Con su manifestación de hoy, en Barcelona, contra el acoso al idioma español por parte de los nacionalistas, Ciudadanos ha demostrado que es uno de los escasos partidos decentes y democráticos del espectro político español. Ha tenido que ser "Ciudadanos", un partido nuevo que rechaza la partitocracia antidemocrática que veneran los grandes partidos españoles, el que ha tenido la decencia de rebelarse contra la imposición lingüística, que es una agresión totalitaria a la sociedad perpetrada por el nacionalismo.
Partidos como el PSOE y el PP han demostrado con creces su cobardía y su incapacidad para plantar cara a los abusos del nacionalismo, porque su obsesión es gobernar y los votos nacionalistas tienen gran valor para deshacer los empates. Izquierda Unida, un partido en decadencia que antepone el poder a la ideología y a los principios, tampoco quiere enfrentarse a la injusticia del nacionalismo porque es cómplice de los nacionalistas allí donde tienen poder, como en el País Vaco y Cataluña.
La imposición lingüística no es un abuso sino un delito político y cultural que no está tipificado en el código penal, pero sí en una Constitución que los partidos dicen respetar pero que nadie cumple. Impedir a los padres que sus hijos sean educados en la lengua común de los españoles e imponer la enseñanza obligatoria en catalán es un atentado nazi contra los derechos humanos elementales. Los ciudadanos y los partidos que no lo ven así es porque han perdido el norte de la democracia o porque, al ser víctimas de su obsesión por el poder, también han abandonado la decencia.
Partidos como el PSOE y el PP han demostrado con creces su cobardía y su incapacidad para plantar cara a los abusos del nacionalismo, porque su obsesión es gobernar y los votos nacionalistas tienen gran valor para deshacer los empates. Izquierda Unida, un partido en decadencia que antepone el poder a la ideología y a los principios, tampoco quiere enfrentarse a la injusticia del nacionalismo porque es cómplice de los nacionalistas allí donde tienen poder, como en el País Vaco y Cataluña.
La imposición lingüística no es un abuso sino un delito político y cultural que no está tipificado en el código penal, pero sí en una Constitución que los partidos dicen respetar pero que nadie cumple. Impedir a los padres que sus hijos sean educados en la lengua común de los españoles e imponer la enseñanza obligatoria en catalán es un atentado nazi contra los derechos humanos elementales. Los ciudadanos y los partidos que no lo ven así es porque han perdido el norte de la democracia o porque, al ser víctimas de su obsesión por el poder, también han abandonado la decencia.