El Poder Judicial español está frenando el estilo intervencionista y osado de la política del gobierno que preside José Luis Rodriguez Zapatero, que ayer sufrió un durísimo revés judicial que le hará pasar a la historia como el primer gobierno de la joven democracia española condenado por una detención ilegal de carácter político.
La condena por la Audiencia Nacional a tres policías por la detención ilegal de dos militantes del Partido Popular, falsamente acusados de agredir al ministro de Defensa, José Bono, tras la manifestación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) celebrada el 22 de enero de 2005, a penas que oscilan entre tres y cinco años de cárcel ha provocado, por el momento, la dimisión del delegado del gobierno en Madrid, Constantino Méndez, mientras que el Partido Popular, principal partido de la oposición, exige que también dimitan los superiores del dimitido, el entonces ministro del interior, José Antonio Alonso, hoy ministro de defensa, y el propio presidente Zapatero.
El Partido Popular, apoyado por los escasos medios de comunicación que se oponen al gobierno de Zapatero, no cesan de repetir hoy que esa sentencia, que condena prácticas policiales más propias de dictaduras fascistas y comunistas que de democracias, causaría en cualquier país democrático avanzado la dimisión de todos los responsables en cadena, desde el jefe de la policía al presidente del gobierno, incluyendo al ministro del interior.
Pero no fue esa la única sentencia contra el zapaterismo en un día que los socialistas españoles no olvidarán fácilmente. El Juzgado de primera instancia número 1 de Madrid condenó al secretario de organización del Partido Socialista de Cataluña (PSC), José Zaragoza Alonso, por intromisión en el derecho al honor del presidente de Endesa, Manuel Pizarro, de quien dijo que financiaba al Partido Popular y a la Fundación FAES sin acreditar "en absoluto" que fuera cierto.
La condena por la Audiencia Nacional a tres policías por la detención ilegal de dos militantes del Partido Popular, falsamente acusados de agredir al ministro de Defensa, José Bono, tras la manifestación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) celebrada el 22 de enero de 2005, a penas que oscilan entre tres y cinco años de cárcel ha provocado, por el momento, la dimisión del delegado del gobierno en Madrid, Constantino Méndez, mientras que el Partido Popular, principal partido de la oposición, exige que también dimitan los superiores del dimitido, el entonces ministro del interior, José Antonio Alonso, hoy ministro de defensa, y el propio presidente Zapatero.
El Partido Popular, apoyado por los escasos medios de comunicación que se oponen al gobierno de Zapatero, no cesan de repetir hoy que esa sentencia, que condena prácticas policiales más propias de dictaduras fascistas y comunistas que de democracias, causaría en cualquier país democrático avanzado la dimisión de todos los responsables en cadena, desde el jefe de la policía al presidente del gobierno, incluyendo al ministro del interior.
Pero no fue esa la única sentencia contra el zapaterismo en un día que los socialistas españoles no olvidarán fácilmente. El Juzgado de primera instancia número 1 de Madrid condenó al secretario de organización del Partido Socialista de Cataluña (PSC), José Zaragoza Alonso, por intromisión en el derecho al honor del presidente de Endesa, Manuel Pizarro, de quien dijo que financiaba al Partido Popular y a la Fundación FAES sin acreditar "en absoluto" que fuera cierto.