El juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, ha acordado la apertura de juicio oral, con tribunal de jurado popular, contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Según el auto dictado el 20 de junio de 2026, Gómez deberá responder por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. Junto a ella se sentarán en el banquillo su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés.
Pero en su auto de condena, Peinado ha dicho que es posible que los policías que custodian a la esposa de Sánchez le ayuden a huir de la Justicia.
Esa afirmación ha indignado a los sindicatos policiales y, sobre todo, al sanchismo, cuyos pretorianos corrompidos han salido en tromba contra el juez.
La investigación, iniciada en 2024 tras una denuncia de Manos Limpias, se centra en supuestas irregularidades en contratos públicos adjudicados a empresas vinculadas a Barrabés, cartas de recomendación firmadas por Gómez y el uso de fondos o recursos de la Universidad Complutense de Madrid.
Informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han señalado posibles irregularidades premeditadas en las adjudicaciones y el uso de una cuenta compartida para registrar software.
El juez considera que existen indicios suficientes para llevar el caso a juicio, tras superar varios recursos y revisiones por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.
Como medidas cautelares, Peinado ha ordenado la retirada del pasaporte de Begoña Gómez y de su asesora, la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de comparecer cada quince días en el juzgado.
Paralelamente, ha abierto una pieza separada para investigar posibles delitos de prevaricación y fraude a los intereses de la UE en relación con contratos europeos adjudicados al empresario Barrabés, aunque inicialmente aclaró que esta nueva línea no afecta directamente a Gómez en esta fase.
El PSOE y el Gobierno han calificado la decisión como una “persecución política” y una instrucción “desproporcionada”, anunciando recursos.
Begoña Gómez mantiene su inocencia y niega los hechos. El procedimiento continúa su curso judicial, con el juicio oral pendiente de fijación de fecha.
Este caso ha generado un intenso debate sobre la independencia judicial y el uso de la acción popular en causas de relevancia política, pero, sobre todo, ha puesto en evidencia que España esta gobernada por un autócrata que se considera intocable y por encima de la ley.
Francisco Rubiales
Según el auto dictado el 20 de junio de 2026, Gómez deberá responder por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. Junto a ella se sentarán en el banquillo su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés.
Pero en su auto de condena, Peinado ha dicho que es posible que los policías que custodian a la esposa de Sánchez le ayuden a huir de la Justicia.
Esa afirmación ha indignado a los sindicatos policiales y, sobre todo, al sanchismo, cuyos pretorianos corrompidos han salido en tromba contra el juez.
La investigación, iniciada en 2024 tras una denuncia de Manos Limpias, se centra en supuestas irregularidades en contratos públicos adjudicados a empresas vinculadas a Barrabés, cartas de recomendación firmadas por Gómez y el uso de fondos o recursos de la Universidad Complutense de Madrid.
Informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han señalado posibles irregularidades premeditadas en las adjudicaciones y el uso de una cuenta compartida para registrar software.
El juez considera que existen indicios suficientes para llevar el caso a juicio, tras superar varios recursos y revisiones por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.
Como medidas cautelares, Peinado ha ordenado la retirada del pasaporte de Begoña Gómez y de su asesora, la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de comparecer cada quince días en el juzgado.
Paralelamente, ha abierto una pieza separada para investigar posibles delitos de prevaricación y fraude a los intereses de la UE en relación con contratos europeos adjudicados al empresario Barrabés, aunque inicialmente aclaró que esta nueva línea no afecta directamente a Gómez en esta fase.
El PSOE y el Gobierno han calificado la decisión como una “persecución política” y una instrucción “desproporcionada”, anunciando recursos.
Begoña Gómez mantiene su inocencia y niega los hechos. El procedimiento continúa su curso judicial, con el juicio oral pendiente de fijación de fecha.
Este caso ha generado un intenso debate sobre la independencia judicial y el uso de la acción popular en causas de relevancia política, pero, sobre todo, ha puesto en evidencia que España esta gobernada por un autócrata que se considera intocable y por encima de la ley.
Francisco Rubiales