El fraude sistemático de UGT a las arcas públicas, que publica la prensa e investiga la justicia se ha hecho habitual y connivente entre afines, sin cuya complicidad no se hubiera dado ni siquiera la posibilidad de los desmanes. El sindicato llevaba años “sin justificar” los ingresos públicos, pero siguió obteniendo ayudas.
Destapado por el diario EL MUNDO, varios juzgados investigan, sobre la trama de las facturas falsas, el sistemático expolio sindical de los dineros oficiales. Tras levantarse el secreto del sumario, han saltado los pormenores y así se revela, que no sólo UGT se halla en el disparadero judicial, sino también CCOO y la patronal andaluza, a los que se acusa también de irregularidades en los cursos de formación. La investigación abierta por presuntas anormalidades en la finciación de UGT de Andalucía indican que este sindicato estableció, durante años, un canon revolucionario del 20% de las asignaciones que recibía de la Junta, un sistema fraudulento que desviaba los dineros públicos de los que era acreedor; UGT falsificaba las justificaciones con facturas incrementadas, que exigía a las empresas proveedoras de su máxima confianza con las que mantenía los “botes” y las “mordidas”, para su financiación irregular y luego servían para el reparto de dinero extra entre dirigentes; este sistema también lo implantó el sindicato en sus secciones provinciales, lo cual dio origen a tensiones por el reparto del botín. De las informaciones, se deduce que, por su persistencia y sus implicaciones, esas prácticas debían contar con la aquiescencia de diferentes responsables de la organización de UGT y con el conocimiento de los despachos correspondientes de la Junta A. La información no cesa, el sindicato burló cínicamente la Ley de Subvenciones presentando presupuestos ficticios a la Junta. Todo este asunto como el de los EREs está sujeto a procedimientos judiciales que desembocarán en juicio y en la correspondiente sentencia.
Es ciertamente significativo, que ninguno de los implicados haya aportado una versión convincente sobre la licitud de su actuación, a pesar de las escandalosas noticias; ningún organismo de estos aume y depura sus responsabilidades respecto a este caso de corrupción, mientras la justicia no se pronuncie con una condena firme; a este insotenible criterio es al que se están ateniendo estos sindicatos, cuya credibilidad social depende de la honestidad, eficacia y seriedad que pongan en defensa de los intereses de los trabajadores y de los sectores más desfavorecidos de la sociedad; los fondos públicos con destino a la formación no se pueden desviar a actos de dispendio y gastos fastuosos, pues constituyen un robo y una afrenta inadmisibles. Se da entre los políticos y estos sidicatos la tendencia de negarlo todo, cuando se produce la denuncia, a pesar de que las investigaciones judiciales cuentan con pruebas e indicios que saltan a la luz; creen que admitir la irregularidad y el abuso debiliita más su organización, que negarla frente a toda evidencia. Están en entredicho su solvencia cívica, su valia y honradez, al esconderse en la opacidad.
Como se ve es un ramaje de enredos de unos pícaros, que no de monipodio, que estercolan unos sindicatos, que se cree existen, para “velar y defender a los trabajadores”, pero, enfangados, han ido a la mangancia y al saqueo de los montos de millones allegados para socorrer a los parados. La Junta, considerando que había indicios suficientes, para sospechar que hubo menoscabo de esos fondos, se personó en el sumario contra UGT por perjuicio a las arcas públicas; pero, lo hace mal y tarde, esperó un año en personarse en el sumario; y, cuando ya lo había publicado la Prensa, va y acusa a UGT a regañadientes, ya obligada por el rumor.
C. Mudarra
Destapado por el diario EL MUNDO, varios juzgados investigan, sobre la trama de las facturas falsas, el sistemático expolio sindical de los dineros oficiales. Tras levantarse el secreto del sumario, han saltado los pormenores y así se revela, que no sólo UGT se halla en el disparadero judicial, sino también CCOO y la patronal andaluza, a los que se acusa también de irregularidades en los cursos de formación. La investigación abierta por presuntas anormalidades en la finciación de UGT de Andalucía indican que este sindicato estableció, durante años, un canon revolucionario del 20% de las asignaciones que recibía de la Junta, un sistema fraudulento que desviaba los dineros públicos de los que era acreedor; UGT falsificaba las justificaciones con facturas incrementadas, que exigía a las empresas proveedoras de su máxima confianza con las que mantenía los “botes” y las “mordidas”, para su financiación irregular y luego servían para el reparto de dinero extra entre dirigentes; este sistema también lo implantó el sindicato en sus secciones provinciales, lo cual dio origen a tensiones por el reparto del botín. De las informaciones, se deduce que, por su persistencia y sus implicaciones, esas prácticas debían contar con la aquiescencia de diferentes responsables de la organización de UGT y con el conocimiento de los despachos correspondientes de la Junta A. La información no cesa, el sindicato burló cínicamente la Ley de Subvenciones presentando presupuestos ficticios a la Junta. Todo este asunto como el de los EREs está sujeto a procedimientos judiciales que desembocarán en juicio y en la correspondiente sentencia.
Es ciertamente significativo, que ninguno de los implicados haya aportado una versión convincente sobre la licitud de su actuación, a pesar de las escandalosas noticias; ningún organismo de estos aume y depura sus responsabilidades respecto a este caso de corrupción, mientras la justicia no se pronuncie con una condena firme; a este insotenible criterio es al que se están ateniendo estos sindicatos, cuya credibilidad social depende de la honestidad, eficacia y seriedad que pongan en defensa de los intereses de los trabajadores y de los sectores más desfavorecidos de la sociedad; los fondos públicos con destino a la formación no se pueden desviar a actos de dispendio y gastos fastuosos, pues constituyen un robo y una afrenta inadmisibles. Se da entre los políticos y estos sidicatos la tendencia de negarlo todo, cuando se produce la denuncia, a pesar de que las investigaciones judiciales cuentan con pruebas e indicios que saltan a la luz; creen que admitir la irregularidad y el abuso debiliita más su organización, que negarla frente a toda evidencia. Están en entredicho su solvencia cívica, su valia y honradez, al esconderse en la opacidad.
Como se ve es un ramaje de enredos de unos pícaros, que no de monipodio, que estercolan unos sindicatos, que se cree existen, para “velar y defender a los trabajadores”, pero, enfangados, han ido a la mangancia y al saqueo de los montos de millones allegados para socorrer a los parados. La Junta, considerando que había indicios suficientes, para sospechar que hubo menoscabo de esos fondos, se personó en el sumario contra UGT por perjuicio a las arcas públicas; pero, lo hace mal y tarde, esperó un año en personarse en el sumario; y, cuando ya lo había publicado la Prensa, va y acusa a UGT a regañadientes, ya obligada por el rumor.
C. Mudarra