De todos los escándalos y vergüenzas protagonizados por la democracia española, ninguno está siendo tan degradante y corrosivo como el deterioro de la Justicia, cuyo prestigio e imagen han caido hasta niveles insoportables en un Estado de Derecho.
Los ciudadanos sospechan que el gobierno dirige el brazo de la ley y eso crea una gran inseguridad y desconfianza frente al Estado. Muchos españoles creen que el gobierno aplica la ley según su conveniencia, manejando los tiempos y el criterio judicial. El mismo ministro de Defensa ha tenido el descaro de afirmar en público que la ilegalización de los partidos políticos que apoyan el terrorismo se haría "cuando convenga a la jugada".
Varios medios de comunicación informan de manera convincente de que las mismas pruebas que hace años fueron desechadas como insuficientes para ilegalizar a los partidos proetarras sirven para ahora expulsarlos de las instituciones, seguramente porque en vísperas de las elecciones al ejecutivo le conviene mostrarse riguroso ante la ciudadanía.
Las prisas que del gobierno por conseguir la ilegalización de esos partidos contrastan con la lentitud del pasado y los miles de profesionales del derecho se sienten avergonzados ante el empeño de la Fiscalía de obtener la condena de esos partidos sin ni diquiera aplicar procedimientos tan básicos como interrogar al acusado, imprescindibles para garantizar los derechos procesales.
La misma ETA que hoy es perseguida y encarcelada era protegida y mantenida en libertad hace meses, cuando el gobierno negociaba la paz con sus dirigentes. Los terroristas hasta fueron avisados en una ocasión, mediante una llamada telefónica hecha desde dependencias de los servicios de seguridad, para evitar que la policía francesa los detuviera cuando se preparaba una redada. El hecho constatado de que los políticos proetarras que ahora son encarcelados hace meses fueran considerados "hombres de paz" por el gobierno constituye una auténtica perversión del las esencias y bases del Estado de Derecho.
No menos escandaloso es el hecho de que los dos principales partidos políticos del país, el PSOE, en el poder, y el PP, en la oposición, pugnen por controlar los grandes órganos del poder judicial, colocando en ellos jueces y magistrados amigos y leales, sin experimentar el más mínimo rubor ante semejante "fechoría" antidemocrática.
La sensación de los ciudadanos ante el bochornoso espectáculo de la degradación de la Justicia es deprimente para los demócratas, que no pueden sentir más que vergüenza ante la corrupción de la democracia española.
Los ciudadanos sospechan que el gobierno dirige el brazo de la ley y eso crea una gran inseguridad y desconfianza frente al Estado. Muchos españoles creen que el gobierno aplica la ley según su conveniencia, manejando los tiempos y el criterio judicial. El mismo ministro de Defensa ha tenido el descaro de afirmar en público que la ilegalización de los partidos políticos que apoyan el terrorismo se haría "cuando convenga a la jugada".
Varios medios de comunicación informan de manera convincente de que las mismas pruebas que hace años fueron desechadas como insuficientes para ilegalizar a los partidos proetarras sirven para ahora expulsarlos de las instituciones, seguramente porque en vísperas de las elecciones al ejecutivo le conviene mostrarse riguroso ante la ciudadanía.
Las prisas que del gobierno por conseguir la ilegalización de esos partidos contrastan con la lentitud del pasado y los miles de profesionales del derecho se sienten avergonzados ante el empeño de la Fiscalía de obtener la condena de esos partidos sin ni diquiera aplicar procedimientos tan básicos como interrogar al acusado, imprescindibles para garantizar los derechos procesales.
La misma ETA que hoy es perseguida y encarcelada era protegida y mantenida en libertad hace meses, cuando el gobierno negociaba la paz con sus dirigentes. Los terroristas hasta fueron avisados en una ocasión, mediante una llamada telefónica hecha desde dependencias de los servicios de seguridad, para evitar que la policía francesa los detuviera cuando se preparaba una redada. El hecho constatado de que los políticos proetarras que ahora son encarcelados hace meses fueran considerados "hombres de paz" por el gobierno constituye una auténtica perversión del las esencias y bases del Estado de Derecho.
No menos escandaloso es el hecho de que los dos principales partidos políticos del país, el PSOE, en el poder, y el PP, en la oposición, pugnen por controlar los grandes órganos del poder judicial, colocando en ellos jueces y magistrados amigos y leales, sin experimentar el más mínimo rubor ante semejante "fechoría" antidemocrática.
La sensación de los ciudadanos ante el bochornoso espectáculo de la degradación de la Justicia es deprimente para los demócratas, que no pueden sentir más que vergüenza ante la corrupción de la democracia española.