Lejos de proteger la independencia de las instituciones, el aforamiento blinda a la élite del poder frente a la rendición de cuentas real y convierte la igualdad ante la ley en una ficción constitucional.
Este privilegio es radicalmente injusto y choca de frente con el principio básico de igualdad que toda democracia decente debe garantizar.
Mientras el ciudadano de a pie se enfrenta a la lentitud y la dureza de los juzgados ordinarios, los aforados disfrutan de un estatus procesal privilegiado que dilata las investigaciones, complica las acusaciones y, con demasiada frecuencia, termina protegiendo la impunidad.
No resulta extraño que esta discriminación legal provoque una indignación profunda y un rechazo creciente en la ciudadanía, que percibe cómo quienes deberían servir al pueblo se han colocado deliberadamente por encima de las leyes que ellos mismos redactan y aplican.
España es, con diferencia, el país de Europa que más abusa del aforamiento. Mientras en la inmensa mayoría de las democracias europeas los representantes públicos responden ante la justicia común sin fueros especiales, en nuestro país el número de aforados supera con creces al conjunto del resto del continente.
Esta anomalía no responde a ninguna necesidad institucional real: es el resultado de décadas de autoprotección corporativa de una clase política que se niega a renunciar a sus prebendas.
Mantener este privilegio anacrónico solo profundiza la desconfianza ciudadana y el descrédito de las instituciones, además de empujar a miles de ciudadanos hacia el radicalismo y la hostilidad hacia los políticos.
Abolir el aforamiento no es un capricho populista ni un gesto simbólico: es una exigencia elemental de cualquier democracia que aspire a ser tomada en serio.
Hasta que no desaparezca este blindaje feudal, del que se aprovechan los sinvergüenzas en el poder para violar las leyes con impunidad relativa, seguiremos teniendo una justicia de dos velocidades, una igualdad que solo existe en el papel y un sistema que da asco.
Francisco Rubiales
Este privilegio es radicalmente injusto y choca de frente con el principio básico de igualdad que toda democracia decente debe garantizar.
Mientras el ciudadano de a pie se enfrenta a la lentitud y la dureza de los juzgados ordinarios, los aforados disfrutan de un estatus procesal privilegiado que dilata las investigaciones, complica las acusaciones y, con demasiada frecuencia, termina protegiendo la impunidad.
No resulta extraño que esta discriminación legal provoque una indignación profunda y un rechazo creciente en la ciudadanía, que percibe cómo quienes deberían servir al pueblo se han colocado deliberadamente por encima de las leyes que ellos mismos redactan y aplican.
España es, con diferencia, el país de Europa que más abusa del aforamiento. Mientras en la inmensa mayoría de las democracias europeas los representantes públicos responden ante la justicia común sin fueros especiales, en nuestro país el número de aforados supera con creces al conjunto del resto del continente.
Esta anomalía no responde a ninguna necesidad institucional real: es el resultado de décadas de autoprotección corporativa de una clase política que se niega a renunciar a sus prebendas.
Mantener este privilegio anacrónico solo profundiza la desconfianza ciudadana y el descrédito de las instituciones, además de empujar a miles de ciudadanos hacia el radicalismo y la hostilidad hacia los políticos.
Abolir el aforamiento no es un capricho populista ni un gesto simbólico: es una exigencia elemental de cualquier democracia que aspire a ser tomada en serio.
Hasta que no desaparezca este blindaje feudal, del que se aprovechan los sinvergüenzas en el poder para violar las leyes con impunidad relativa, seguiremos teniendo una justicia de dos velocidades, una igualdad que solo existe en el papel y un sistema que da asco.
Francisco Rubiales