El "caso Ripoll" (la detención policial, bajo sospecha de corrupción, del presidente del PP de Alicante, Joaquín Ripoll y de otros presuntos implicados), coloca al Ministerio del Interior, que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba, bajo sospecha de abuso de poder y de utilización arbitraria y partidista de la la fuerza policial, recordando tiempos sucios del pasado en los que ese ministerio estaba en manos de los también socialistas Barrionuevo, Corcuera y Vera.
En un duro comunicado remitido desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), el juez del caso Ripoll aclaró ayer que «no existe resolución judicial, ni de forma expresa ni aún tácita, por la que se haya ordenado la detención de persona alguna».
Sin embargo, los implicados, una vez recuperada la libertad, tienen muy claro que se les detuvo. Así lo indicó Ripoll durante su comparecencia de ayer, al confirmar que la Policía, tras registrar su domicilio durante tres horas y su despacho en la institución provincial, le comunicó su condición de detenido para trasladarlo a la Comisaría Provincial de Alicante, de donde salió en libertad a las 20.15, doce horas después de iniciarse la operación.
Medio país sospechaba desde hace años que la policía, bajo el mandato socialista, no actúa de manera imparcial y que detiene con dureza y de forma ostentosa a sospechosos de la oposición, con cámaras de televisión previamente convocadas, mientras que los políticos socialistas disfrutan de otro trato mucho más favorable y digno. El "caso Ripoll", en el que por vez primera un juez "avala" las sospechas sobre un antidemocrático y sucio comportamiento policial, disparará la desconfianza de los españoles en su policía y en la limpieza democrática del Ministerio del Interior español, bajo el gobierno de Zapatero, así como el temor a que España no sea ya un verdadero Estado de Derecho.
Está claro que la orden de detener al dirigente popular alicantino, a los tres ediles y a los siete empresarios no partió del juzgado. Sin embargo, la Policía Judicial está facultada para decidir una detención en el marco de una investigación judicial, aunque no exista una orden del juez, pero la Ley de Enjuiciamiento Criminal acota esa facultad a los casos de delitos flagrantes y es un procedimiento mal visto siempre por la Justicia y poco utilizado en democracia porque roza la inconstitucionalidad y puede violar fácilmente las garantías personales y los derechos humanos.
Los interrogantes sobre la polémica actuación de la Policía Nacional son demasiados. Son tantos los puntos oscuros que el magistrado del caso se plantó ayer y denunció en sendos comunicados la unilateralidad de las detenciones (hasta once) practicadas, dejando en evidencia al Ministerio del Interior y generando indignación en muchos españoles ante lo que, en caso de quedar demostrado, podría ser un despreciable e intolerable abuso totalitario.
Las tentaciones autoritarias de la izquierda española en el poder son muchas y no siempre han sido rechazadas. El GAL, vergonzoso episodio de terrorismo de Estado, se produjo en la etapa socialista de Felipe González, lo mismo que la famosa "Ley Corcuera", un notable ejemplo de intervencionismo policiaco nada democrático. La clave del problema es que la izquierda española, pragmática en exceso, como corresponde a sus raíces marxistas y leninistas, nunca abandonadas del todo, carece de una auténtica cultura democrática, sobre todo de los principios que establecen que el ciudadano es inocente hasta que no se demuestra su culpabilidad, que la ley es igual para todos y que el gobierno, los cargos públicos y la clase política en pleno están especialmente obligados a ser ejemplares e impecables en sus cumplimientos.
En un duro comunicado remitido desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), el juez del caso Ripoll aclaró ayer que «no existe resolución judicial, ni de forma expresa ni aún tácita, por la que se haya ordenado la detención de persona alguna».
Sin embargo, los implicados, una vez recuperada la libertad, tienen muy claro que se les detuvo. Así lo indicó Ripoll durante su comparecencia de ayer, al confirmar que la Policía, tras registrar su domicilio durante tres horas y su despacho en la institución provincial, le comunicó su condición de detenido para trasladarlo a la Comisaría Provincial de Alicante, de donde salió en libertad a las 20.15, doce horas después de iniciarse la operación.
Medio país sospechaba desde hace años que la policía, bajo el mandato socialista, no actúa de manera imparcial y que detiene con dureza y de forma ostentosa a sospechosos de la oposición, con cámaras de televisión previamente convocadas, mientras que los políticos socialistas disfrutan de otro trato mucho más favorable y digno. El "caso Ripoll", en el que por vez primera un juez "avala" las sospechas sobre un antidemocrático y sucio comportamiento policial, disparará la desconfianza de los españoles en su policía y en la limpieza democrática del Ministerio del Interior español, bajo el gobierno de Zapatero, así como el temor a que España no sea ya un verdadero Estado de Derecho.
Está claro que la orden de detener al dirigente popular alicantino, a los tres ediles y a los siete empresarios no partió del juzgado. Sin embargo, la Policía Judicial está facultada para decidir una detención en el marco de una investigación judicial, aunque no exista una orden del juez, pero la Ley de Enjuiciamiento Criminal acota esa facultad a los casos de delitos flagrantes y es un procedimiento mal visto siempre por la Justicia y poco utilizado en democracia porque roza la inconstitucionalidad y puede violar fácilmente las garantías personales y los derechos humanos.
Los interrogantes sobre la polémica actuación de la Policía Nacional son demasiados. Son tantos los puntos oscuros que el magistrado del caso se plantó ayer y denunció en sendos comunicados la unilateralidad de las detenciones (hasta once) practicadas, dejando en evidencia al Ministerio del Interior y generando indignación en muchos españoles ante lo que, en caso de quedar demostrado, podría ser un despreciable e intolerable abuso totalitario.
Las tentaciones autoritarias de la izquierda española en el poder son muchas y no siempre han sido rechazadas. El GAL, vergonzoso episodio de terrorismo de Estado, se produjo en la etapa socialista de Felipe González, lo mismo que la famosa "Ley Corcuera", un notable ejemplo de intervencionismo policiaco nada democrático. La clave del problema es que la izquierda española, pragmática en exceso, como corresponde a sus raíces marxistas y leninistas, nunca abandonadas del todo, carece de una auténtica cultura democrática, sobre todo de los principios que establecen que el ciudadano es inocente hasta que no se demuestra su culpabilidad, que la ley es igual para todos y que el gobierno, los cargos públicos y la clase política en pleno están especialmente obligados a ser ejemplares e impecables en sus cumplimientos.