Uno de las miles de llamadas al boicot
Cuando un Gobierno es incapaz de responder con la firmeza que una nación espera ante una crisis que afecta a su integridad territorial, la sociedad española reacciona por sus propios medios.
Eso es lo que empieza a ocurrir en España tras la gravísima crisis de Ceuta. Las visitas turísticas de españoles a Marruecos se desploman y los productos marroquíes son rechazados en tiendas y supermercados.
La entrada masiva registrada a finales de julio ha abierto una investigación judicial sobre una posible actuación organizada de Marruecos y sobre sus eventuales responsabilidades.
Ante semejante escenario, muchos españoles pueden preguntarse qué margen les queda para expresar su rechazo si consideran insuficiente la respuesta de sus gobernantes. Y uno de los instrumentos más poderosos de cualquier ciudadano es su decisión de comprar —o no comprar— y viajar —o no viajar—.
De ahí que cobre sentido el boicot ciudadano a Marruecos: no viajar al país, cancelar unas vacaciones si las circunstancias personales lo permiten, escoger otros destinos y evitar voluntariamente productos marroquíes.
No se trata de hostilidad contra los marroquíes ni contra quienes viven y trabajan legalmente en España. Se trata de una protesta económica y pacífica contra determinadas políticas y comportamientos del Estado marroquí.
El ciudadano sabe que su dinero tiene poder y lo está empleando como castigo al invasor.
El Ministerio de Exteriores, de hecho, mantiene actualmente una recomendación de viajar con precaución a Marruecos.
La cuestión de fondo es mucho más profunda. España mantiene con Marruecos una relación económica extraordinariamente intensa: comercio, inversiones, agricultura, automoción, turismo, seguridad y migración forman una red de intereses difícil de romper.
Cuando una parte considerable de la ciudadanía percibe que las instituciones han reaccionado tarde o débilmente, puede utilizar su capacidad económica para reclamar una política más firme en defensa de Ceuta, Melilla y la soberanía española.
El mensaje sería sencillo: Ceuta no está sola y España tampoco debería estarlo. La defensa de una nación no corresponde únicamente al Gobierno, al Parlamento, a la Justicia, a las Fuerzas Armadas o a las Fuerzas de Seguridad; también corresponde a una ciudadanía consciente de que sus decisiones tienen consecuencias.
Si el Ejecutivo de Pedro Sánchez no convence a una parte importante de los españoles con su respuesta a la crisis de Ceuta —el 72% de los encuestados en un sondeo reciente considera insuficiente o responsabiliza al Gobierno en alguna medida—, la sociedad puede hacer oír su voz mediante procedimientos democráticos, legales y pacíficos.
El boicot comercial y turístico es una forma de decir algo que ningún Gobierno debería ignorar: la defensa de España también depende de sus ciudadanos.
Francisco Rubiales
Eso es lo que empieza a ocurrir en España tras la gravísima crisis de Ceuta. Las visitas turísticas de españoles a Marruecos se desploman y los productos marroquíes son rechazados en tiendas y supermercados.
La entrada masiva registrada a finales de julio ha abierto una investigación judicial sobre una posible actuación organizada de Marruecos y sobre sus eventuales responsabilidades.
Ante semejante escenario, muchos españoles pueden preguntarse qué margen les queda para expresar su rechazo si consideran insuficiente la respuesta de sus gobernantes. Y uno de los instrumentos más poderosos de cualquier ciudadano es su decisión de comprar —o no comprar— y viajar —o no viajar—.
De ahí que cobre sentido el boicot ciudadano a Marruecos: no viajar al país, cancelar unas vacaciones si las circunstancias personales lo permiten, escoger otros destinos y evitar voluntariamente productos marroquíes.
No se trata de hostilidad contra los marroquíes ni contra quienes viven y trabajan legalmente en España. Se trata de una protesta económica y pacífica contra determinadas políticas y comportamientos del Estado marroquí.
El ciudadano sabe que su dinero tiene poder y lo está empleando como castigo al invasor.
El Ministerio de Exteriores, de hecho, mantiene actualmente una recomendación de viajar con precaución a Marruecos.
La cuestión de fondo es mucho más profunda. España mantiene con Marruecos una relación económica extraordinariamente intensa: comercio, inversiones, agricultura, automoción, turismo, seguridad y migración forman una red de intereses difícil de romper.
Cuando una parte considerable de la ciudadanía percibe que las instituciones han reaccionado tarde o débilmente, puede utilizar su capacidad económica para reclamar una política más firme en defensa de Ceuta, Melilla y la soberanía española.
El mensaje sería sencillo: Ceuta no está sola y España tampoco debería estarlo. La defensa de una nación no corresponde únicamente al Gobierno, al Parlamento, a la Justicia, a las Fuerzas Armadas o a las Fuerzas de Seguridad; también corresponde a una ciudadanía consciente de que sus decisiones tienen consecuencias.
Si el Ejecutivo de Pedro Sánchez no convence a una parte importante de los españoles con su respuesta a la crisis de Ceuta —el 72% de los encuestados en un sondeo reciente considera insuficiente o responsabiliza al Gobierno en alguna medida—, la sociedad puede hacer oír su voz mediante procedimientos democráticos, legales y pacíficos.
El boicot comercial y turístico es una forma de decir algo que ningún Gobierno debería ignorar: la defensa de España también depende de sus ciudadanos.
Francisco Rubiales