El Consejo de Ministros, con una lentitud desesperante, sigue adelante con sus reformas y recortes y decidió ayer suprimir 24 de sus 228 empresas públicas, algunas de las cuales, según la vicepresidenta Soraya, tenían más consejeros que empleados y otras estaban sin actividad, pero con gente cobrando, desde hacía más de veinte años. La reducción afectaría solo al 10 % y no al 17, como dijo el Gobierno. Contando entidades de autonomías y entidades locales hay 2.372 empresas públicas, 626 fundaciones y 1.055 consorcios, de los que más de la mitad son prescindibles, según diversos informes de expertos.
La medida es insuficiente, pero digna de elogio y demuestra también, hasta más allá de toda duda, que los gobernantes españoles han cometido abusos intolerables en su delictiva orgía de despilfarro, creando miles de instituciones y empresas públicas innecesarias a lo largo y ancho del país, una actuación contraria al bien común que debería tipificarse como delito y castigarse como estafa y fraude a unos ciudadanos que, para costear esos despilfarros, se encuentran postrados y esquilmados por los impuestos.
Las fechorías de los gobernantes son tantas y tan profundas e indecentes que dan asco y demuestran, una y otra vez, con certeza milimétrica, que el mayor problema de España, el origen y el causante de casi todos los demás, desde el desempleo masivo a la pobreza y la quiebra económica, son sus políticos, arrogantes, aislados del pueblo, ajenos a la democracia y muchos de ellos corruptos y delincuentes.
Uno de los ejemplos más gráficos y didácticos del abuso, la indecencia y la iniquidad política se está produciendo en Cataluña, donde la Generalitat ha aprobado el injusto "copago" en Sanidad, lo que significa expoliar todavía más al ciudadano, obligándole a pagar dos veces por el mismo servicio básico, sin otro fin que mantener las pensiones de lujo que cobran los expresidentes Pujol, Montilla y Maragall, sin haber realizado muchos recortes en sus propios lujos y privilegios, sin haber cerrado la costosa televisión autonómica, ni las subvenciones a la lengua catalana, ni las embajadas ridículas en el exterior, ni los muchos despilfarros vigentes.
El Ministro Montoro dice que con sólo pagar las deudas de las administraciones públicas a los proveedores, se recuperarán 100.000 puestos de trabajo, lo que significa reconocer que los impagos del Estado, impunes y contrarios a la ley vigente, aunque ese delito, como otros muchos cometidos por los políticos, nunca haya sido perseguido, han destruido miles de empresas y debilitado mucho el tejido productivo español.
Si a esas actuaciones de impagar las deudas, crear empresas e instituciones innecesarias se agregan otras cometidas también por los políticos con poder, tendríamos argumentos más que suficientes para que una justicia independiente y justa procesase a los actuales grandes partidos gobernantes, incluyendo a algunos nacionalistas, como asociaciones de malhechores.
Los partidos, desde el poder, han cometido una lista de abusos, corrupciones y hasta delitos inmensa, entre los que destacan los siguientes: despilfarro, endeudamiento enloquecido, enriquecimiento ilícito, manipulación de concursos públicos, manipulación de subvenciones, robo del dinero público, manipulación de oposiciones, otorgamiento de contratos y de puestos de trabajo a dedo, sin respeto a las normas legales, persecución, marginación y acoso de los críticos y de los que piensan distinto que el poder, utilización del dinero público y de los recursos públicos en beneficio propio, creación de instituciones, empresas y puestos de trabajo innecesarios, sin otro fin que colocar a amigos del poder o burlar las leyes y normas que limitan el endeudamiento público, cobro de comisiones ilegales, algunas en nombre "del partido", y un largo etcétera que convierte a la clase política española en una de las más corruptas y repugnantes de Occidente.
Los ciudadanos, ante esos abusos, algunos tan trascendentes y dañinos como los que ha cometido el gobierno de Zapatero, que han dejado a España al borde de la quiebra y han arrebatado al país la credibilidad y el prestigio internacional, no pueden hacer prácticamente nada, salvo arriesgar su seguridad y hasta sus vidas con revueltas callejeras más o menos violentas y desesperadas, porque los políticos, previamente, han cometido otro delito que, aunque, como otros muchos, no esté tipificado, constituye el peor atentado contra la decencia y la dignidad de una nación y de sus habitantes: haber alterado las leyes democráticas para poder actuar, desde el gobierno, con una despreciable impunidad práctica.
La medida es insuficiente, pero digna de elogio y demuestra también, hasta más allá de toda duda, que los gobernantes españoles han cometido abusos intolerables en su delictiva orgía de despilfarro, creando miles de instituciones y empresas públicas innecesarias a lo largo y ancho del país, una actuación contraria al bien común que debería tipificarse como delito y castigarse como estafa y fraude a unos ciudadanos que, para costear esos despilfarros, se encuentran postrados y esquilmados por los impuestos.
Las fechorías de los gobernantes son tantas y tan profundas e indecentes que dan asco y demuestran, una y otra vez, con certeza milimétrica, que el mayor problema de España, el origen y el causante de casi todos los demás, desde el desempleo masivo a la pobreza y la quiebra económica, son sus políticos, arrogantes, aislados del pueblo, ajenos a la democracia y muchos de ellos corruptos y delincuentes.
Uno de los ejemplos más gráficos y didácticos del abuso, la indecencia y la iniquidad política se está produciendo en Cataluña, donde la Generalitat ha aprobado el injusto "copago" en Sanidad, lo que significa expoliar todavía más al ciudadano, obligándole a pagar dos veces por el mismo servicio básico, sin otro fin que mantener las pensiones de lujo que cobran los expresidentes Pujol, Montilla y Maragall, sin haber realizado muchos recortes en sus propios lujos y privilegios, sin haber cerrado la costosa televisión autonómica, ni las subvenciones a la lengua catalana, ni las embajadas ridículas en el exterior, ni los muchos despilfarros vigentes.
El Ministro Montoro dice que con sólo pagar las deudas de las administraciones públicas a los proveedores, se recuperarán 100.000 puestos de trabajo, lo que significa reconocer que los impagos del Estado, impunes y contrarios a la ley vigente, aunque ese delito, como otros muchos cometidos por los políticos, nunca haya sido perseguido, han destruido miles de empresas y debilitado mucho el tejido productivo español.
Si a esas actuaciones de impagar las deudas, crear empresas e instituciones innecesarias se agregan otras cometidas también por los políticos con poder, tendríamos argumentos más que suficientes para que una justicia independiente y justa procesase a los actuales grandes partidos gobernantes, incluyendo a algunos nacionalistas, como asociaciones de malhechores.
Los partidos, desde el poder, han cometido una lista de abusos, corrupciones y hasta delitos inmensa, entre los que destacan los siguientes: despilfarro, endeudamiento enloquecido, enriquecimiento ilícito, manipulación de concursos públicos, manipulación de subvenciones, robo del dinero público, manipulación de oposiciones, otorgamiento de contratos y de puestos de trabajo a dedo, sin respeto a las normas legales, persecución, marginación y acoso de los críticos y de los que piensan distinto que el poder, utilización del dinero público y de los recursos públicos en beneficio propio, creación de instituciones, empresas y puestos de trabajo innecesarios, sin otro fin que colocar a amigos del poder o burlar las leyes y normas que limitan el endeudamiento público, cobro de comisiones ilegales, algunas en nombre "del partido", y un largo etcétera que convierte a la clase política española en una de las más corruptas y repugnantes de Occidente.
Los ciudadanos, ante esos abusos, algunos tan trascendentes y dañinos como los que ha cometido el gobierno de Zapatero, que han dejado a España al borde de la quiebra y han arrebatado al país la credibilidad y el prestigio internacional, no pueden hacer prácticamente nada, salvo arriesgar su seguridad y hasta sus vidas con revueltas callejeras más o menos violentas y desesperadas, porque los políticos, previamente, han cometido otro delito que, aunque, como otros muchos, no esté tipificado, constituye el peor atentado contra la decencia y la dignidad de una nación y de sus habitantes: haber alterado las leyes democráticas para poder actuar, desde el gobierno, con una despreciable impunidad práctica.