Nadal es uno de los pocos deportistas españoles de élite que paga sus impuestos en el infierno fiscal español
Los ricos huyen de España como del infierno. En la lista de grandes millonarios españoles solo hay dos deportistas: Fernando Alonso y Rafael Nadal. Todos los demás han huido y tributan fuera. Los medios fustigan como antipatriotas e insolidarios a los que pagan sus impuestos en otros países, pero no dicen que los que huyen de España lo hacen porque los políticos españoles, insaciables y avarientos, han convertido España en uno de los peores infiernos fiscales del mundo.
Quien merece la crítica no es tanto el que escapa para pagar menos impuestos en países con políticos menos codiciosos sino el gobierno español, por su incapacidad para adelgazar un Estado que es incosteable y al que financian a costa de saquear los bolsillos de sus ciudadanos.
El ejemplo más horrendo de infierno fiscal español es el Impuesto de Sucesiones, que grava las herencias en Andalucía y Asturias, dos autonomías con gobiernos socialistas, donde miles de familias se ven obligadas a renunciar a lo que heredan porque los impuestos son confiscatorios e insufribles.
Cientos de millones de euros se transfieren cada mes en España desde las clases trabajadores y medias hasta las élites multimillonarias. Por culpa de unos gobiernos que no beneficia a su pueblo, sino a sus militantes y amigos. Los ricos cada día tienen más y los pobres menos, las clases medias se extinguen y el foso que separa a ricos y pobres se agranda cada día más.
A los gobiernos españoles es plenamente aplicable esa acusación que Donald Trump lanzó contra la vieja clase política el día de su investidura: hablan y hablan, pero no hacen nada y sus políticas son buenas para ellos, pero no para sus pueblos.
Para desgracia de los españoles, el gobierno de la nación es superado en codicia fiscal y acoso al ciudadano por gobiernos autonómicos como el catalán, el andaluz, el asturiano y el aragonés, que cobran impuestos todavía más agresivos e injustos a sus ciudadanos, sin que exista una legislación que castigue al político avariento y corrupto.
Los impuestos españoles ni siquiera tienen justificación técnica porque los servicios que el Estado presta a cambio son deficientes y escasos. La mayoría del gasto del Gobierno se va en pagar sueldos y en mantener una burocracia plagada de parásitos y de empleados innecesarios. El dato de que España tenga más políticos a sueldo del Estado que Alemania, Gran Bretaña y Francia juntos es lo bastante elocuente e indicativo de la aberración política española.
Los ciudadanos sospechan desde hace mucho que los políticos españoles no legislan ni gobiernan para el pueblo sino para ellos mismos y sus amigos, convertidos en "casta" privilegiada. A la hora de pagar al fisco, los ciudadanos sospechan también que sus tributos pueden enriquecer a corruptos en lugar de contribuir al bien común. Finalmente, creen que la codicia de los partidos gobernantes es demencial e irresponsable porque en lugar de adelgazar el Estado y suprimir instituciones y empresas públicas que sobran y no aportan nada, los políticos, en contra de la voluntad popular, despilfarran y se endeudan de manera irresponsable en los mercados mundiales.
Esas sospechas y déficits éticos de la cúspide del poder, que crecen cada día más en la conciencia ciudadana, resquebrajan la nación, deslegitiman al gobierno y pudren la democracia.
El criticado presidente Trump, de Estados Unidos, una de cuyas primeras medidas ha sido bajar los impuestos a las personas y a las empresas para reactivar la economía, acusa a los viejos políticos del mundo precisamente de eso, de ser egoístas y de nunca beneficiar al ciudadano con su acción de gobierno.
Francisco Rubiales
Quien merece la crítica no es tanto el que escapa para pagar menos impuestos en países con políticos menos codiciosos sino el gobierno español, por su incapacidad para adelgazar un Estado que es incosteable y al que financian a costa de saquear los bolsillos de sus ciudadanos.
El ejemplo más horrendo de infierno fiscal español es el Impuesto de Sucesiones, que grava las herencias en Andalucía y Asturias, dos autonomías con gobiernos socialistas, donde miles de familias se ven obligadas a renunciar a lo que heredan porque los impuestos son confiscatorios e insufribles.
Cientos de millones de euros se transfieren cada mes en España desde las clases trabajadores y medias hasta las élites multimillonarias. Por culpa de unos gobiernos que no beneficia a su pueblo, sino a sus militantes y amigos. Los ricos cada día tienen más y los pobres menos, las clases medias se extinguen y el foso que separa a ricos y pobres se agranda cada día más.
A los gobiernos españoles es plenamente aplicable esa acusación que Donald Trump lanzó contra la vieja clase política el día de su investidura: hablan y hablan, pero no hacen nada y sus políticas son buenas para ellos, pero no para sus pueblos.
Para desgracia de los españoles, el gobierno de la nación es superado en codicia fiscal y acoso al ciudadano por gobiernos autonómicos como el catalán, el andaluz, el asturiano y el aragonés, que cobran impuestos todavía más agresivos e injustos a sus ciudadanos, sin que exista una legislación que castigue al político avariento y corrupto.
Los impuestos españoles ni siquiera tienen justificación técnica porque los servicios que el Estado presta a cambio son deficientes y escasos. La mayoría del gasto del Gobierno se va en pagar sueldos y en mantener una burocracia plagada de parásitos y de empleados innecesarios. El dato de que España tenga más políticos a sueldo del Estado que Alemania, Gran Bretaña y Francia juntos es lo bastante elocuente e indicativo de la aberración política española.
Los ciudadanos sospechan desde hace mucho que los políticos españoles no legislan ni gobiernan para el pueblo sino para ellos mismos y sus amigos, convertidos en "casta" privilegiada. A la hora de pagar al fisco, los ciudadanos sospechan también que sus tributos pueden enriquecer a corruptos en lugar de contribuir al bien común. Finalmente, creen que la codicia de los partidos gobernantes es demencial e irresponsable porque en lugar de adelgazar el Estado y suprimir instituciones y empresas públicas que sobran y no aportan nada, los políticos, en contra de la voluntad popular, despilfarran y se endeudan de manera irresponsable en los mercados mundiales.
Esas sospechas y déficits éticos de la cúspide del poder, que crecen cada día más en la conciencia ciudadana, resquebrajan la nación, deslegitiman al gobierno y pudren la democracia.
El criticado presidente Trump, de Estados Unidos, una de cuyas primeras medidas ha sido bajar los impuestos a las personas y a las empresas para reactivar la economía, acusa a los viejos políticos del mundo precisamente de eso, de ser egoístas y de nunca beneficiar al ciudadano con su acción de gobierno.
Francisco Rubiales