Dado que el gobierno ha indultado en los últimos meses a ladrones, policías torturadores, asesinos kamikazes y otros delincuentes de grueso calibre, miles de ciudadanos españoles están reclamando al gobierno que indulte también a Emilia Soria, de 28 años, joven madre de Requena (Valencia) que utilizó una tarjeta de crédito que encontró en la calle para comprar alimentos y pañales (por valor de 450 euros) para sus hijas, la cual deberá ingresar en prisión en quince días.
Aunque a veces puede servir para equilibrar una Justicia demasiado severa, la facultad de indultar a voluntad que ostenta el gobierno de España es una aberración antidemocrática propia del pasado medieval, sobre todo cuando es ejercida por un gobierno que ha perdido el favor y la confianza del pueblo y que aparece en las encuestas como rechazado y hasta odiado por millones de ciudadanos. Esa facultad de indultar debería quedar vetada para gobernantes bajo sospecha de corrupción y arbitrariedad, suprimida o encomendada a una comisión de ciudadanos decentes, no adscritos a partidos políticos y con probada capacidad y altura profesional y ética.
El ministro Ruiz Gallardón, todo un campeón de la arrogancia, se declaró en 1995 "en discrepancia intelectual y jurídica con el indulto", pero desde que es ministro de Justicia lleva ya 434 medidas de gracia dictadas, en poco más de un año, entre las que figuran indultos a ladrones, torturadores, banqueros, especuladores, kamikazes y muchos delincuentes cuyo único mérito es estar cerca del poder, una verdadera vergüenza que el pueblo español, por dignidad y decencia, no debería tolerar.
Desde 1979, la indulgencia del Estado español alcanza la cifra de 21.784 seres humanos que, por presuntas razones humanitarias, han conseguido alcanzado una segunda oportunidad para comenzar de nuevo y ser libres. Pero, mientras el indulto les llega a los que tienen buenos abogados y amigos en la política, jamás le toca a gente rehabilitada que cumple cárcel por haber robado un jamón o por haber sido pillado con cuatro gramos de caballo en el bolsillo.
Los últimos gobiernos de España, arrogantes y distantes de la sociedad y de la verdadera Justicia han perdonado a todo tipo de delincuentes, incluyendo a torturadores, ladrones y banqueros, pero nunca han tenido la capacidad para escuchar las peticiones de clemencia que surgen del pueblo para que indulte a gente arrepentida y rehabilitada, pero sí suele escuchar peticiones de bufetes influyentes o apoyadas por dirigentes y barones de su propio partido o de la oposición.
El ministro Gallardón se está convirtiendo en un foco infeccioso que esparce indignación y repulsa por todo el territorio de España. Un tipo así de arbitrario y arrogante es capar de estimular la independencia de media España, no por nacionalismo sino por asco. Su "cruzada" para acabar con la Justicia gratis ha tenido el mérito de poner de acuerdo, quizás por primera vez en la Historia, a ciudadanos, jueces, magistrados, abogados, fiscales, procuradores y a todo el personal de Justicia, todo ante la impasibilidad y la soberbia de un ministro cuyo gobierno se cree con derecho a ignorar y aplastar la voluntad popular, todo una sinfonía de totalitarismo fascista en el corazón de la Europa del siglo XXI.
Aunque a veces puede servir para equilibrar una Justicia demasiado severa, la facultad de indultar a voluntad que ostenta el gobierno de España es una aberración antidemocrática propia del pasado medieval, sobre todo cuando es ejercida por un gobierno que ha perdido el favor y la confianza del pueblo y que aparece en las encuestas como rechazado y hasta odiado por millones de ciudadanos. Esa facultad de indultar debería quedar vetada para gobernantes bajo sospecha de corrupción y arbitrariedad, suprimida o encomendada a una comisión de ciudadanos decentes, no adscritos a partidos políticos y con probada capacidad y altura profesional y ética.
El ministro Ruiz Gallardón, todo un campeón de la arrogancia, se declaró en 1995 "en discrepancia intelectual y jurídica con el indulto", pero desde que es ministro de Justicia lleva ya 434 medidas de gracia dictadas, en poco más de un año, entre las que figuran indultos a ladrones, torturadores, banqueros, especuladores, kamikazes y muchos delincuentes cuyo único mérito es estar cerca del poder, una verdadera vergüenza que el pueblo español, por dignidad y decencia, no debería tolerar.
Desde 1979, la indulgencia del Estado español alcanza la cifra de 21.784 seres humanos que, por presuntas razones humanitarias, han conseguido alcanzado una segunda oportunidad para comenzar de nuevo y ser libres. Pero, mientras el indulto les llega a los que tienen buenos abogados y amigos en la política, jamás le toca a gente rehabilitada que cumple cárcel por haber robado un jamón o por haber sido pillado con cuatro gramos de caballo en el bolsillo.
Los últimos gobiernos de España, arrogantes y distantes de la sociedad y de la verdadera Justicia han perdonado a todo tipo de delincuentes, incluyendo a torturadores, ladrones y banqueros, pero nunca han tenido la capacidad para escuchar las peticiones de clemencia que surgen del pueblo para que indulte a gente arrepentida y rehabilitada, pero sí suele escuchar peticiones de bufetes influyentes o apoyadas por dirigentes y barones de su propio partido o de la oposición.
El ministro Gallardón se está convirtiendo en un foco infeccioso que esparce indignación y repulsa por todo el territorio de España. Un tipo así de arbitrario y arrogante es capar de estimular la independencia de media España, no por nacionalismo sino por asco. Su "cruzada" para acabar con la Justicia gratis ha tenido el mérito de poner de acuerdo, quizás por primera vez en la Historia, a ciudadanos, jueces, magistrados, abogados, fiscales, procuradores y a todo el personal de Justicia, todo ante la impasibilidad y la soberbia de un ministro cuyo gobierno se cree con derecho a ignorar y aplastar la voluntad popular, todo una sinfonía de totalitarismo fascista en el corazón de la Europa del siglo XXI.