¿Por qué los políticos en el poder se niegan a pedir el rescate de España, a pesar de que el país está en quiebra técnica? Porque temen que con el rescate llegue la intervención europea directa, que imponga la medida más urgente y necesaria para salvar a España, el adelgazamiento drástico del Estado, lo que traería consigo el declive del clientelismo, del amiguismo, del nepotismo, del abuso de poder y de cientos de miles de políticos agarrados a la teta del Estado como fieras, arruinando al país y parasitando a España.
A los ciudadanos, a la economía y al bien común conviene un rescate con intervención, pero a los políticos les restaría poder. Por eso se niegan a solicitarlo. El pueblo español ya no tendría nada que sufrir porque todos los sacrificios que exigiría la intervención ya están vigentes, voluntariamente implantados por el gobierno de Rajoy, precisamente para impedir que llegue a España la troika comunitaria y acabe con el paraíso injusto e indecente que los políticos españoles han construido para su uso y disfrute.
Es imposible subir mas los impuestos, y es muy difícil practicar nuevos recortes en lo que pueda afectar al pueblo. Sólo los territorios exclusivos de los políticos están sin tocar porque ellos, miserablemente, los han preservado intactos, prefiriendo hacer pagar al ciudadano todo el grueso de la factura de la crisis. No han cerrado ni una sola televisión pública, apenas han suprimido empresas públicas y puestos en los consejos de administración y las subvenciones a partidos políticos, fundaciones de partidos y sindicatos siguen casi intactas, mientras la sanidad, la educación y otros servicios de calado social que mitigaban el sufrimiento de los débiles han sido debilitados y privados de calidad.
En España sobran casi 350.000 políticos colocados en el Estado, una marea infecta e inútil que convierte al Estado español en uno de los mas injustos, caros e insostenibles del planeta. La intervención acabaría de un¡ plumazo con ese abuso y practicaría otros ajustes necesarios, que los políticos se niegan a realizar: supresión de empresas públicas, televisiones públicas, municipios de menos de 5.000 habitantes, diputaciones provinciales, mancomunidades, empresas e instituciones inútiles y los miles de puestos de lujo para políticos que arruinan las arcas públicas y no aportan nada a la nación.
La llegada de la intervención europea haría enrojecer de vergüenza a la clase política española porque sacaría a la luz y demostraría que los grandes ahorros y recortes son, precisamente, los que los partidos políticos se niegan a realizar. Quedaría claro que si se hubieran practicado esos recortes en el Estado, no habría sido necesario arruinar a las clases medias españolas con los impuestos más desproporcionados e injustos de toda Europa, ni habrían tenido que desmontarse parte de la sanidad pública y de la educación y de otros muchos servicios sociales y ayudas suprimidas por una clase política que es capaz de todo antes que renunciar a sus privilegios y montaje clientelar. Ni siquiera habrían tenido que cerrar cientos de miles de empresas, acosadas por el hundimiento del consumo ciudadano, por los impuestos y por las deudas de las administraciones públicas españolas, convertidas en las mas morosas e inmorales de Europa por sus incumplimientos y violaciones legales.
A los ciudadanos, a la economía y al bien común conviene un rescate con intervención, pero a los políticos les restaría poder. Por eso se niegan a solicitarlo. El pueblo español ya no tendría nada que sufrir porque todos los sacrificios que exigiría la intervención ya están vigentes, voluntariamente implantados por el gobierno de Rajoy, precisamente para impedir que llegue a España la troika comunitaria y acabe con el paraíso injusto e indecente que los políticos españoles han construido para su uso y disfrute.
Es imposible subir mas los impuestos, y es muy difícil practicar nuevos recortes en lo que pueda afectar al pueblo. Sólo los territorios exclusivos de los políticos están sin tocar porque ellos, miserablemente, los han preservado intactos, prefiriendo hacer pagar al ciudadano todo el grueso de la factura de la crisis. No han cerrado ni una sola televisión pública, apenas han suprimido empresas públicas y puestos en los consejos de administración y las subvenciones a partidos políticos, fundaciones de partidos y sindicatos siguen casi intactas, mientras la sanidad, la educación y otros servicios de calado social que mitigaban el sufrimiento de los débiles han sido debilitados y privados de calidad.
En España sobran casi 350.000 políticos colocados en el Estado, una marea infecta e inútil que convierte al Estado español en uno de los mas injustos, caros e insostenibles del planeta. La intervención acabaría de un¡ plumazo con ese abuso y practicaría otros ajustes necesarios, que los políticos se niegan a realizar: supresión de empresas públicas, televisiones públicas, municipios de menos de 5.000 habitantes, diputaciones provinciales, mancomunidades, empresas e instituciones inútiles y los miles de puestos de lujo para políticos que arruinan las arcas públicas y no aportan nada a la nación.
La llegada de la intervención europea haría enrojecer de vergüenza a la clase política española porque sacaría a la luz y demostraría que los grandes ahorros y recortes son, precisamente, los que los partidos políticos se niegan a realizar. Quedaría claro que si se hubieran practicado esos recortes en el Estado, no habría sido necesario arruinar a las clases medias españolas con los impuestos más desproporcionados e injustos de toda Europa, ni habrían tenido que desmontarse parte de la sanidad pública y de la educación y de otros muchos servicios sociales y ayudas suprimidas por una clase política que es capaz de todo antes que renunciar a sus privilegios y montaje clientelar. Ni siquiera habrían tenido que cerrar cientos de miles de empresas, acosadas por el hundimiento del consumo ciudadano, por los impuestos y por las deudas de las administraciones públicas españolas, convertidas en las mas morosas e inmorales de Europa por sus incumplimientos y violaciones legales.