El presidente de Valencia está debilitado y acosado por la corrupción y el fracaso
La dimisión de la Vicepresidenta del Consell de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, por su presunta responsabilidad por el caso de abuso sexual por parte de su exmarido Luis Eduardo Ramírez, y la investigación sobre las posibles subvenciones ilegales a favor de una productora del hermano del President de la Generalitat, Ximo Puig, agravadas por la contratación del hijo de éste por la susodicha empresa, pone al gobierno del tripartito en una situación límite, tanto que uno de los escenarios posibles, para antes de final de este año, serían unas elecciones anticipadas en la Comunidad Valenciana.
Una citación esperada y previsible. No existe un gobierno estable, los presupuestos para 2023 están en el aire y con grandes dificultades para mirar hacia delante. Todo lo contrario de lo afirmado recientemente por el president de la Generalitat, Ximo Puig. Una oportunidad para que se inicie, antes de tiempo, un cambio, reduciendo la presión fiscal con el Impuesto de Sucesiones que en nuestra autonomía puede llegar a ser del 81,6%.
Es obvio que a la mayoría de la población no le gusta pagar impuestos, pero hay que reconocer que son necesarios para mantener una sociedad prospera y equitativa.
Pero tras los años de nefasta gestión, despilfarro y corrupción, con los últimos gobiernos de la Generalitat, lo que nació en 1987 y 1988, con la regulación del Impuesto de Sucesiones y la adaptación del de Plusvalía, como una contribución fiscal para atender principios de equidad, redistribución, progresividad y bienestar social, se ha convertido en la aplicación de unos impuestos injustos, confiscatorios e incluso ilegales, haciendo de la Muerte un hecho gravoso a la hora de pagar impuestos.
Mientras que algunos, con ideales desfasados, los justifican como un reparto de la riqueza, otros muchos calificamos a los Impuestos a la Muerte como un robo.
Y no somos pocos los que pensamos así. En una reciente encuesta realizada por el propio Ministerio de Hacienda, revela que el 72,7% de los españoles están "muy" o "bastante de acuerdo" con la afirmación de que "el Impuesto de Sucesiones debería de desaparecer”. Desde nuestra Asociación, entendemos que en la Comunidad Valenciana, ya que ocupamos la segunda posición en el ranking de las autonomías donde más se paga por este impuesto, el porcentaje será más elevado.
No está en peligro la sanidad, la educación, las inversiones y el progreso. El Impuesto de Sucesiones no llegó a cubrir el 1,13 % de los gastos de la Generalitat para 2020. Para que se entienda mejor: ¿una familia con unos ingresos de unos 25.000 euros anuales, dependería su bienestar si dejara de percibir 282 €? Rotundamente NO.
Lo que está en peligro, son los asesores, los chiringuitos, las prebendas, las corruptelas, los privilegios y el enchufismo.
Si con las elecciones anticipadas se consigue un cambio político hacia ideas más liberales, dejando atrás la gestión intervencionista del gobierno del tripartito, lo más seguro es que en la Comunidad Valenciana, volvamos a recuperar las máximas bonificaciones en el Impuesto de Sucesiones que ya disfrutamos desde 2004 al 2013 y que ahora disfrutan los ciudadanos de otros territorios autonómicos.
Serán, una vez más, los alicantinos, castellonenses y valencianos, quienes tengan lo oportunidad, en unas elecciones anticipadas, con su voto, para dejar en la cuneta a los ladrones de herencias y, para nunca mejor dicho, cavar el agujero para enterrar los Impuestos a la Muerte. Unas elecciones anticipadas que pueden suponer un esperado y deseado cambio fiscal.
Antonio Garañena Cubes
Una citación esperada y previsible. No existe un gobierno estable, los presupuestos para 2023 están en el aire y con grandes dificultades para mirar hacia delante. Todo lo contrario de lo afirmado recientemente por el president de la Generalitat, Ximo Puig. Una oportunidad para que se inicie, antes de tiempo, un cambio, reduciendo la presión fiscal con el Impuesto de Sucesiones que en nuestra autonomía puede llegar a ser del 81,6%.
Es obvio que a la mayoría de la población no le gusta pagar impuestos, pero hay que reconocer que son necesarios para mantener una sociedad prospera y equitativa.
Pero tras los años de nefasta gestión, despilfarro y corrupción, con los últimos gobiernos de la Generalitat, lo que nació en 1987 y 1988, con la regulación del Impuesto de Sucesiones y la adaptación del de Plusvalía, como una contribución fiscal para atender principios de equidad, redistribución, progresividad y bienestar social, se ha convertido en la aplicación de unos impuestos injustos, confiscatorios e incluso ilegales, haciendo de la Muerte un hecho gravoso a la hora de pagar impuestos.
Mientras que algunos, con ideales desfasados, los justifican como un reparto de la riqueza, otros muchos calificamos a los Impuestos a la Muerte como un robo.
Y no somos pocos los que pensamos así. En una reciente encuesta realizada por el propio Ministerio de Hacienda, revela que el 72,7% de los españoles están "muy" o "bastante de acuerdo" con la afirmación de que "el Impuesto de Sucesiones debería de desaparecer”. Desde nuestra Asociación, entendemos que en la Comunidad Valenciana, ya que ocupamos la segunda posición en el ranking de las autonomías donde más se paga por este impuesto, el porcentaje será más elevado.
No está en peligro la sanidad, la educación, las inversiones y el progreso. El Impuesto de Sucesiones no llegó a cubrir el 1,13 % de los gastos de la Generalitat para 2020. Para que se entienda mejor: ¿una familia con unos ingresos de unos 25.000 euros anuales, dependería su bienestar si dejara de percibir 282 €? Rotundamente NO.
Lo que está en peligro, son los asesores, los chiringuitos, las prebendas, las corruptelas, los privilegios y el enchufismo.
Si con las elecciones anticipadas se consigue un cambio político hacia ideas más liberales, dejando atrás la gestión intervencionista del gobierno del tripartito, lo más seguro es que en la Comunidad Valenciana, volvamos a recuperar las máximas bonificaciones en el Impuesto de Sucesiones que ya disfrutamos desde 2004 al 2013 y que ahora disfrutan los ciudadanos de otros territorios autonómicos.
Serán, una vez más, los alicantinos, castellonenses y valencianos, quienes tengan lo oportunidad, en unas elecciones anticipadas, con su voto, para dejar en la cuneta a los ladrones de herencias y, para nunca mejor dicho, cavar el agujero para enterrar los Impuestos a la Muerte. Unas elecciones anticipadas que pueden suponer un esperado y deseado cambio fiscal.
Antonio Garañena Cubes