Miles de carteles y de imágenes críticas contra los "okupas" y el gobierno que los protege inundan España
En países como Alemania, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y otros pueblos civilizados y democráticos del mundo es imposible comprender el apoyo del gobierno español a los ladrones de viviendas.
La "okupación" impune de viviendas, protegida desde el gobierno, es ya en una plaga que provoca un clamor ciudadano que atraviesa España de parte a parte y que está provocando reacciones preocupantes: inversores inmobiliarios huyen de España, extranjeros que residen en España venden sus viviendas, los ciudadanos propietarios se desesperan ante la actitud protectora y cómplice de algunos partidos políticos, sobre todo de la izquierda, se crean patrullas ciudadanas de defensa y nacen empresas que garantizan la desocupación de las viviendas robadas, en algunos casos con matones y a mamporros.
Todo este caos absurdo, que en el fondo es una flagrante violación del derecho básico a la propiedad privada, recogido en todas las constituciones del mundo libre, es culpa del gobierno, que, pudiendo impedir esa piratería, la tolera y hasta la estimula, un comportamiento que cualquier Justicia realmente democrática y limpia castigaría como complicidad activa con la delincuencia.
Los expertos dicen que el PSOE y Podemos pagarán por ello en las urnas, si es que alguna vez las abren estos aprendices de tiranos.
Acabar con los okupas debe ser una prioridad para cualquier partido democrático y decente, obligado a respetar la Constitución, la propiedad privada y a combatir el delito. Los gobiernos que facilitan la ocupación de viviendas y el robo son cómplices de delincuentes y no tienen derecho a ser respetados. Incluso la inacción e indiferencia ante ese problema es presuntamente delictiva porque significa dejar de cumplir un deber básico de todo gobierno, que es la defensa del ciudadano, de la propiedad privada y el respeto a la Constitución y a los derechos humanos.
Los okupas, a los que la izquierda, de manera irresponsable y frívola, ha adornado con tintes románticos y de víctimas, son auténticos ladrones de que se aprovechan de que en España las leyes son confusas y defienden escasamente a las víctimas, que además de ser privadas de sus propiedades, las recuperan años después de ser ocupadas, casi siempre destrozadas.
Para colmo de males, los jueces, de manera incomprensible, obligan a las victimas, por ser los dueños de las propiedades robadas, a seguir pagando la luz, el agua y los servicios básicos a los ladrones, lo que constituye una barbaridad jurídica que nadie entiende en el mundo del derecho y la democracia.
Partidos como Unidas Podemos han convertido su política de apoyo a los okupas en una línea básica para captar votos, lo que hace más grave y alevoso su delito. El ayuntamiento de Sevilla, en manos de los socialistas, es otra entidad que escandaliza a la ciudadanía por su apoyo al robo de viviendas.
Hay un comportamiento mafioso del poder en torno a la okupación, lleno de clientelismo y arbitrariedad. Cuando es okupada la vivienda de un poderoso, la policía actúa sin misericordia y expulsa a los ladrones a patadas, como ha ocurrido en una casa okupada propiedad de una reportera de televisión, pero si la vivienda es de un banco, de una promotora o de un ciudadano común, la ley se demora y la vivienda puede tardar meses y años en ser desalojada.
El problema de los okupas en España es reflejo evidente de la situación política degradada: leyes vigentes inicuas e incomprensibles en democracia, arbitrariedad en su aplicación, daños personales y económicos de gran calado, desprotección de la ciudadanía, violación de los derechos humanos y de la Constitución, ineficacia e indiferencia del gobierno, complicidad de algunos partidos y mucha mafia y desvergüenza desplegadas en torno al asunto.
Partidos como VOX, que promete el desalojo inmediato de los okupas, ganan votos a chorros sólo con defender esa ley, ante la que los ciudadanos, cansados de soportar la miseria de sus políticos tradicionales instalados en el poder, están reaccionando de manera peligrosa, con violencia a veces y organizando patrullas ciudadanas que suplen la ausencia de policías que les defiendan.
La "okupación" en España es un crimen evidente y, ante la complicidad de algunos partidos, sobre todo del bloque de izquierdas (PSOE, Unidas Podemos, IU, BIldu y otros), se está deslizando hasta convertirse en un crimen de Estado y en un problema acuciante de orden nacional e internacional.
Un país que vive del turismo, de la construcción inmobiliaria y que tiene a cientos de miles de jubilados extranjeros viviendo en su territorio, aprovechando la bondad del clima, no puede ser tan estúpido y frívolo de defender a los ladrones de viviendas e, incluso, protegerlos ante la indignación de una ciudadanía a la que los políticos ni siquiera escuchan. Sólo un país de imbéciles y cobardes dirigido por delincuentes es capaz de soportar semejante estupidez y tamaña injusticia.
Francisco Rubiales
La "okupación" impune de viviendas, protegida desde el gobierno, es ya en una plaga que provoca un clamor ciudadano que atraviesa España de parte a parte y que está provocando reacciones preocupantes: inversores inmobiliarios huyen de España, extranjeros que residen en España venden sus viviendas, los ciudadanos propietarios se desesperan ante la actitud protectora y cómplice de algunos partidos políticos, sobre todo de la izquierda, se crean patrullas ciudadanas de defensa y nacen empresas que garantizan la desocupación de las viviendas robadas, en algunos casos con matones y a mamporros.
Todo este caos absurdo, que en el fondo es una flagrante violación del derecho básico a la propiedad privada, recogido en todas las constituciones del mundo libre, es culpa del gobierno, que, pudiendo impedir esa piratería, la tolera y hasta la estimula, un comportamiento que cualquier Justicia realmente democrática y limpia castigaría como complicidad activa con la delincuencia.
Los expertos dicen que el PSOE y Podemos pagarán por ello en las urnas, si es que alguna vez las abren estos aprendices de tiranos.
Acabar con los okupas debe ser una prioridad para cualquier partido democrático y decente, obligado a respetar la Constitución, la propiedad privada y a combatir el delito. Los gobiernos que facilitan la ocupación de viviendas y el robo son cómplices de delincuentes y no tienen derecho a ser respetados. Incluso la inacción e indiferencia ante ese problema es presuntamente delictiva porque significa dejar de cumplir un deber básico de todo gobierno, que es la defensa del ciudadano, de la propiedad privada y el respeto a la Constitución y a los derechos humanos.
Los okupas, a los que la izquierda, de manera irresponsable y frívola, ha adornado con tintes románticos y de víctimas, son auténticos ladrones de que se aprovechan de que en España las leyes son confusas y defienden escasamente a las víctimas, que además de ser privadas de sus propiedades, las recuperan años después de ser ocupadas, casi siempre destrozadas.
Para colmo de males, los jueces, de manera incomprensible, obligan a las victimas, por ser los dueños de las propiedades robadas, a seguir pagando la luz, el agua y los servicios básicos a los ladrones, lo que constituye una barbaridad jurídica que nadie entiende en el mundo del derecho y la democracia.
Partidos como Unidas Podemos han convertido su política de apoyo a los okupas en una línea básica para captar votos, lo que hace más grave y alevoso su delito. El ayuntamiento de Sevilla, en manos de los socialistas, es otra entidad que escandaliza a la ciudadanía por su apoyo al robo de viviendas.
Hay un comportamiento mafioso del poder en torno a la okupación, lleno de clientelismo y arbitrariedad. Cuando es okupada la vivienda de un poderoso, la policía actúa sin misericordia y expulsa a los ladrones a patadas, como ha ocurrido en una casa okupada propiedad de una reportera de televisión, pero si la vivienda es de un banco, de una promotora o de un ciudadano común, la ley se demora y la vivienda puede tardar meses y años en ser desalojada.
El problema de los okupas en España es reflejo evidente de la situación política degradada: leyes vigentes inicuas e incomprensibles en democracia, arbitrariedad en su aplicación, daños personales y económicos de gran calado, desprotección de la ciudadanía, violación de los derechos humanos y de la Constitución, ineficacia e indiferencia del gobierno, complicidad de algunos partidos y mucha mafia y desvergüenza desplegadas en torno al asunto.
Partidos como VOX, que promete el desalojo inmediato de los okupas, ganan votos a chorros sólo con defender esa ley, ante la que los ciudadanos, cansados de soportar la miseria de sus políticos tradicionales instalados en el poder, están reaccionando de manera peligrosa, con violencia a veces y organizando patrullas ciudadanas que suplen la ausencia de policías que les defiendan.
La "okupación" en España es un crimen evidente y, ante la complicidad de algunos partidos, sobre todo del bloque de izquierdas (PSOE, Unidas Podemos, IU, BIldu y otros), se está deslizando hasta convertirse en un crimen de Estado y en un problema acuciante de orden nacional e internacional.
Un país que vive del turismo, de la construcción inmobiliaria y que tiene a cientos de miles de jubilados extranjeros viviendo en su territorio, aprovechando la bondad del clima, no puede ser tan estúpido y frívolo de defender a los ladrones de viviendas e, incluso, protegerlos ante la indignación de una ciudadanía a la que los políticos ni siquiera escuchan. Sólo un país de imbéciles y cobardes dirigido por delincuentes es capaz de soportar semejante estupidez y tamaña injusticia.
Francisco Rubiales