Numerosos expertos, entre ellos altos militares españoles retirados, creen que con unas fuerzas armadas como las que ha domesticado el sanchismo, España difícilmente podría ganar una guerra.
El proceso de envilecimiento, la sumisión a los políticos y la pérdida de los grandes valores tradicionales de la milicia han hecho del Ejercito español una maquinaria débil, altamente preparada para perder contiendas.
Cuando el ascenso deja de basarse prioritariamente en el mérito, la capacidad y el servicio a España, y pasa a depender de la afinidad política o de la docilidad hacia el poder de turno, se produce un deterioro profundo y peligroso.
Lo más preocupante de la etapa actual no es solo la continuidad de esa tendencia de décadas, sino la aceleración de la sustitución de la meritocracia por la mediocridad servil.
Los nombramientos de la cúpula de la Guardia Civil durante el mandato de Fernando Grande-Marlaska y el Gobierno de Pedro Sánchez han generado un malestar interno documentado.
Fuentes del propio Instituto Armado han identificado hasta nueve generales con un marcado perfil de afinidad política hacia el Ejecutivo, situados en puestos clave mediante ascensos, prebendas y una “suave colonización” de la estructura de mando.
A la cabeza figura el teniente general Manuel Llamas, Director Adjunto Operativo, imputado junto a la directora general Mercedes González en el caso de las cloacas del PSOE. Otros mandos cercanos al ministro han sido señalados por su lealtad más al Gobierno que a la neutralidad institucional.
Este perfil de generales dóciles no es un accidente. Cuando los procesos de evaluación y promoción se perciben contaminados por criterios políticos, se desincentiva a los mejores y se premia a quienes priorizan la supervivencia personal y la complacencia con el poder.
La Guardia Civil, que siempre se había mantenido relativamente al margen de las disputas partidistas, aparece ahora como un espacio en el que el Gobierno coloca a personas de confianza para controlar información sensible y, según las denuncias internas, influir en investigaciones que afectan al propio Ejecutivo.
El resultado es una pérdida de prestigio, de cohesión y de la confianza de la tropa en sus mandos.
España necesita unas Fuerzas Armadas y una Guardia Civil fuertes, profesionales y leales a la Constitución y a la nación, no a un partido o a un presidente concreto.
España corre el riesgo de un enfrentamiento armado con Marruecos, un vecino hostil que parece dispuesto a recuperar, incluso por la fuerza, las ciudades de Ceuta y Melilla y que hasta sueña con conquistar Canarias y Andalucía.
Para hacer frente a esa amenaza, España no necesita a generales serviles y postrados ante una ideología, sino mandos cualificados, hombres de honor que amen a España y estén dispuestos a cumplir el juramento “hasta la última gota de su sangre”.
Recuperar el mérito como criterio central de los ascensos, blindar la neutralidad política de la cúpula y detener la colonización partidista de las instituciones de seguridad no es una reivindicación nostálgica: es una exigencia de Estado.
Mientras la mediocridad servil siga siendo recompensada y el honor se diluya, el daño institucional se irá haciendo irreversible. El precio lo pagará, a la larga, la seguridad y la cohesión de España.
Francisco Rubiales
El proceso de envilecimiento, la sumisión a los políticos y la pérdida de los grandes valores tradicionales de la milicia han hecho del Ejercito español una maquinaria débil, altamente preparada para perder contiendas.
Cuando el ascenso deja de basarse prioritariamente en el mérito, la capacidad y el servicio a España, y pasa a depender de la afinidad política o de la docilidad hacia el poder de turno, se produce un deterioro profundo y peligroso.
Lo más preocupante de la etapa actual no es solo la continuidad de esa tendencia de décadas, sino la aceleración de la sustitución de la meritocracia por la mediocridad servil.
Los nombramientos de la cúpula de la Guardia Civil durante el mandato de Fernando Grande-Marlaska y el Gobierno de Pedro Sánchez han generado un malestar interno documentado.
Fuentes del propio Instituto Armado han identificado hasta nueve generales con un marcado perfil de afinidad política hacia el Ejecutivo, situados en puestos clave mediante ascensos, prebendas y una “suave colonización” de la estructura de mando.
A la cabeza figura el teniente general Manuel Llamas, Director Adjunto Operativo, imputado junto a la directora general Mercedes González en el caso de las cloacas del PSOE. Otros mandos cercanos al ministro han sido señalados por su lealtad más al Gobierno que a la neutralidad institucional.
Este perfil de generales dóciles no es un accidente. Cuando los procesos de evaluación y promoción se perciben contaminados por criterios políticos, se desincentiva a los mejores y se premia a quienes priorizan la supervivencia personal y la complacencia con el poder.
La Guardia Civil, que siempre se había mantenido relativamente al margen de las disputas partidistas, aparece ahora como un espacio en el que el Gobierno coloca a personas de confianza para controlar información sensible y, según las denuncias internas, influir en investigaciones que afectan al propio Ejecutivo.
El resultado es una pérdida de prestigio, de cohesión y de la confianza de la tropa en sus mandos.
España necesita unas Fuerzas Armadas y una Guardia Civil fuertes, profesionales y leales a la Constitución y a la nación, no a un partido o a un presidente concreto.
España corre el riesgo de un enfrentamiento armado con Marruecos, un vecino hostil que parece dispuesto a recuperar, incluso por la fuerza, las ciudades de Ceuta y Melilla y que hasta sueña con conquistar Canarias y Andalucía.
Para hacer frente a esa amenaza, España no necesita a generales serviles y postrados ante una ideología, sino mandos cualificados, hombres de honor que amen a España y estén dispuestos a cumplir el juramento “hasta la última gota de su sangre”.
Recuperar el mérito como criterio central de los ascensos, blindar la neutralidad política de la cúpula y detener la colonización partidista de las instituciones de seguridad no es una reivindicación nostálgica: es una exigencia de Estado.
Mientras la mediocridad servil siga siendo recompensada y el honor se diluya, el daño institucional se irá haciendo irreversible. El precio lo pagará, a la larga, la seguridad y la cohesión de España.
Francisco Rubiales