Nosotros, en el peor de los casos, si estamos drogados, podemos causar un accidente de tráfico colisionando con otro vehículo, pero nuestros políticos, si acuden drogados o borrachos a las sesiones parlamentarias, pueden causar daños mucho mayores e incluso letales y masivos, aprobando leyes inicuas, suprimiendo derechos, saqueando el país y adoptando decisiones injustas y arbitrarias que hasta pueden causar dolor, ruina y muerte.
Si existiera justicia, igualdad y cordura democrática, los controles a los políticos serían obligatorios y se realizarían en la entrada del Congreso y el Senado, antes de las sesiones.
Pero tienen los políticos tanta arrogancia, soberbia y poder y están tan lejos de la igualdad y de la democracia que se niegan a cualquier control democrático, incluso a esos controles, aconsejados por la prudencia y la razón. En lugar de asumirlos comportarse como verdaderos demócratas, obran como amos y sátrapas.
Hay muchas aspiraciones ciudadanas compartidas por la inmensa mayoría que los políticos se niegan a asumir, comportándose como sátrapas enfrentados a la voluntad popular. La de los controles de alcoholemia y drogas es una de ellas, pero la mayoría ciudadana desea eliminar también la financiación de los partidos políticos y sindicatos con dinero del contribuyente, imponer castigos fuertes de prisión para los ladrones de dinero público, que no podrían abandonar la cárcel hasta que devolvieran el botín, e incluso la supresión de las comunidades autónomas, que son incosteables y fuentes permanentes de despilfarro, disgregación, conflictos y diferencias, así como la desaparición de las muchas instituciones y empresas públicas creadas por los políticos sin que sirvan para nada, salvo para colocar en ellas a familiares y amigos del poder.
Una democracia verdadera está obligada a someterse a la voluntad de los ciudadanos, salvo en aquellos casos que el deseo ciudadano sea considerado una barbaridad por el poder establecido. En esos casos, la democracia establece que se convoque un referéndum para decidir. El referéndum permite un debate amplio y abierto de la sociedad sobre la discrepancia, que educa, informa y forma a los ciudadanos, además de implicarlos en las decisiones, como establece la ortodoxia democrática.
Pero en España, donde la democracia es inexistente porque ha sido sustituida por un Estado de partidos políticos con poderes excesivos y descontrolados, los gobernantes se consideran con derecho a gobernar a capricho, como si tuvieran en sus manos un cheque en blanco, incluso en contra da la voluntad popular.
Francisco Rubiales
Si existiera justicia, igualdad y cordura democrática, los controles a los políticos serían obligatorios y se realizarían en la entrada del Congreso y el Senado, antes de las sesiones.
Pero tienen los políticos tanta arrogancia, soberbia y poder y están tan lejos de la igualdad y de la democracia que se niegan a cualquier control democrático, incluso a esos controles, aconsejados por la prudencia y la razón. En lugar de asumirlos comportarse como verdaderos demócratas, obran como amos y sátrapas.
Hay muchas aspiraciones ciudadanas compartidas por la inmensa mayoría que los políticos se niegan a asumir, comportándose como sátrapas enfrentados a la voluntad popular. La de los controles de alcoholemia y drogas es una de ellas, pero la mayoría ciudadana desea eliminar también la financiación de los partidos políticos y sindicatos con dinero del contribuyente, imponer castigos fuertes de prisión para los ladrones de dinero público, que no podrían abandonar la cárcel hasta que devolvieran el botín, e incluso la supresión de las comunidades autónomas, que son incosteables y fuentes permanentes de despilfarro, disgregación, conflictos y diferencias, así como la desaparición de las muchas instituciones y empresas públicas creadas por los políticos sin que sirvan para nada, salvo para colocar en ellas a familiares y amigos del poder.
Una democracia verdadera está obligada a someterse a la voluntad de los ciudadanos, salvo en aquellos casos que el deseo ciudadano sea considerado una barbaridad por el poder establecido. En esos casos, la democracia establece que se convoque un referéndum para decidir. El referéndum permite un debate amplio y abierto de la sociedad sobre la discrepancia, que educa, informa y forma a los ciudadanos, además de implicarlos en las decisiones, como establece la ortodoxia democrática.
Pero en España, donde la democracia es inexistente porque ha sido sustituida por un Estado de partidos políticos con poderes excesivos y descontrolados, los gobernantes se consideran con derecho a gobernar a capricho, como si tuvieran en sus manos un cheque en blanco, incluso en contra da la voluntad popular.
Francisco Rubiales