Este silencio colectivo es espeluznante e incomprensible. La SEPI, dependiente del Gobierno, inyectó dinero público sin control real. Los fiscales y jueces no detectaron nada. Los organismos teóricamente independientes brillaron por su ausencia. Hasta las ONGs que viven de denunciar corrupción brillaron por su discreción. Todo permaneció quieto hasta que informes y documentos externos obligaron a actuar.
Eso no es un fallo puntual, sino la demostración de que la corrupción en España opera a gran escala y con protección en todos los niveles del Estado. España es rehén de un sistema podrido donde nadie investiga lo que no le conviene.
La imagen que proyecta al exterior y, sobre todo, a los propios españoles es devastadora: un país donde las instituciones no funcionan como contrapesos, sino como escudos protectores de la casta, un Estado capturado por intereses políticos y económicos que se reparten el botín mientras el contribuyente paga la factura.
Esta realidad destruye cualquier resto de confianza en la democracia española y confirma que la corrupción no es la excepción, sino el modo de funcionamiento habitual del régimen actual.
Lo más grave del caso español no es la cantidad de corrupción que infecta al Estado, sino lo profundo que ha penetrado y lo imbricado que está la podredumbre en el alma de la nación.
España necesita un reseteo profundo y sin contemplaciones. No bastan parches ni reformas cosméticas, ni siquiera serviría un cambio radical de gobierno. Hace falta una limpieza con ácido de las instituciones, una independencia judicial real, una auditoría externa de todos los rescates y contratos de los últimos años y un castigo ejemplar a los responsables.
Sin ese reseteo estructural, la podredumbre seguirá devorando el país y España seguirá siendo la boñiga maloliente del Occidente desarrollado.
Los españoles, culpables de tolerar la mierda pública y de ser campeones mundiales en cobardía y complicidad con el delito, son, a pesar de todo, lo menos malo de la nación y una especie de cofradía de santidad y resplandor si se los compara con la demoniaca clase política que los gobierna.
Francisco Rubiales
Eso no es un fallo puntual, sino la demostración de que la corrupción en España opera a gran escala y con protección en todos los niveles del Estado. España es rehén de un sistema podrido donde nadie investiga lo que no le conviene.
La imagen que proyecta al exterior y, sobre todo, a los propios españoles es devastadora: un país donde las instituciones no funcionan como contrapesos, sino como escudos protectores de la casta, un Estado capturado por intereses políticos y económicos que se reparten el botín mientras el contribuyente paga la factura.
Esta realidad destruye cualquier resto de confianza en la democracia española y confirma que la corrupción no es la excepción, sino el modo de funcionamiento habitual del régimen actual.
Lo más grave del caso español no es la cantidad de corrupción que infecta al Estado, sino lo profundo que ha penetrado y lo imbricado que está la podredumbre en el alma de la nación.
España necesita un reseteo profundo y sin contemplaciones. No bastan parches ni reformas cosméticas, ni siquiera serviría un cambio radical de gobierno. Hace falta una limpieza con ácido de las instituciones, una independencia judicial real, una auditoría externa de todos los rescates y contratos de los últimos años y un castigo ejemplar a los responsables.
Sin ese reseteo estructural, la podredumbre seguirá devorando el país y España seguirá siendo la boñiga maloliente del Occidente desarrollado.
Los españoles, culpables de tolerar la mierda pública y de ser campeones mundiales en cobardía y complicidad con el delito, son, a pesar de todo, lo menos malo de la nación y una especie de cofradía de santidad y resplandor si se los compara con la demoniaca clase política que los gobierna.
Francisco Rubiales