Está tan corrompida y deformada la "democracia" española que comprar votos con dinero público no se considera delito. Acaba de hacerlo el gobierno que preside el socialista Zapatero, que ha compensado con cientos de millones de euros a los nacionalistas vascos y gallegos por apoyar con sus votos la aprobación de los presupuestos generales del Estado para el año 2009. Sin embargo, aunque no esté tipificado como delito, lo que ha hecho el gobierno es tan indecente que el pueblo español no debería soportarlo.
El dinero de las arcas públicas está siendo utilizado en España, de manera bastarda, para premiar a los amigos y castigar a los adversarios. Tiene más peso la recompensa al que presta los votos al gobierno que las necesidades reales de las regiones, pueblos y ciudadanos. Cuando el bien común cede el paso a los intereses partidistas, la democracia no existe porque ha sido sustituida por una dictadura de partidos políticos.
Con el dinero público español se están realizando todo tipo de irregularidades antidemocráticas: se compran votos y voluntades, se compran adhesiones de sindicatos y sectores profesionales, se silencian a medios de comunicación, se margina a empresarios incómodos, se ayuda a empresas propiedad de amigos del poder, se financian a ONGs amigas y se acosa a las del bando contrario, se margina a los pueblos, ciudades y comunidades autónomas gobernados por partidos rivales y se inyecta properidad en los gobernados por el partido en el poder.
A pesar de que hacerlo es legal en el bodrio jurídico de la democracia española, lleno de vacíos y de carencias, es difícil imaginar una corrupción más indecente y un comportamiento político más rastrero.
Mientras el dinero se derrama para premiar los votos y las adhesiones amigas, cada día son desvalijadas trescientas viviendas en España, sin que el gobierno, que tiene el deber de proteger a los ciudadanos, haga muchos por evitarlo. El dinero llega para premiar a los que aportan votos y apoyo al poder, pero no a las fuerzas del orden, que están mal pagadas y son insuficientes, ni a la educación, que sigue siendo líder del fracaso escolar en Europa y de las peores del mundo desarrollado, ni a las pensiones, que siguen siendo miserables, etc.
El gobierno premia a los que le votan y le ayudan a permanecer en el poder, pero permanece insensible ante las grandes tragedias que están padeciendo los españoles en su vida diaria: ante la economía que se hunde, ante las empresas que cierran porque el gobierno, obsesionado por recaudar, se niega a bajar los impuestos, y ante el peor de los dramas, el de las decenas de miles de desempleados que cada mes se incorporan al siniestro ejército de los pobres.
Un despropósito imparable, una marea de "mal gobierno" que emana del verdadero gran problema español: el pavoroso déficit ético de nuestra mal llamada "democracia".
El dinero de las arcas públicas está siendo utilizado en España, de manera bastarda, para premiar a los amigos y castigar a los adversarios. Tiene más peso la recompensa al que presta los votos al gobierno que las necesidades reales de las regiones, pueblos y ciudadanos. Cuando el bien común cede el paso a los intereses partidistas, la democracia no existe porque ha sido sustituida por una dictadura de partidos políticos.
Con el dinero público español se están realizando todo tipo de irregularidades antidemocráticas: se compran votos y voluntades, se compran adhesiones de sindicatos y sectores profesionales, se silencian a medios de comunicación, se margina a empresarios incómodos, se ayuda a empresas propiedad de amigos del poder, se financian a ONGs amigas y se acosa a las del bando contrario, se margina a los pueblos, ciudades y comunidades autónomas gobernados por partidos rivales y se inyecta properidad en los gobernados por el partido en el poder.
A pesar de que hacerlo es legal en el bodrio jurídico de la democracia española, lleno de vacíos y de carencias, es difícil imaginar una corrupción más indecente y un comportamiento político más rastrero.
Mientras el dinero se derrama para premiar los votos y las adhesiones amigas, cada día son desvalijadas trescientas viviendas en España, sin que el gobierno, que tiene el deber de proteger a los ciudadanos, haga muchos por evitarlo. El dinero llega para premiar a los que aportan votos y apoyo al poder, pero no a las fuerzas del orden, que están mal pagadas y son insuficientes, ni a la educación, que sigue siendo líder del fracaso escolar en Europa y de las peores del mundo desarrollado, ni a las pensiones, que siguen siendo miserables, etc.
El gobierno premia a los que le votan y le ayudan a permanecer en el poder, pero permanece insensible ante las grandes tragedias que están padeciendo los españoles en su vida diaria: ante la economía que se hunde, ante las empresas que cierran porque el gobierno, obsesionado por recaudar, se niega a bajar los impuestos, y ante el peor de los dramas, el de las decenas de miles de desempleados que cada mes se incorporan al siniestro ejército de los pobres.
Un despropósito imparable, una marea de "mal gobierno" que emana del verdadero gran problema español: el pavoroso déficit ético de nuestra mal llamada "democracia".