Por mayoría, con 183 votos a favor (PSOE, ERC, IU-ICV, CC y CiU), 135 en contra y 11 abstenciones, el Congreso español aprobó el jueves el proyecto de ley de Defensa Nacional, que, según explicó el ministro de Defensa, José Bono, "tiene en cuenta" pero "no da cobertura, ni justifica" los errores cometidos en el pasado, en referencia a la participación española en la guerra de Irak.
La nueva ley representa un avance porque implica al Parlamento en las intervenciones militares del país, pero se trata de un avance más aparente que real, ya que los ciudadanos siguen fuera del proceso de decisiones y, en el sistema español, tanto las decisiones del gobierno como del parlamento las toma el mismo partido mayoritario que ganó las elecciones.
Otro juicio merecería la ley si en el sistema español los parlamentarios representaran realmente a los ciudadanos y dependieran de ellos, pero no es así. Los diputados españoles rinden su lealtad y obediencia a los partidos políticos que los colocan o los sacan de las listas electorales y dependen directamente de las élites de esos partidos, más que de los ciudadanos a los que representan, con los que, en la mayoría de los casos, ni siquiera tienen relación.
En el sistema español es poco relevante que las intervenciones militares las apruebe el Ejecutivo o el Legislativo, ya que ambos dependen del partido político mayoritario, que es quien realmente las aprueba. Este es un rasgo que, en nuestra opinión, desvirtua y degrada la democracia.
Fue sorprendente que el Partido Popular se opusiera a la nueva Ley, una actitud que refleja que no reconecen el error que cometieron al enviar tropas españolas a la Guerra de Iraq en contra de la opinión mayoritaria de los españoles.
El portavoz del PP, Fernando López Amor, acusó al Gobierno y a Bono de romper el consenso en materia de seguridad y defensa, vigente desde 1978, y reiteró que todas las misiones en el exterior, incluida la de Irak, fueron "legítimas y legales".
Aunque los políticos no quieran reconocerlo, tomar decisiones trascedentes desde el gobierno en contra de la opinión mayoritaria de los ciudadanos no es democrático y constituye una de las peores violaciones de la democracia auténtica, porque margina la voluntad popular y olvida que el ciudadano es el soberano del sistema, el que otorga o quita legitimidad.
La nueva ley representa un avance porque implica al Parlamento en las intervenciones militares del país, pero se trata de un avance más aparente que real, ya que los ciudadanos siguen fuera del proceso de decisiones y, en el sistema español, tanto las decisiones del gobierno como del parlamento las toma el mismo partido mayoritario que ganó las elecciones.
Otro juicio merecería la ley si en el sistema español los parlamentarios representaran realmente a los ciudadanos y dependieran de ellos, pero no es así. Los diputados españoles rinden su lealtad y obediencia a los partidos políticos que los colocan o los sacan de las listas electorales y dependen directamente de las élites de esos partidos, más que de los ciudadanos a los que representan, con los que, en la mayoría de los casos, ni siquiera tienen relación.
En el sistema español es poco relevante que las intervenciones militares las apruebe el Ejecutivo o el Legislativo, ya que ambos dependen del partido político mayoritario, que es quien realmente las aprueba. Este es un rasgo que, en nuestra opinión, desvirtua y degrada la democracia.
Fue sorprendente que el Partido Popular se opusiera a la nueva Ley, una actitud que refleja que no reconecen el error que cometieron al enviar tropas españolas a la Guerra de Iraq en contra de la opinión mayoritaria de los españoles.
El portavoz del PP, Fernando López Amor, acusó al Gobierno y a Bono de romper el consenso en materia de seguridad y defensa, vigente desde 1978, y reiteró que todas las misiones en el exterior, incluida la de Irak, fueron "legítimas y legales".
Aunque los políticos no quieran reconocerlo, tomar decisiones trascedentes desde el gobierno en contra de la opinión mayoritaria de los ciudadanos no es democrático y constituye una de las peores violaciones de la democracia auténtica, porque margina la voluntad popular y olvida que el ciudadano es el soberano del sistema, el que otorga o quita legitimidad.