regulan los desahucios, si decenas de miles de españoles han sido saqueados y robados es porque los políticos han permitido a los bancos estafar con las participaciones preferentes, si hay miles de políticos que se han enriquecido ilegalmente sin ser perseguidos ni obligados a devolver lo robado es porque los políticos se han labrado un entorno de impunidad práctica que está reñido con la democracia y la ética... y un largo etcétera de errores, maldades y abusos que demuestran que detrás de cada desgracia, drama o abuso ocurrido en España durante las tres últimas décadas siempre está una clase política sin altura ni grandeza, sin ética ni sentido democrático, una de las peores castas políticas del planeta.