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El triste espectáculo ofrecido por la clase política tras las elecciones del 27 de mayo y el previo de los referendums sobre los estatutos autonómicos de Cataluña y Andalucía, vergonzosamente aprobados por apenas un tercio del electorado, han hecho que la petición de una reforma de la Ley Electoral española comience ya a ser un clamor en una sociedad abochornada ante la degradación política y ya convencida de que algunas leyes que regulan el sistema político español son profundamente antidemocráticas.
Las subastas de comunidades y pueblos, las alianzas antinatura entre partidos, los pactos entre perdedores y el vomitivo espectáculo de la lucha por el poder sin ideologías, principios y decencia, son consecuencia directa de los profundos defectos de diseño de la normativa electoral española, ideada para que la dictadura franquista fuera sustituida por otra dictadura, la de los partidos políticos, sin que el ciudadano, en teoría soberano y dueño del poder en la democracia, tuviera protagonismo alguno.
Las reformas que se piden afectan a la eliminación de las listas cerradas y bloqueadas, que arrebatan al ciudadano su derecho a elegir a sus representantes, elección que se han autoadjudicado los partidos, que confeccionan esas listas; a la necesidad de limitar el insaciable poder de los partidos políticos, convertidos en dictadores de una "Democracia" que ya no existe porque ha sido transformado en "Partitocracia" y, sobre todo, a la urgencia de restablecer la relación entre los representantes y los representados, liberando a los representantes electos de la vergonzante situación de "sometimiento" a la que son reducidos por sus respectivos partidos políticos.
Existe prácticamente un consenso generalizado entre los estudiosos y expertos sobre la necesidad de estas reformas sin las cuales la democracia es científicamente imposible.
¿Qué sentido tiene decir que con el cambio de ley electoral a listas abiertas, incluso aunque proclamen que el sistema proporcional lo cambiarán por el mayoría, si al final los elegidos siguen sin tener que responder ante el electorado porque la Constitución
prohíbe el mandato imperativo? Esto equivale a que el mandatario, en un simple
contrato civil de mandato, no cumpla las directrices mancadas por su mandante y
haga lo que le da la gana. Eso es lo que hoy ocurre, gracias a los que diseñaron esta falsa democracia, hace tres décadas, a la que los actuales partidos se agarran porque les otorga un poder casi ilimitado y la posibilidad de dominar a la ciudadanía.
Muchos observadores y analistas políticos descubren ahora con amargura que la transición del Franquismo a la Democracia fue una estafa por culpa de leyes que se aprobaron entonces y que colisionaban directamente con la esencia de la democracia como sistema de convivencia. Ninguna de aquellas leyes erróneas supera en antidemocracia a la relación establecida entre mandantes y mandatarios. Los mandatarios han incumplido constantemente su compromiso contractual y ni siquiera es imaginable que respondan ante la Justicia por esa estafa.
Pero las reformas que la falsa democracia española requiere para que llegue a ser una verdadera "democracia" son muchas más y afectan a defectos como el poder desmesurado de partidos pequeños, sin apenas votos, la capacidad de chantaje de los partidos bisagra, la debilidad de la sociedad civil, la falta de una prensa libre y crítica, capaz de fiscalizar a los grandes poderes, la urgencia de "desalojar" una sociedad civil ocupada y maniatada por los partidos políticos, la necesidad de que los parlamentarios posean libertad de expresión y de conciencia, derechos suprimidos por los partidos políticos, que imponen una disciplina feroz y castrante a los representantes del pueblo, la necesidad de que los criterios y opiniones de los ciudadanos sean tenidos en cuenta por los arrogantes políticos, etc.
FR
Las subastas de comunidades y pueblos, las alianzas antinatura entre partidos, los pactos entre perdedores y el vomitivo espectáculo de la lucha por el poder sin ideologías, principios y decencia, son consecuencia directa de los profundos defectos de diseño de la normativa electoral española, ideada para que la dictadura franquista fuera sustituida por otra dictadura, la de los partidos políticos, sin que el ciudadano, en teoría soberano y dueño del poder en la democracia, tuviera protagonismo alguno.
Las reformas que se piden afectan a la eliminación de las listas cerradas y bloqueadas, que arrebatan al ciudadano su derecho a elegir a sus representantes, elección que se han autoadjudicado los partidos, que confeccionan esas listas; a la necesidad de limitar el insaciable poder de los partidos políticos, convertidos en dictadores de una "Democracia" que ya no existe porque ha sido transformado en "Partitocracia" y, sobre todo, a la urgencia de restablecer la relación entre los representantes y los representados, liberando a los representantes electos de la vergonzante situación de "sometimiento" a la que son reducidos por sus respectivos partidos políticos.
Existe prácticamente un consenso generalizado entre los estudiosos y expertos sobre la necesidad de estas reformas sin las cuales la democracia es científicamente imposible.
¿Qué sentido tiene decir que con el cambio de ley electoral a listas abiertas, incluso aunque proclamen que el sistema proporcional lo cambiarán por el mayoría, si al final los elegidos siguen sin tener que responder ante el electorado porque la Constitución
prohíbe el mandato imperativo? Esto equivale a que el mandatario, en un simple
contrato civil de mandato, no cumpla las directrices mancadas por su mandante y
haga lo que le da la gana. Eso es lo que hoy ocurre, gracias a los que diseñaron esta falsa democracia, hace tres décadas, a la que los actuales partidos se agarran porque les otorga un poder casi ilimitado y la posibilidad de dominar a la ciudadanía.
Muchos observadores y analistas políticos descubren ahora con amargura que la transición del Franquismo a la Democracia fue una estafa por culpa de leyes que se aprobaron entonces y que colisionaban directamente con la esencia de la democracia como sistema de convivencia. Ninguna de aquellas leyes erróneas supera en antidemocracia a la relación establecida entre mandantes y mandatarios. Los mandatarios han incumplido constantemente su compromiso contractual y ni siquiera es imaginable que respondan ante la Justicia por esa estafa.
Pero las reformas que la falsa democracia española requiere para que llegue a ser una verdadera "democracia" son muchas más y afectan a defectos como el poder desmesurado de partidos pequeños, sin apenas votos, la capacidad de chantaje de los partidos bisagra, la debilidad de la sociedad civil, la falta de una prensa libre y crítica, capaz de fiscalizar a los grandes poderes, la urgencia de "desalojar" una sociedad civil ocupada y maniatada por los partidos políticos, la necesidad de que los parlamentarios posean libertad de expresión y de conciencia, derechos suprimidos por los partidos políticos, que imponen una disciplina feroz y castrante a los representantes del pueblo, la necesidad de que los criterios y opiniones de los ciudadanos sean tenidos en cuenta por los arrogantes políticos, etc.
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