En las portadas de 12 periódicos catalanes se publica hoy un editorial titulado "La dignidad de Catalunya", en el que se insta al Tribunal Constitucional a respetar el Estatut, por ser --dicen-- una ley orgánica aprobada con el visto bueno del Parlament catalán y las Cortes Generales, además de haber sido respaldada en referéndum por los ciudadanos y de contar con la sanción del Rey.
Sin embargo, a pesar de su altisonancia y de su prosa, teóricamente legal, la prensa olvida que el papel del Tribunal Constitucional es precisamente ese, frenar, cuando es necesario, una legislación que, aunque haya cumplido los trámites legales, no es acorde con la Constitución ni con el alma del Estado.
La prensa también ignora, porque no le conviene reconocerlo, que ese estatuto catalán tiene pecados de origen inconfesables y vicios que lo convierten en una pesadilla para España y, lo que es más grave, para los propios catalanes, cuya sociedad es, en muchos aspectos, rehén de una casta política lamentable.
El editorial colectivo es el más fiel reflejo escrito de lo que muchos pensadores políticos y analistas llaman ya "la locura política catalana", un "mal" que tiene el Estatut por estandarte, nacido del nacionalismo más descerebrado, impulsado por una casta de políticos minada por la corrupción y poco respetuosa con el ordenamiento constitucional, atizado imprudentemente por José Luis Rodríguez Zapatero, el peor gobernante de la España moderna, y que, para colmo de males, tiene importantes carencias de origen, como su naturaleza insolidaria, su violación instrínseca del concepto de "igualdad" y el hecho incuestionable de haber sido sancionado en referendum solamente por uno de cada tres catalanes.
Hasta los estudiantes de derecho político saben que en cualquier democracia seria, las leyes fundamentales y aquellas que tienen gran influencia sobre la sociedad deben ser aprobadas con mayorías muy cualificadas, para que no queden dudas legales, algo que no ocurrió con el Estatuto catalán, el cual, a pesar de contar con el impulso masivo de los políticos, nunca llegó a interesar a los ciudadanos, que dieron la espalda a la nueva ley en un referendum que solamente logró el "si" de uno de cada tres catalanes con derecho a voto.
Es más que evidente que el Estatuto de Autonomía catalán rompe la Constitución y crea un marco nuevo, que ahora se ha convertido en modelo para nuevos acuerdos constitucionales desastrosos con las otras regiones de España. El Tribunal Constitucional, a pesar de su polítización y de su triste sometimiento a los partidos políticos, lo ve tan claramente contrario a la Constitución que lleva tres años retrasando una sentencia que, si Dios existe y el mundo es mundo, tiene que desmontar "la locura catalana" y descontaminar el Estado español ahora, cuando todavía es posible.
La Historia será implacable con el Tribunal Constitucional y con José Luis Rodríguez Zapatero si la "locura política catalana" no es frenada a tiempo.
Muchos males ha causado Zapatero a España y el daño producido por ese mal gobernante lo padecerán el país y las futuras generaciones durante décadas, pero ninguno comparable al nuevo estatuto catalán, una pieza insolidaria, disgregadora, inconveniente, rupturista, arrogante y antiespañola, surgida no de las entrañas o deseos del pueblo sino de la obsesión de poder de la "casta política", que no sólo rompe la unidad sino que también dinamita la armonía de la sociedad española.
El "Estatuto catalán" ocupa el primer puesto en la larga lista de desatinos de Zapatero, conviviendo con la vergonzosa negociación con los terroristas de ETA, con la presentación y recomendación de Batasuna en el Parlamento europeo, con sus desaciertos como gobernante, con sus mentiras ostentosas, con su nefasta gestión de la crisis y con otros muchos errores que nos han llevado a perder la prosperidad, el empuje como pueblo, la decencia como sociedad y prestigio y peso internacional como nación.
La realidad del mal gobierno de Zapatero es tan visible y palpable que sólo dejan de percibirla los fanáticos de su partido y los cientos de miles de paniaguados que han recibido del gobierno español el sucio privilegio de vivir generosamente de los presupuestos, sin que su trabajo tenga utilidad alguna para España.
Sin embargo, a pesar de su altisonancia y de su prosa, teóricamente legal, la prensa olvida que el papel del Tribunal Constitucional es precisamente ese, frenar, cuando es necesario, una legislación que, aunque haya cumplido los trámites legales, no es acorde con la Constitución ni con el alma del Estado.
La prensa también ignora, porque no le conviene reconocerlo, que ese estatuto catalán tiene pecados de origen inconfesables y vicios que lo convierten en una pesadilla para España y, lo que es más grave, para los propios catalanes, cuya sociedad es, en muchos aspectos, rehén de una casta política lamentable.
El editorial colectivo es el más fiel reflejo escrito de lo que muchos pensadores políticos y analistas llaman ya "la locura política catalana", un "mal" que tiene el Estatut por estandarte, nacido del nacionalismo más descerebrado, impulsado por una casta de políticos minada por la corrupción y poco respetuosa con el ordenamiento constitucional, atizado imprudentemente por José Luis Rodríguez Zapatero, el peor gobernante de la España moderna, y que, para colmo de males, tiene importantes carencias de origen, como su naturaleza insolidaria, su violación instrínseca del concepto de "igualdad" y el hecho incuestionable de haber sido sancionado en referendum solamente por uno de cada tres catalanes.
Hasta los estudiantes de derecho político saben que en cualquier democracia seria, las leyes fundamentales y aquellas que tienen gran influencia sobre la sociedad deben ser aprobadas con mayorías muy cualificadas, para que no queden dudas legales, algo que no ocurrió con el Estatuto catalán, el cual, a pesar de contar con el impulso masivo de los políticos, nunca llegó a interesar a los ciudadanos, que dieron la espalda a la nueva ley en un referendum que solamente logró el "si" de uno de cada tres catalanes con derecho a voto.
Es más que evidente que el Estatuto de Autonomía catalán rompe la Constitución y crea un marco nuevo, que ahora se ha convertido en modelo para nuevos acuerdos constitucionales desastrosos con las otras regiones de España. El Tribunal Constitucional, a pesar de su polítización y de su triste sometimiento a los partidos políticos, lo ve tan claramente contrario a la Constitución que lleva tres años retrasando una sentencia que, si Dios existe y el mundo es mundo, tiene que desmontar "la locura catalana" y descontaminar el Estado español ahora, cuando todavía es posible.
La Historia será implacable con el Tribunal Constitucional y con José Luis Rodríguez Zapatero si la "locura política catalana" no es frenada a tiempo.
Muchos males ha causado Zapatero a España y el daño producido por ese mal gobernante lo padecerán el país y las futuras generaciones durante décadas, pero ninguno comparable al nuevo estatuto catalán, una pieza insolidaria, disgregadora, inconveniente, rupturista, arrogante y antiespañola, surgida no de las entrañas o deseos del pueblo sino de la obsesión de poder de la "casta política", que no sólo rompe la unidad sino que también dinamita la armonía de la sociedad española.
El "Estatuto catalán" ocupa el primer puesto en la larga lista de desatinos de Zapatero, conviviendo con la vergonzosa negociación con los terroristas de ETA, con la presentación y recomendación de Batasuna en el Parlamento europeo, con sus desaciertos como gobernante, con sus mentiras ostentosas, con su nefasta gestión de la crisis y con otros muchos errores que nos han llevado a perder la prosperidad, el empuje como pueblo, la decencia como sociedad y prestigio y peso internacional como nación.
La realidad del mal gobierno de Zapatero es tan visible y palpable que sólo dejan de percibirla los fanáticos de su partido y los cientos de miles de paniaguados que han recibido del gobierno español el sucio privilegio de vivir generosamente de los presupuestos, sin que su trabajo tenga utilidad alguna para España.