Ahora que se acercan las elecciones generales de 2008 es bueno para la degradada y enferma democracia española aclarar que muchos de sus problemas se derivan de una Ley Electoral injusta, arbitraria, desequilibrada y nada democrática. Entre los muchos defectos de esa ley destaca el que otorga más valor a unos votos que a otros y que desprecia al voto en blanco.
El ciudadano tiene derecho a un voto en blanco que tenga efectos concretos, pero la actual legislación desprecia ese derecho.
El voto en blanco significa "No me gusta ninguna lista" o "No me convence ningún programa", pero acudo a votar porque creo en el sufragio y en la democracia. Son criterios cívicos muy respetables y lícitos en democracia.
Pero la ley española ignora de un plumazo ese criterio ciudadano y obliga a repartir tu voto en blanco entre todas las listas, en la proporción del resultado electoral. Se trata de un desprecio y una gran injusticia para los que han escogido votar en blanco.
Los votos en blanco, votos críticos y necesarios para un sistema que, al menos en teoría, considera la crítica como saludable y necesaria, deben significar escaños vacíos.
Si los votos en blanco se traducen en escaños sin asignar, que se queden vacíos esos escaños porque esa ha sido la voluntad de los votantes.
¿Quien tiene derecho a borrar de un plumazo la voluntad de los ciudadanos ignorando su voto? Sólo puede hacerlo un legislador contaminado de totalitarismo.
El conjunto de los votos en blanco suele superar al obtenido por algunos partidos pequeños. En España, en las últimas elecciones, los votos en blanco superaron los votos de esa Ezquerra Republicana de Cataluña (ERC) que gobierna su región e incluso tiene poder para hacer chantaje al gobierno y a la jefatura del Estado.
La ley electoral española es injusta y desequilibrada, impropia de una democracia avanzada. Reformarla es la primera obligación del poder. Sin embargo, como beneficia a los partidos, los políticos rechazan reformarla, a pesar de que algunas de sus normas, como la imposición al ciudadano de listas cerradas y bloqueadas, elaboradas por los que ya están en el poder, constituye un auténtico atentado contra la democracia y contra derechos tan fundamentales como el de los ciudadanos a elegir libremente a sus representantes.
Con esas listas, elaboradas por las élites de los partidos, quienes eligen son las castas políticas atrincheradas en el poder.
El ciudadano tiene derecho a un voto en blanco que tenga efectos concretos, pero la actual legislación desprecia ese derecho.
El voto en blanco significa "No me gusta ninguna lista" o "No me convence ningún programa", pero acudo a votar porque creo en el sufragio y en la democracia. Son criterios cívicos muy respetables y lícitos en democracia.
Pero la ley española ignora de un plumazo ese criterio ciudadano y obliga a repartir tu voto en blanco entre todas las listas, en la proporción del resultado electoral. Se trata de un desprecio y una gran injusticia para los que han escogido votar en blanco.
Los votos en blanco, votos críticos y necesarios para un sistema que, al menos en teoría, considera la crítica como saludable y necesaria, deben significar escaños vacíos.
Si los votos en blanco se traducen en escaños sin asignar, que se queden vacíos esos escaños porque esa ha sido la voluntad de los votantes.
¿Quien tiene derecho a borrar de un plumazo la voluntad de los ciudadanos ignorando su voto? Sólo puede hacerlo un legislador contaminado de totalitarismo.
El conjunto de los votos en blanco suele superar al obtenido por algunos partidos pequeños. En España, en las últimas elecciones, los votos en blanco superaron los votos de esa Ezquerra Republicana de Cataluña (ERC) que gobierna su región e incluso tiene poder para hacer chantaje al gobierno y a la jefatura del Estado.
La ley electoral española es injusta y desequilibrada, impropia de una democracia avanzada. Reformarla es la primera obligación del poder. Sin embargo, como beneficia a los partidos, los políticos rechazan reformarla, a pesar de que algunas de sus normas, como la imposición al ciudadano de listas cerradas y bloqueadas, elaboradas por los que ya están en el poder, constituye un auténtico atentado contra la democracia y contra derechos tan fundamentales como el de los ciudadanos a elegir libremente a sus representantes.
Con esas listas, elaboradas por las élites de los partidos, quienes eligen son las castas políticas atrincheradas en el poder.