Beatriz Biedma, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, asumió por sorteo la investigación sobre la contratación de David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación provincial. La causa, iniciada tras una denuncia de Manos Limpias, concluyó con una sentencia de la Audiencia de Badajoz de julio de 2026 que condenó a David Sánchez a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa.
El mismo tribunal impuso dieciocho años a Miguel Ángel Gallardo, entonces presidente de la Diputación y dirigente socialista. La sentencia calificó los hechos de nepotismo y arbitrariedad.
Mientras Biedma instruía con con rigor, se activó contra ella una campaña de desacreditación, seguimiento y, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, propuestas de daño físico.
El caso Leire Díez, instruido por el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional, investiga una presunta organización orientada a obstaculizar causas judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno. Según los informes de la UCO, Santos Cerdán, entonces secretario de Organización, y la exmilitante Leire Díez coordinaban actuaciones que incluían la obtención de información comprometida sobre jueces, fiscales y agentes, así como la creación de un clima de intimidación. La propia estructura del partido —reuniones en Ferraz, pagos y logística— habría estado a disposición de esa actividad.
En el caso concreto de Biedma, la UCO documentó contactos del exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada, expulsado de la carrera por una condena firme de violencia de género, con miembros de clanes de Badajoz, en particular Cintia Rocho (“La Celsa”), del entorno de Los Rochos.
Según el testimonio de Rocho recogido por los agentes, Sáenz de Tejada describió a la jueza como “un puto grano en el culo” y afirmó que “había que eliminarla”, añadiendo que “a palos aprende el burro”. La UCO aprecia en esas expresiones la intención de causar daño físico.
El 8 de octubre de 2026, Biedma declaró ante Pedraz como perjudicada. Relató una situación de angustia por su familia, confirmó los episodios de vigilancia y defendió su personación como víctima de una presunta organización criminal dirigida a erosionar su credibilidad y apartarla del procedimiento.
Esto no es una disputa ordinaria entre un partido y un juez incómodo. Es el uso de intermediarios con contactos en el narcotráfico local para plantear la eliminación física de la magistrada que investigaba al hermano del presidente, acompañado de vigilancia sobre sus hijas y de una campaña sistemática de desprestigio.
Cuando el aparato de un partido en el Gobierno —o estructuras que actúan bajo su paraguas y con sus recursos— dirige o permite operaciones de esa naturaleza contra quienes ejercen la función jurisdiccional, se cruza una línea que no admite relativización.
El Estado de derecho exige que los jueces puedan investigar a cualquier ciudadano, incluido el familiar del jefe del Ejecutivo, sin temor a que se active contra ellos una “cloaca” que habla de eliminarlos “a palos”.
La inhabilitación del PSOE parece políticamente fundada en la gravedad de los hechos indiciarios. Un partido que tolera o impulsa mecanismos para neutralizar judicialmente a quienes escrutan a su cúpula y a su entorno familiar se comporta como una organización mafiosa que considera el poder judicial un obstáculo a eliminar.
Un partido que manda, o deja que se mande, eliminar a una jueza no merece competir en igualdad de condiciones en unas elecciones.
La inhabilitación sería el castigo lógico para todo partido que trate al Poder Judicial como un enemigo a destruir.
Francisco Rubiales
El mismo tribunal impuso dieciocho años a Miguel Ángel Gallardo, entonces presidente de la Diputación y dirigente socialista. La sentencia calificó los hechos de nepotismo y arbitrariedad.
Mientras Biedma instruía con con rigor, se activó contra ella una campaña de desacreditación, seguimiento y, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, propuestas de daño físico.
El caso Leire Díez, instruido por el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional, investiga una presunta organización orientada a obstaculizar causas judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno. Según los informes de la UCO, Santos Cerdán, entonces secretario de Organización, y la exmilitante Leire Díez coordinaban actuaciones que incluían la obtención de información comprometida sobre jueces, fiscales y agentes, así como la creación de un clima de intimidación. La propia estructura del partido —reuniones en Ferraz, pagos y logística— habría estado a disposición de esa actividad.
En el caso concreto de Biedma, la UCO documentó contactos del exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada, expulsado de la carrera por una condena firme de violencia de género, con miembros de clanes de Badajoz, en particular Cintia Rocho (“La Celsa”), del entorno de Los Rochos.
Según el testimonio de Rocho recogido por los agentes, Sáenz de Tejada describió a la jueza como “un puto grano en el culo” y afirmó que “había que eliminarla”, añadiendo que “a palos aprende el burro”. La UCO aprecia en esas expresiones la intención de causar daño físico.
El 8 de octubre de 2026, Biedma declaró ante Pedraz como perjudicada. Relató una situación de angustia por su familia, confirmó los episodios de vigilancia y defendió su personación como víctima de una presunta organización criminal dirigida a erosionar su credibilidad y apartarla del procedimiento.
Esto no es una disputa ordinaria entre un partido y un juez incómodo. Es el uso de intermediarios con contactos en el narcotráfico local para plantear la eliminación física de la magistrada que investigaba al hermano del presidente, acompañado de vigilancia sobre sus hijas y de una campaña sistemática de desprestigio.
Cuando el aparato de un partido en el Gobierno —o estructuras que actúan bajo su paraguas y con sus recursos— dirige o permite operaciones de esa naturaleza contra quienes ejercen la función jurisdiccional, se cruza una línea que no admite relativización.
El Estado de derecho exige que los jueces puedan investigar a cualquier ciudadano, incluido el familiar del jefe del Ejecutivo, sin temor a que se active contra ellos una “cloaca” que habla de eliminarlos “a palos”.
La inhabilitación del PSOE parece políticamente fundada en la gravedad de los hechos indiciarios. Un partido que tolera o impulsa mecanismos para neutralizar judicialmente a quienes escrutan a su cúpula y a su entorno familiar se comporta como una organización mafiosa que considera el poder judicial un obstáculo a eliminar.
Un partido que manda, o deja que se mande, eliminar a una jueza no merece competir en igualdad de condiciones en unas elecciones.
La inhabilitación sería el castigo lógico para todo partido que trate al Poder Judicial como un enemigo a destruir.
Francisco Rubiales