Sacrificios humanos en la América precolombina
Desmontar las mentiras de la Leyenda Negra antiespañola y restablecer la verdad histórica sobre lo que realmente fue el dominio de España sobre gran parte del mundo son dos de los principales deberes de los españoles del presente. Aunque los políticos españoles figuren entre los peores del mundo y sólo se interesen por sus privilegios y por la conquista del poder inmediato, sin espacio para las tareas nobles y de alcance, la tarea de investigación, divulgación y relaciones públicas necesaria para derrotar las mentiras fraguadas contra España deben contar con un presupuesto adecuado y un gran esfuerzo del Estado español.
Los indígenas, durante el dominio español, tenían los mismos derechos y deberes que los peninsulares (nacidos en España). La desigualdad y la discriminación comenzaron cuando los virreinatos, apoyados principalmente por Gran Bretaña y las sectas masónicas europeas establecidas en América, tomaron el control de los territorios, aprovechando la debilidad que tenía aquella España invadida por Napoleón. En las repúblicas independientes que surgieron en América, los independentistas adoptaron métodos y maneras típicas del colonialismo anglosajón y a principios del siglo XIX, después de las guerras de independencia, donde los nativos indígenas combatieron masivamente al lado de las tropas reales españolas, comenzó la pérdida de derechos de los indígenas y mestizos. Esos personajes a los que los latinoamericanos llaman "Libertadores" y "Próceres" fueron a veces asesinos y masacradores encubiertos y son los principales culpables de la pérdida de derechos y explotación de los indígenas y mestizos, no la monarquía española, como falsamente han divulgado los enemigos de España.
En 1853 la Argentina, con más de 30 pueblos indígenas, proclama su constitución en 1853 y en ella no se considera a sus más de 30 pueblos indígenas sujetos de Derecho ni les reconoce la propiedad de sus tierras, como ocurría durante el llamado "dominio español". El Código Civil argentino de 1871 ni menciona la palabra "indígena" y así, en 1879 durante la "Conquista del Desierto" el ejército pudo no solo expulsar de sus tierras a los Mapuches, sinó también asesinarlos y esclavizar a los supervivientes sin incurrir en responsabilidades penales.
En 1856, concretamente el 25 de junio, México aprueba la Ley de Desamortización de las Fincas Rústicas Urbanas de las Corporaciones Civiles y Religiosas, o Ley Lerdo, por su impulsor Miguel Lerdo de Tejada. Lo de "Corporaciones Civiles) se refiere a las Comunidades Indígenas y significa que sus tierras comunales fueron expropiadas y subastadas, para que los grandes terratenientes pudiesen hacerse con ellas a bajo precio: cincuenta años más tarde, esos terratenientes (el 1% de las familias) poseía el 85% de la tierra útil. Nada de eso habría podido ocurrir durante el dominio español, cuyas leyes protegían eficazmente a los nativos.
En 1874, en Bolivia, el gobierno Frías aprueba la Ley de Ex vinculación, implementada en 1881 por la Revisita General de Tierras, que permitió la expropiación de los ejidos y demás tierras comunales indígenas.
En 1877, el gobierno Barrios, en Guatemala, dicta el Decreto 170, dentro de la Ley de Redención de Censos, por el que expropia las tierras comunales indígenas y las entrega a sus sicarios. Meses después publica el Reglamento de Jornaleros, que obliga a los indígenas a trabajar las tierras que les acababa de robar.
En 1882 El Salvador hace lo propio. En Nicaragua el presidente Chamorro les imita.
En Colombia, ya desde el momento mismo de la independencia, en el Cauca, familias como los Mosquera, Zambrano, Valencia y Arboleda despojan a los indígenas de sus tierras y a finales del siglo XIX el 77% de la tierra pertenece ya al 13% de los propietarios; y de estos, el 3,6% acapara el 30% de esa tierra. Ya en el siglo XX, ante la demanda de azúcar debida al embargo a la Cuba castrista, se da una segunda ola de apropiaciones durante toda la década de los 60.
Hoy no existe un sólo país en América Latina donde los indígenas no sigan siendo expoliados, mientras sus líderes son impunemente asesinados.
Nada de esto ocurría cuando la Corona española administraba esos territorios, a los que España nunca consideró colonias sino parte de su territorio, lo que le obligaba a establecer en ellos leyes iguales a las vigentes en España.
No fue España la que cometió abusos en América, aunque hubo españoles que los cometieron, pero tanto en América como en la misma España. La conquista fue una conquista militar hábil, que aprovechó en enfrentamiento existente entre distintas tribus y pueblos para imponer el dominio español, que muchas veces vino a sustituir la barbarie, como el canibalismo, los sacrificios humanos y el asesinato de pueblos enteros, por una legislación moderna que protegía derechos fundamentales básicos que hoy ni siquiera se respetan.
Estas verdades, ocultadas y sustituidas por falsedades e infundios, principalmente por los anglosajones y sus lacayos de la oligarquía latinoamericana, tiene que ser restituida y España debe dedicar en este siglo XXI, donde los vientos de la verdad y de la revisión histórica suenan fuertes, un gran esfuerzo nacional.
Francisco Rubiales
Los indígenas, durante el dominio español, tenían los mismos derechos y deberes que los peninsulares (nacidos en España). La desigualdad y la discriminación comenzaron cuando los virreinatos, apoyados principalmente por Gran Bretaña y las sectas masónicas europeas establecidas en América, tomaron el control de los territorios, aprovechando la debilidad que tenía aquella España invadida por Napoleón. En las repúblicas independientes que surgieron en América, los independentistas adoptaron métodos y maneras típicas del colonialismo anglosajón y a principios del siglo XIX, después de las guerras de independencia, donde los nativos indígenas combatieron masivamente al lado de las tropas reales españolas, comenzó la pérdida de derechos de los indígenas y mestizos. Esos personajes a los que los latinoamericanos llaman "Libertadores" y "Próceres" fueron a veces asesinos y masacradores encubiertos y son los principales culpables de la pérdida de derechos y explotación de los indígenas y mestizos, no la monarquía española, como falsamente han divulgado los enemigos de España.
En 1853 la Argentina, con más de 30 pueblos indígenas, proclama su constitución en 1853 y en ella no se considera a sus más de 30 pueblos indígenas sujetos de Derecho ni les reconoce la propiedad de sus tierras, como ocurría durante el llamado "dominio español". El Código Civil argentino de 1871 ni menciona la palabra "indígena" y así, en 1879 durante la "Conquista del Desierto" el ejército pudo no solo expulsar de sus tierras a los Mapuches, sinó también asesinarlos y esclavizar a los supervivientes sin incurrir en responsabilidades penales.
En 1856, concretamente el 25 de junio, México aprueba la Ley de Desamortización de las Fincas Rústicas Urbanas de las Corporaciones Civiles y Religiosas, o Ley Lerdo, por su impulsor Miguel Lerdo de Tejada. Lo de "Corporaciones Civiles) se refiere a las Comunidades Indígenas y significa que sus tierras comunales fueron expropiadas y subastadas, para que los grandes terratenientes pudiesen hacerse con ellas a bajo precio: cincuenta años más tarde, esos terratenientes (el 1% de las familias) poseía el 85% de la tierra útil. Nada de eso habría podido ocurrir durante el dominio español, cuyas leyes protegían eficazmente a los nativos.
En 1874, en Bolivia, el gobierno Frías aprueba la Ley de Ex vinculación, implementada en 1881 por la Revisita General de Tierras, que permitió la expropiación de los ejidos y demás tierras comunales indígenas.
En 1877, el gobierno Barrios, en Guatemala, dicta el Decreto 170, dentro de la Ley de Redención de Censos, por el que expropia las tierras comunales indígenas y las entrega a sus sicarios. Meses después publica el Reglamento de Jornaleros, que obliga a los indígenas a trabajar las tierras que les acababa de robar.
En 1882 El Salvador hace lo propio. En Nicaragua el presidente Chamorro les imita.
En Colombia, ya desde el momento mismo de la independencia, en el Cauca, familias como los Mosquera, Zambrano, Valencia y Arboleda despojan a los indígenas de sus tierras y a finales del siglo XIX el 77% de la tierra pertenece ya al 13% de los propietarios; y de estos, el 3,6% acapara el 30% de esa tierra. Ya en el siglo XX, ante la demanda de azúcar debida al embargo a la Cuba castrista, se da una segunda ola de apropiaciones durante toda la década de los 60.
Hoy no existe un sólo país en América Latina donde los indígenas no sigan siendo expoliados, mientras sus líderes son impunemente asesinados.
Nada de esto ocurría cuando la Corona española administraba esos territorios, a los que España nunca consideró colonias sino parte de su territorio, lo que le obligaba a establecer en ellos leyes iguales a las vigentes en España.
No fue España la que cometió abusos en América, aunque hubo españoles que los cometieron, pero tanto en América como en la misma España. La conquista fue una conquista militar hábil, que aprovechó en enfrentamiento existente entre distintas tribus y pueblos para imponer el dominio español, que muchas veces vino a sustituir la barbarie, como el canibalismo, los sacrificios humanos y el asesinato de pueblos enteros, por una legislación moderna que protegía derechos fundamentales básicos que hoy ni siquiera se respetan.
Estas verdades, ocultadas y sustituidas por falsedades e infundios, principalmente por los anglosajones y sus lacayos de la oligarquía latinoamericana, tiene que ser restituida y España debe dedicar en este siglo XXI, donde los vientos de la verdad y de la revisión histórica suenan fuertes, un gran esfuerzo nacional.
Francisco Rubiales