El Pleno del Congreso aprobará hoy la toma en consideración de una Proposición de Ley del PNV para derogar la reforma de las atribuciones del Tribunal Constitucional, aprobada en 2015 por el PP, que otorga a este órgano la capacidad de inhabilitar a los cargos públicos que desobedezcan sus sentencias. A cambio, propone «imponer multas coercitivas de 600 a 3.000 euros a cualquier persona, investida o no de poder público, que incumpla los requerimientos del Tribunal».
La iniciativa, que contará con el respaldo del PSOE, Podemos, PDeCAT (antigua Convergència), ERC y EH-Bildu por lo que saldrá adelante con una amplía mayoría, es un atentado contra el poder de la Justicia y un refuerzo de la ya insultante "impunidad" de la clase política española, que sólo sería castigada con ridículas multas de no más de 3.000 euros si incumple las sentencias de los altos tribunales.
La votación de hoy no cambia la ley, pero, en la práctica, impide al Tribunal Constitucional aplicar la ley vigente y destituir a los que desobedecen sus sentencias, ya que el Poder Legislativo ya se ha pronunciado en contra de esa facultad.
Se comprende que los nacionalistas quieran desarmar al Tribunal Constitucional e impedirle que destituya a los que desobecen sus sentencias, pero que se una a ellos el PSOE es una traición a la democracia, a la regeneración y a un deseo ciudadano profundamente arraigado, que exige menos impunidad para los políticos, menos poder y castigos fuertes a los que incumplan las sentencias.
El PSOE, con su voto, impide, en primer lugar, que la presidente del Parlamento de Cataluña, reincidente en la burla a las sentencias judiciales, sea destituida. Pero lo que de verdad impide es la ruta de la regeneración, imprescindible para España, pero fatal para unos políticos que se divorcian cada día más del pueblo y avanzan por la ruta de la impunidad, el abuso de poder y las manos libres para gobernar sin las naturales y exigibles trabas que impone la democracia.
Francisco Rubiales
La iniciativa, que contará con el respaldo del PSOE, Podemos, PDeCAT (antigua Convergència), ERC y EH-Bildu por lo que saldrá adelante con una amplía mayoría, es un atentado contra el poder de la Justicia y un refuerzo de la ya insultante "impunidad" de la clase política española, que sólo sería castigada con ridículas multas de no más de 3.000 euros si incumple las sentencias de los altos tribunales.
La votación de hoy no cambia la ley, pero, en la práctica, impide al Tribunal Constitucional aplicar la ley vigente y destituir a los que desobedecen sus sentencias, ya que el Poder Legislativo ya se ha pronunciado en contra de esa facultad.
Se comprende que los nacionalistas quieran desarmar al Tribunal Constitucional e impedirle que destituya a los que desobecen sus sentencias, pero que se una a ellos el PSOE es una traición a la democracia, a la regeneración y a un deseo ciudadano profundamente arraigado, que exige menos impunidad para los políticos, menos poder y castigos fuertes a los que incumplan las sentencias.
El PSOE, con su voto, impide, en primer lugar, que la presidente del Parlamento de Cataluña, reincidente en la burla a las sentencias judiciales, sea destituida. Pero lo que de verdad impide es la ruta de la regeneración, imprescindible para España, pero fatal para unos políticos que se divorcian cada día más del pueblo y avanzan por la ruta de la impunidad, el abuso de poder y las manos libres para gobernar sin las naturales y exigibles trabas que impone la democracia.
Francisco Rubiales