A dos años de distancia del atentado del 11 de marzo de 2004, son tantas las pruebas falsas, los indicios engañosos, las mentiras oficiales y, sobre todo, las sospechas, que es lícito afirmar que aquel atentado, que causó doscientos muertos y más de mil heridos, constituye una de las páginas más negras de la democracia española, comparable a episodios como el golpe fallido de Tejero o la aventura del GAL.
Las investigaciones realizadas por periodistas y medios de comunicación han puesto en evidencia elementos tan graves como que algunos personajes oficiales mintieron ante la Comisión de Investigación que en su día se creó, que las fuerzas de seguridad del Estado obraron con dudosa moralidad y escasa profesionalidad, bajo la sospecha de haber introducido en el proceso pruebas falsas, y que los indicios que demuestran que existió algún titpo de cooperación activa entre ETA y una extraña y atípica célula islamista, son cada día más sólidos.
Ante el olor que ya emana de las cloacas del Estado, el gobierno tiene la obligación de investigar con seriedad y de informar verazmente, como es su deber en democracia, a una opinión pública que vive engañada y confundida por las versiones contrapuestas que difunden los dos grandes partidos políticos del país y sus medios de comunicación afines: el PSOE, según el cual el gobierno mintió al querer adjudicar aquel atentado a ETA, cuando fue obra del islamismo, y el PP, que cree que el atentado fue una "conspiración" ideada para provocar un vuelco en la opinión pública que perrmitiera a los socialistas ganar unas elecciones que jamás habrían ganado en condiciones normales.
Con una frivolidad temeraria e inédita en la historia de la democracia española, los dos grandes partidos políticos, enfrentados e histéricos, están permitiendo que ese hedor de las cloacas del Estado, que los ciudadanos jamás deberían oler, por razones de salud pública, esté inundando el ambiente cívico español y generando una oleada de desprestigio que no sólo afecta a los políticos profesionales, sino también a dos conceptos tan básicos para la convivencia como el liderazgo y la misma democracia.
Las investigaciones realizadas por periodistas y medios de comunicación han puesto en evidencia elementos tan graves como que algunos personajes oficiales mintieron ante la Comisión de Investigación que en su día se creó, que las fuerzas de seguridad del Estado obraron con dudosa moralidad y escasa profesionalidad, bajo la sospecha de haber introducido en el proceso pruebas falsas, y que los indicios que demuestran que existió algún titpo de cooperación activa entre ETA y una extraña y atípica célula islamista, son cada día más sólidos.
Ante el olor que ya emana de las cloacas del Estado, el gobierno tiene la obligación de investigar con seriedad y de informar verazmente, como es su deber en democracia, a una opinión pública que vive engañada y confundida por las versiones contrapuestas que difunden los dos grandes partidos políticos del país y sus medios de comunicación afines: el PSOE, según el cual el gobierno mintió al querer adjudicar aquel atentado a ETA, cuando fue obra del islamismo, y el PP, que cree que el atentado fue una "conspiración" ideada para provocar un vuelco en la opinión pública que perrmitiera a los socialistas ganar unas elecciones que jamás habrían ganado en condiciones normales.
Con una frivolidad temeraria e inédita en la historia de la democracia española, los dos grandes partidos políticos, enfrentados e histéricos, están permitiendo que ese hedor de las cloacas del Estado, que los ciudadanos jamás deberían oler, por razones de salud pública, esté inundando el ambiente cívico español y generando una oleada de desprestigio que no sólo afecta a los políticos profesionales, sino también a dos conceptos tan básicos para la convivencia como el liderazgo y la misma democracia.