El caso de la niña Mariluz, asesinada por un pedófilo criminal que se encontraba libre por fallos de la Justicia, a pesar de haber sido condenado por reincidente, ha sido como un "strip tease" público de la Justicia española, que ha dejado al descubierto todas sus horrendas vergüenzas, su fealdad extrema, su ineficacia, su ineficiencia, su parcialidad y su incapacidad para servir como eje del Estado de Derecho.
El drama de la Justicia salpica directamente al poder político, el verdadero culpable de la situación por haberse empeñado, desde hace años, en controlarla, lo que han logrado a un alto costo: haciendola dependiente de los partidos, ineficiente, lenta, parcial y arbitraria, todo un desastre para una democracia moderna.
Ante fenómenos tan graves como el mal gobierno, el fallo de la justicia y el desprestigio de las grandes instituciones del Estado, los ciudadanos españoles están tomando conciencia de que pagan muchos impuestos, más que la mayoría de los ciudadanos europeos y de las grandes democracia avanzadas de Occidente, para sostener un Estado que aparece ante sus ojos como una auténtica estafa, porque es incpaz de cumplir la parte que le corresponde en el gran contrato social suscrito con la ciudadanía.
El Estado español, uno de los más costosos de Occidente pero también uno de los más ineficaces, es incapaz de garantizar lo que, por ley, está obligado a garantizar: la seguridad de sus ciudadanos, acosados por el delito y el crimen en las calles y en sus hogares; la Justicia, que es desigual, tardía, ineficiente y con carencias escandalosas; la pureza de la democracia; la cohesión territorial; la "igualdad", que es la base de la convivencia como nación; la lucha contra la corrupción, que campea con impunidad por los ámbitos del poder; la salud de la sociedad civil, que está intervenida y acosada por el Estado; la eficacia de servicios básicos como la salud, la educación, la burocracia y otros muchos.
La constancia de que España está mal gobernada y que la clase política no cumple la parte del trato que le corresponde está actuando como un cáncer y corroe la moral, la esperanza y la confianza de una ciudadanía que, cada día más, se siente prisionera de una casta política elitista que ha sustituido el servicio a la sociedad por los privilegios del poder y que no tiene el más mínimo interés en cambiar una situación injusta y depravada que, aunque aplaste y haga infelices a los ciudadanos, a ellos les beneficia.
El ciudadano español, en estos albores del siglo XXI, se enfrenta a la terrible paradoja de su impotencia democrática: en teoría es el soberano del sistema, pero no tiene poder alguno frente a la casta de los políticos, dueños absolutos del poder. En consecuencia, el ciudadano tienen razón al sentirse estafado.
El drama de la Justicia salpica directamente al poder político, el verdadero culpable de la situación por haberse empeñado, desde hace años, en controlarla, lo que han logrado a un alto costo: haciendola dependiente de los partidos, ineficiente, lenta, parcial y arbitraria, todo un desastre para una democracia moderna.
Ante fenómenos tan graves como el mal gobierno, el fallo de la justicia y el desprestigio de las grandes instituciones del Estado, los ciudadanos españoles están tomando conciencia de que pagan muchos impuestos, más que la mayoría de los ciudadanos europeos y de las grandes democracia avanzadas de Occidente, para sostener un Estado que aparece ante sus ojos como una auténtica estafa, porque es incpaz de cumplir la parte que le corresponde en el gran contrato social suscrito con la ciudadanía.
El Estado español, uno de los más costosos de Occidente pero también uno de los más ineficaces, es incapaz de garantizar lo que, por ley, está obligado a garantizar: la seguridad de sus ciudadanos, acosados por el delito y el crimen en las calles y en sus hogares; la Justicia, que es desigual, tardía, ineficiente y con carencias escandalosas; la pureza de la democracia; la cohesión territorial; la "igualdad", que es la base de la convivencia como nación; la lucha contra la corrupción, que campea con impunidad por los ámbitos del poder; la salud de la sociedad civil, que está intervenida y acosada por el Estado; la eficacia de servicios básicos como la salud, la educación, la burocracia y otros muchos.
La constancia de que España está mal gobernada y que la clase política no cumple la parte del trato que le corresponde está actuando como un cáncer y corroe la moral, la esperanza y la confianza de una ciudadanía que, cada día más, se siente prisionera de una casta política elitista que ha sustituido el servicio a la sociedad por los privilegios del poder y que no tiene el más mínimo interés en cambiar una situación injusta y depravada que, aunque aplaste y haga infelices a los ciudadanos, a ellos les beneficia.
El ciudadano español, en estos albores del siglo XXI, se enfrenta a la terrible paradoja de su impotencia democrática: en teoría es el soberano del sistema, pero no tiene poder alguno frente a la casta de los políticos, dueños absolutos del poder. En consecuencia, el ciudadano tienen razón al sentirse estafado.