A la Administración no le gustan las consultoras de comunicación. Mientras que cada vez son más las empresas que contratan servicios externos de comunicación, conscientes de las ventajas de trabajar con profesionales expertos independientes, en el ámbito de los poderes públicos, la tendencia es justamente la inversa, y la realidad nos muestra que cada día hay más periodistas en nómina en los ministerios, las consejerías, las diputaciones y los ayuntamientos.
Esa tendencia resulta tanto más sangrante y llamativa cuanto que las administraciones públicas vienen gastando millones y millones de euros en la contratación de agencias de publicidad para el diseño y ejecución de campañas cuya rentabilidad ni se mide ni se cuestiona, a pesar de que son pagadas por el siempre voluntarioso contribuyente. Por la misma lógica por la que los poderes públicos prescinden del asesoramiento externo en comunicación, deberían hacer lo propio en materia de publicidad, y de hecho no existe razón alguna, de tipo técnico, para que las consejerías puedan contratar periodistas y no puedan poner en nómina a creativos o planificadores de medios que les diseñen las campañas.
Lo cierto es que detrás del recelo de las administraciones públicas hacia las consultoras de comunicación no existen argumentos de carácter profesional, sino de enjundia política, y bien analizados estos motivos, no resulta nada extraño que consejerías, ayuntamientos y demás organismos públicos prefieran, en muchos casos, prescindir de la comunicación a contratarla a través de un servicio externo.
Apagada por la publicidad la llama del periodismo libre que hace unos años mantenían viva los medios de comunicación convencionales, desde el punto de vista de la opinión pública el poder sólo se enfrenta ahora al riesgo de la información que procede de las consultoras de comunicación, las cuales representan posiblemente el nuevo periodismo libre del siglo XXI. Me refiero por supuesto a las consultoras que merecen el nombre de tales. No a esos negocios montados en los aledaños del poder que malviven durante unos pocos años de las migajas de los concursos públicos convocados a su medida.
Basta repasar la cartera de clientes de cualquier consultora de prestigio para sustanciar esta hipótesis. En esa cartera conviven pequeñas empresas, fundaciones privadas, escuelas de negocios, asociaciones empresariales, corporaciones profesionales, universidades, centros de investigación, grandes industrias... prácticamente los únicos reductos de pensamiento libre e independiente que hoy quedan en el marco de una sociedad civil cada vez más domeñada y sometida al poder político.
Cómo va a querer trabajar la administración con profesionales libres que no entienden de otra lealtad que la de servir con eficacia a sus clientes. Cómo va a fiarse de unos periodistas que son los que, en el estricto servicio a sus clientes, vienen desafiando al poder y dando alcance, notoriedad y prestigio a planteamientos e intereses que en no pocas ocasiones entran en colisión con los argumentos públicos.
(sigue)
Esa tendencia resulta tanto más sangrante y llamativa cuanto que las administraciones públicas vienen gastando millones y millones de euros en la contratación de agencias de publicidad para el diseño y ejecución de campañas cuya rentabilidad ni se mide ni se cuestiona, a pesar de que son pagadas por el siempre voluntarioso contribuyente. Por la misma lógica por la que los poderes públicos prescinden del asesoramiento externo en comunicación, deberían hacer lo propio en materia de publicidad, y de hecho no existe razón alguna, de tipo técnico, para que las consejerías puedan contratar periodistas y no puedan poner en nómina a creativos o planificadores de medios que les diseñen las campañas.
Lo cierto es que detrás del recelo de las administraciones públicas hacia las consultoras de comunicación no existen argumentos de carácter profesional, sino de enjundia política, y bien analizados estos motivos, no resulta nada extraño que consejerías, ayuntamientos y demás organismos públicos prefieran, en muchos casos, prescindir de la comunicación a contratarla a través de un servicio externo.
Apagada por la publicidad la llama del periodismo libre que hace unos años mantenían viva los medios de comunicación convencionales, desde el punto de vista de la opinión pública el poder sólo se enfrenta ahora al riesgo de la información que procede de las consultoras de comunicación, las cuales representan posiblemente el nuevo periodismo libre del siglo XXI. Me refiero por supuesto a las consultoras que merecen el nombre de tales. No a esos negocios montados en los aledaños del poder que malviven durante unos pocos años de las migajas de los concursos públicos convocados a su medida.
Basta repasar la cartera de clientes de cualquier consultora de prestigio para sustanciar esta hipótesis. En esa cartera conviven pequeñas empresas, fundaciones privadas, escuelas de negocios, asociaciones empresariales, corporaciones profesionales, universidades, centros de investigación, grandes industrias... prácticamente los únicos reductos de pensamiento libre e independiente que hoy quedan en el marco de una sociedad civil cada vez más domeñada y sometida al poder político.
Cómo va a querer trabajar la administración con profesionales libres que no entienden de otra lealtad que la de servir con eficacia a sus clientes. Cómo va a fiarse de unos periodistas que son los que, en el estricto servicio a sus clientes, vienen desafiando al poder y dando alcance, notoriedad y prestigio a planteamientos e intereses que en no pocas ocasiones entran en colisión con los argumentos públicos.
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