Una de las múltiples viñetas anti-SGAE
En España existen muchas actitudes totalitarias que vulneran la democracia, entre las que sobresalen, por su importancia y proyección política, social y cultural, dos casi dictaduras: la primera es la de los partidos políticos, cuya principal consecuencia es el divorcio creciente entre los ciudadanos y la política; y la segunda es la de la Sociedad General de Autores de España (SGAE), cuyos abusos y desprestigio han hecho de la sociedad española la más adicta a la piratería en toda Europa.
Los abusos de estas dos dictaduras, en progresión, están alcanzado niveles intolerables, que afectan ya a la convivencia y al futuro de la sociedad.
Los partidos, insaciables de poder y sin control, han invadido los poderes básicos del Estado, controlándo el Ejecutivo, el Legislativo y la Justicia, y han tomado y ocupado la sociedad civil, ejerciendo un dominio, prohibido en democracia, sobre las universidades, sindicatos, patronal y la mayoría de los medios de comunicación, religiones, fundaciones, asociaciones y empresas.
Por su parte, la otra gran lacra, la de los autores, convertidos en un poderoso lobby que cuenta con la amistad de la izquierda en el poder, ha perdido el norte y exige imponer a la sociedad española una lógica perversa e inaceptable: que los ciudadanos paguen el canon a los autores no porque copien o pirateen, sino porque pueden llegar a copiar, y pretenden nada menos que cortar el acceso a Internet a todo el que se baje canciones o películas en la red.
Los sondeos de opinión señalan a la SGAE como una de las instituciones más rechazadas por los españoles y con peor imagen. Esa valoración negativa de la institución que debe defender los intereses de los autores explica en parte la abundancia de piratería existente en la sociedad espñola, donde comprar una película o un disco de música en el mercado negro es considerado por muchos, más que un delito un gesto de protesta ante los abusos de la SGAE.
Los ciudadanos esperamos que las arrogantes, impopulares y probablemente anticonstitucionales pretensiones de los rectores de la SGAE sean frenadas en la inminente votación del poder Legislativo por la lucidez política que quede viva en España, del mismo modo que esperamos que podamos frenar la perversa obsesión por el poder de los partidos polítiicos, convertidos ya hoy en el principal obstáculo para la regeneración de la democracia española.
Los abusos de estas dos dictaduras, en progresión, están alcanzado niveles intolerables, que afectan ya a la convivencia y al futuro de la sociedad.
Los partidos, insaciables de poder y sin control, han invadido los poderes básicos del Estado, controlándo el Ejecutivo, el Legislativo y la Justicia, y han tomado y ocupado la sociedad civil, ejerciendo un dominio, prohibido en democracia, sobre las universidades, sindicatos, patronal y la mayoría de los medios de comunicación, religiones, fundaciones, asociaciones y empresas.
Por su parte, la otra gran lacra, la de los autores, convertidos en un poderoso lobby que cuenta con la amistad de la izquierda en el poder, ha perdido el norte y exige imponer a la sociedad española una lógica perversa e inaceptable: que los ciudadanos paguen el canon a los autores no porque copien o pirateen, sino porque pueden llegar a copiar, y pretenden nada menos que cortar el acceso a Internet a todo el que se baje canciones o películas en la red.
Los sondeos de opinión señalan a la SGAE como una de las instituciones más rechazadas por los españoles y con peor imagen. Esa valoración negativa de la institución que debe defender los intereses de los autores explica en parte la abundancia de piratería existente en la sociedad espñola, donde comprar una película o un disco de música en el mercado negro es considerado por muchos, más que un delito un gesto de protesta ante los abusos de la SGAE.
Los ciudadanos esperamos que las arrogantes, impopulares y probablemente anticonstitucionales pretensiones de los rectores de la SGAE sean frenadas en la inminente votación del poder Legislativo por la lucidez política que quede viva en España, del mismo modo que esperamos que podamos frenar la perversa obsesión por el poder de los partidos polítiicos, convertidos ya hoy en el principal obstáculo para la regeneración de la democracia española.