En lugar de cerrar chiringuitos y reducir gastos, ella apuesta por el expolio fiscal al ciudadano, una política que el pueblo ya no soporta
FENCIS, la Federación que une a las plataformas que luchan contra el Impuesto de Sucesiones en Andalucía, Aragón y Asturias, acaba de emitir un comunicado de gran dureza, en el que se califica de "Depredadora" a la ministra María Jesús Montero, por su empeño en impedir el alivio fiscal y la rebaja del odiado, anticonstitucional e injusto "Impuesto a los muertos", causante de miles de renuncias a herencias, embargos de propiedades y muchas injusticias, dolor y ruina en la ciudadanía.
Reproduzco algunos párrafos de ese comunicado, titulado "La ministra depredadora quiere imponer el Impuesto de Sucesiones por la fuerza":
La ministra de Hacienda de Pedro Sánchez, María Jesús Montero, quiere blindar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones para evitar que los partidos que van a gobernar Andalucía en lugar del PSOE puedan bonificarlo al máximo, como han prometido.
Esa actitud de la Montero, provocada por la soberbia y por la rabia que le produce que su partido haya sido expulsado del poder en Andalucía, donde ella esperaba regresar como sucesora de Susana Díaz, es de una bajeza inmensa y refleja toda la podredumbre del socialismo andaluz.
El Impuesto de Sucesiones, ocurra lo que ocurra, ya ha ganado su batalla contra los políticos que quieren imponerlo porque se ha convertido en el tributo más odiado por la ciudadanía, que lo considera injusto, cruel y anticonstitucional. La propia presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, reconoció que ese impuesto había quedado "deslegitimado" por la protesta popular y aceptó reducirlo declarando el primer millón de euros heredado exento de pago, una decisión que sólo tenía vigencia para el año 2018.
Pero la hoy ministra Montero, que en sus tiempos de consejera de Hacienda de Andalucía fue la principal defensora de ese impuesto, ha demostrado ser una depredadora sin piedad a la que los demócratas y los que aman a España deberían erradicar como si fuera la peste porque es insensible al sufrimiento y tiene el corazón de piedra.
Su intención de imponer ese impuesto por la fuerza es contraproducente y es poco probable que su gobierno se lo permita, dado el enorme coste político que esa decisión tendría y la previsible reacción en contra de una ciudadanía que está cansada de los abusos de poder, injusticias y arbitrariedades de los políticos.
Lo que están haciendo los políticos con los desgraciados ciudadanos españoles es más que un atraco. Los están desplumando.
En lugar de reducir el déficit ahorrando y renunciando a despilfarros y gastos superfluos, el gobierno de Sánchez apuesta por exprimir todavía más a los españoles. La subida del diésel, el aumento de las cotizaciones, la eliminación de deducciones fiscales y la pretendido elevación del Impuesto de Sucesiones afectará de lleno a las clases medias y reducirá notablemente el ritmo del crecimiento, incluso con riesgo de precipitar el país en la recesión.
Desde que Sanchez gobierna, el río de empresas que cierran no para de crecer. el gobierno dice que es un fenómeno provocado por la crisis del comercio mundial, pero muchos expertos y analistas atribuyen los cierres y pérdidas de empleo a la subida generalizada de impuestos que impone el gobierno y a la descomunal burocracia de las administraciones españolas.
El intento de convertir a España en un infierno fiscal atenta contra la misma democracia porque tuerce y violenta la voluntad popular y no responde a la defensa del bien común sino a la codicia de los políticos. Sanchez y su ministra Montero ignoran que los infiernos fiscales conducen a los países hacia la ruina porque el dinero huye del infierno y se refugia en los paraísos.
Los políticos, ajenos a todo el dolor que provocan y a la pobreza que estimulan, siguen impasibles metiendo la mano en el bolsillo del ciudadano, al que expolian con crueldad e injusticia, sin ni siquiera tener un sólo gesto de solidaridad, sin bajarse sus sueldos, sin adelgazar el Estado grueso y seboso que nos han construido, sin cerrar ninguno de los miles de chiringuitos del poder inútiles, sin expulsar de la teta del Estado a más de la mitad sobrante de esos casi 450.000 políticos a sueldo que constituyen el ejercito político más surrealista, opresivo, inútil, antidemocrático, deleznable y parasitario de todo el Occidente desarrollado.
El saqueo fiscal fue la causa principal de los levantamientos de la América hispana contra la metrópoli española y su posterior independencia. Las llamadas Intendencias inventadas con la llegada de los Borbones no tenian otra función que desplumar a todo aquel que generara riqueza para poder mantener el enorme y costoso número de burócratas que ocuparon el aparato estatal. Desde entonces llevan saqueando a la sociedad sin el menor pudor. El problema de España no es la evasión fiscal sino el saqueo fiscal.
Los impuestos abusivos fueron también la espoleta que hizo estallar la guerra de independencia de los Estados Unidos. Los colonos se rebelaron contra La Corona británica y estalló la guerra.
El saqueo fiscal ha sido también la principal causa del actual hundimiento del poder socialista andaluz, generador de pobreza y atraso.
El pueblo está cansado de expoliadores y se resiste a ser saqueado por políticos sin austeridad, ética y decencia.
Francisco Rubiales
Reproduzco algunos párrafos de ese comunicado, titulado "La ministra depredadora quiere imponer el Impuesto de Sucesiones por la fuerza":
La ministra de Hacienda de Pedro Sánchez, María Jesús Montero, quiere blindar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones para evitar que los partidos que van a gobernar Andalucía en lugar del PSOE puedan bonificarlo al máximo, como han prometido.
Esa actitud de la Montero, provocada por la soberbia y por la rabia que le produce que su partido haya sido expulsado del poder en Andalucía, donde ella esperaba regresar como sucesora de Susana Díaz, es de una bajeza inmensa y refleja toda la podredumbre del socialismo andaluz.
El Impuesto de Sucesiones, ocurra lo que ocurra, ya ha ganado su batalla contra los políticos que quieren imponerlo porque se ha convertido en el tributo más odiado por la ciudadanía, que lo considera injusto, cruel y anticonstitucional. La propia presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, reconoció que ese impuesto había quedado "deslegitimado" por la protesta popular y aceptó reducirlo declarando el primer millón de euros heredado exento de pago, una decisión que sólo tenía vigencia para el año 2018.
Pero la hoy ministra Montero, que en sus tiempos de consejera de Hacienda de Andalucía fue la principal defensora de ese impuesto, ha demostrado ser una depredadora sin piedad a la que los demócratas y los que aman a España deberían erradicar como si fuera la peste porque es insensible al sufrimiento y tiene el corazón de piedra.
Su intención de imponer ese impuesto por la fuerza es contraproducente y es poco probable que su gobierno se lo permita, dado el enorme coste político que esa decisión tendría y la previsible reacción en contra de una ciudadanía que está cansada de los abusos de poder, injusticias y arbitrariedades de los políticos.
Lo que están haciendo los políticos con los desgraciados ciudadanos españoles es más que un atraco. Los están desplumando.
En lugar de reducir el déficit ahorrando y renunciando a despilfarros y gastos superfluos, el gobierno de Sánchez apuesta por exprimir todavía más a los españoles. La subida del diésel, el aumento de las cotizaciones, la eliminación de deducciones fiscales y la pretendido elevación del Impuesto de Sucesiones afectará de lleno a las clases medias y reducirá notablemente el ritmo del crecimiento, incluso con riesgo de precipitar el país en la recesión.
Desde que Sanchez gobierna, el río de empresas que cierran no para de crecer. el gobierno dice que es un fenómeno provocado por la crisis del comercio mundial, pero muchos expertos y analistas atribuyen los cierres y pérdidas de empleo a la subida generalizada de impuestos que impone el gobierno y a la descomunal burocracia de las administraciones españolas.
El intento de convertir a España en un infierno fiscal atenta contra la misma democracia porque tuerce y violenta la voluntad popular y no responde a la defensa del bien común sino a la codicia de los políticos. Sanchez y su ministra Montero ignoran que los infiernos fiscales conducen a los países hacia la ruina porque el dinero huye del infierno y se refugia en los paraísos.
Los políticos, ajenos a todo el dolor que provocan y a la pobreza que estimulan, siguen impasibles metiendo la mano en el bolsillo del ciudadano, al que expolian con crueldad e injusticia, sin ni siquiera tener un sólo gesto de solidaridad, sin bajarse sus sueldos, sin adelgazar el Estado grueso y seboso que nos han construido, sin cerrar ninguno de los miles de chiringuitos del poder inútiles, sin expulsar de la teta del Estado a más de la mitad sobrante de esos casi 450.000 políticos a sueldo que constituyen el ejercito político más surrealista, opresivo, inútil, antidemocrático, deleznable y parasitario de todo el Occidente desarrollado.
El saqueo fiscal fue la causa principal de los levantamientos de la América hispana contra la metrópoli española y su posterior independencia. Las llamadas Intendencias inventadas con la llegada de los Borbones no tenian otra función que desplumar a todo aquel que generara riqueza para poder mantener el enorme y costoso número de burócratas que ocuparon el aparato estatal. Desde entonces llevan saqueando a la sociedad sin el menor pudor. El problema de España no es la evasión fiscal sino el saqueo fiscal.
Los impuestos abusivos fueron también la espoleta que hizo estallar la guerra de independencia de los Estados Unidos. Los colonos se rebelaron contra La Corona británica y estalló la guerra.
El saqueo fiscal ha sido también la principal causa del actual hundimiento del poder socialista andaluz, generador de pobreza y atraso.
El pueblo está cansado de expoliadores y se resiste a ser saqueado por políticos sin austeridad, ética y decencia.
Francisco Rubiales