Hay muchos ejemplos de injusticias afrontadas por los defensores del pueblo con dejadez, falta de brío y traición, pero ninguna es tan elocuente y clara como lo ocurrido con el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Las plataformas que luchan contra ese impuesto en Andalucía, Asturias, Aragón y otras regiones han inundado las oficinas de los defensores del pueblo con argumentos que reflejaban el dolor y la injusticia de ese tributo y con miles de firmas de protesta ciudadana sin obtener resultado alguno.
Son más de 600.000 firmas de protesta las que hay contra ese impuesto inconstitucional y abusivo, condenado por los expertos como una intolerable doble imposición que sólo satisface la codicia de los políticos, pero esa marea de protestas, que incluye manifestaciones en decenas de ciudades, no han logrado conmover a los defensores del pueblo ni romper su indiferencia frente al dolor.
El defensor del pueblo nacional en la actualidad, el socialista Francisco Fernández Marugán, al igual que el andaluz y otros, se han limitado a lanzar palabras de aparente consuelo a las víctimas y a colocar el asunto en el circuito burocrático habitual, que consiste en preguntar a los ministerios y consejerías correspondientes sobre el asunto, trasladando después las respuestas a los denunciantes, todo un paripé que no arregla nada, ni representa condena alguna de ese impuesto abusivo y contrario a la Constitución, el más impopular entre los vigentes en España y causante de una oleada de dolor e injusticia a la que nadie se atreve a poner fin.
El caso del que fue defensor del pueblo andaluz José Chamizo es el mejor modelo para demostrar que esa institución es un auténtico timo, como muchos otros aspectos de la degradada democracia española. Buceando en la historia del que fue defensor del pueblo andaluz, uno de los más maltratados de España, se descubre toda la inutilidad y falsedad que rodea a los teóricos defensores de los ciudadanos, que se han convertido en defensores más el abuso que la justicia, de la clase política que de los ciudadanos y del sistema viciado español que de la verdadera democracia.
Jose Chamizo, sacerdote que ejerció su ministerio entre marginados y drogadictos en las tierras próximas a Gibraltar, fue expulsado de su cargo en 2013, después de 17 años ejerciendo una defensa suave que no molestaba a los políticos. Durante su mandato perdió muchas oportunidades para dirigirse a sus señorías para recriminarles con fuerza sus abusos, arbitrariedades y robos. El mundo en el que tenía que actuar, Andalucía, reunía todos los ingredientes para una defensa contundente: un pueblo indignado con sus políticos, asuntos de gravísima trascendencia, como el de los EREs, políticos encarcelados y desprestigiados por la sociedad, pero su labor fue un constante debate inútil, que sólo perjudicaba a los ciudadanos, sin acorralar a los que abusaban del poder, sin aportar ni una sola solución para salir de una crisis ante la que los políticos sólo recortaban derechos y servicios con indiferencia.
El Defensor del pueblo andaluz se limitó a echarles una pequeña riña del estilo "Un poquito mas de por favor, señorías". No tuvo el valor de decirles que están matando a la democracia, que sus diatribas estériles no interesan a nadie, que lo que la gente quiere son resultados, que trabajen por ellos y que se dejen de robar el dinero del pueblo, que no hace falta robarlo descaradamente como hacen con los EREs sino que solo con no trabajar, con no buscar soluciones y con limitar su trabajo a trifulcas sin sentido ya nos están robando, pues no les votamos para eso. Se le olvido al Defensor del pueblo andaluz decirles que la política es una servidumbre y no un privilegio, que aquí se viene a servir al ciudadano y no a llevarselo crudo, ni a colocar a familiares y a amigos, ni a conceder prebendas a sus hijos, hijas, hermanos, sobrinos, cuñados etc....
El antiguo cura Chamizo se había deteriorado tras permanecer tanto tiempo en el cargo (17 años) y se había alienado. Perdió la perspectiva y un día se descuidó y mordió a sus amos. Por fin les dijo a los políticos andaluces que los ciudadanos ya estaban "hartos" de ellos. Por eso le echaron, aunque a quienes había que echar es a los que le expulsaron. Esos, sean de izquierdas o de derechas, son el verdadero cáncer andaluz.
Los defensores del pueblo son reelegidos una y otra vez por los mismos políticos a los que debe vigilar y fustigar por sus abusos. La lógica dice que si son reelegidos es porque su labor satisface a los políticos, todo un símbolo de que el trabajo del defensor del pueblo está viciado y que esos personajes, bien pagados y rodeados de los lujos propios de los altos cargos gubernamentales, con coches oficiales, secretarias, ayudantes, dietas, pagas, pensiones, etc, no cumplen su función porque no es posible servir a dos señores antagónicos en España, donde o se está con los políticos o con el pueblo maltratado.
En la actualidad, los defensores siguen inclinándose del lado del poder, que es el que les elige y les paga. Su labor como receptores de quejas sirve para suavizar los conflictos, no para generar justicia y su figura se utiliza generalmente para engañar a los ciudadanos haciéndoles creer que alguien les defiende.
La falsa democracia española está llena de timos, pero quizás el de los defensores del pueblo sea el más hiriente y doloroso, tanto en su diseño, ridículo porque son nombrados por los mismos partidos a los que debe vigilar y fustigar, como por sus actuaciones, más orientadas a defender su propio cargo y privilegios que a los ciudadanos españoles, muy necesitados de alguien que les defienda del inmenso poder abusivo que poseen las clases dirigentes.
Francisco Rubiales
Son más de 600.000 firmas de protesta las que hay contra ese impuesto inconstitucional y abusivo, condenado por los expertos como una intolerable doble imposición que sólo satisface la codicia de los políticos, pero esa marea de protestas, que incluye manifestaciones en decenas de ciudades, no han logrado conmover a los defensores del pueblo ni romper su indiferencia frente al dolor.
El defensor del pueblo nacional en la actualidad, el socialista Francisco Fernández Marugán, al igual que el andaluz y otros, se han limitado a lanzar palabras de aparente consuelo a las víctimas y a colocar el asunto en el circuito burocrático habitual, que consiste en preguntar a los ministerios y consejerías correspondientes sobre el asunto, trasladando después las respuestas a los denunciantes, todo un paripé que no arregla nada, ni representa condena alguna de ese impuesto abusivo y contrario a la Constitución, el más impopular entre los vigentes en España y causante de una oleada de dolor e injusticia a la que nadie se atreve a poner fin.
El caso del que fue defensor del pueblo andaluz José Chamizo es el mejor modelo para demostrar que esa institución es un auténtico timo, como muchos otros aspectos de la degradada democracia española. Buceando en la historia del que fue defensor del pueblo andaluz, uno de los más maltratados de España, se descubre toda la inutilidad y falsedad que rodea a los teóricos defensores de los ciudadanos, que se han convertido en defensores más el abuso que la justicia, de la clase política que de los ciudadanos y del sistema viciado español que de la verdadera democracia.
Jose Chamizo, sacerdote que ejerció su ministerio entre marginados y drogadictos en las tierras próximas a Gibraltar, fue expulsado de su cargo en 2013, después de 17 años ejerciendo una defensa suave que no molestaba a los políticos. Durante su mandato perdió muchas oportunidades para dirigirse a sus señorías para recriminarles con fuerza sus abusos, arbitrariedades y robos. El mundo en el que tenía que actuar, Andalucía, reunía todos los ingredientes para una defensa contundente: un pueblo indignado con sus políticos, asuntos de gravísima trascendencia, como el de los EREs, políticos encarcelados y desprestigiados por la sociedad, pero su labor fue un constante debate inútil, que sólo perjudicaba a los ciudadanos, sin acorralar a los que abusaban del poder, sin aportar ni una sola solución para salir de una crisis ante la que los políticos sólo recortaban derechos y servicios con indiferencia.
El Defensor del pueblo andaluz se limitó a echarles una pequeña riña del estilo "Un poquito mas de por favor, señorías". No tuvo el valor de decirles que están matando a la democracia, que sus diatribas estériles no interesan a nadie, que lo que la gente quiere son resultados, que trabajen por ellos y que se dejen de robar el dinero del pueblo, que no hace falta robarlo descaradamente como hacen con los EREs sino que solo con no trabajar, con no buscar soluciones y con limitar su trabajo a trifulcas sin sentido ya nos están robando, pues no les votamos para eso. Se le olvido al Defensor del pueblo andaluz decirles que la política es una servidumbre y no un privilegio, que aquí se viene a servir al ciudadano y no a llevarselo crudo, ni a colocar a familiares y a amigos, ni a conceder prebendas a sus hijos, hijas, hermanos, sobrinos, cuñados etc....
El antiguo cura Chamizo se había deteriorado tras permanecer tanto tiempo en el cargo (17 años) y se había alienado. Perdió la perspectiva y un día se descuidó y mordió a sus amos. Por fin les dijo a los políticos andaluces que los ciudadanos ya estaban "hartos" de ellos. Por eso le echaron, aunque a quienes había que echar es a los que le expulsaron. Esos, sean de izquierdas o de derechas, son el verdadero cáncer andaluz.
Los defensores del pueblo son reelegidos una y otra vez por los mismos políticos a los que debe vigilar y fustigar por sus abusos. La lógica dice que si son reelegidos es porque su labor satisface a los políticos, todo un símbolo de que el trabajo del defensor del pueblo está viciado y que esos personajes, bien pagados y rodeados de los lujos propios de los altos cargos gubernamentales, con coches oficiales, secretarias, ayudantes, dietas, pagas, pensiones, etc, no cumplen su función porque no es posible servir a dos señores antagónicos en España, donde o se está con los políticos o con el pueblo maltratado.
En la actualidad, los defensores siguen inclinándose del lado del poder, que es el que les elige y les paga. Su labor como receptores de quejas sirve para suavizar los conflictos, no para generar justicia y su figura se utiliza generalmente para engañar a los ciudadanos haciéndoles creer que alguien les defiende.
La falsa democracia española está llena de timos, pero quizás el de los defensores del pueblo sea el más hiriente y doloroso, tanto en su diseño, ridículo porque son nombrados por los mismos partidos a los que debe vigilar y fustigar, como por sus actuaciones, más orientadas a defender su propio cargo y privilegios que a los ciudadanos españoles, muy necesitados de alguien que les defienda del inmenso poder abusivo que poseen las clases dirigentes.
Francisco Rubiales