Cataluña ha creado su propia Agencia Tributaria sin esperar el fallo del Tribunal Constitucional, que, incomprensiblemente, retrasa su decisión sobre si el Estatuto que en su día impulsó José Luis Rodríguez Zapatero es inconstitucional.
El Parlamento catalán aprobó ayer la creación de la Agencia Tributaria de Cataluña, asumiendo más soberanía y restándosela al Estado español, cuya presencia en territorio catalán es ya residual.
Es la primera ley catalana que desarrolla el nuevo Estatuto y que, según algunos comentaristas y expertos, va mucho más allá de lo que permite el mismo Estatuto. En cualquier caso, es el primer zarpazo a la unidad de España, a la soberanía y a los principios de igualdad y solidaridad de la bestia creada por el nacionalismo catalán y alimentada por Zapaterto.
Si el atropeyo se consolida ¿quien podrá impedir a las demás comunidades autónomas que exijan el mismo trato?
El Estado, por culpa de la inconsistencia del liderazgo político y del mal gobierno, está en proceso de desintegración y ese proceso debe detenerse, lo que convierte a los tribunales de Justicia en una última playa desde la que puede defenderse esta nación.
En estos momentos de riesgo y peligro emana la vergüenza del referendum mediante al cual se dio por aprobado el Estatuto de Cataluña, que recibió el apoyo efectivo de un tercio del electorado, un porcentaje manifiestamente insuficiente y contrario a las tendencias democráticas actuales, que recomiendan que las leyes fundamentales (y el Estatuto lo es) sean aprobadas por mayorías muy cualificadas, preferiblemente por dos terceras partes o, al menos, tres quintas partes del electorado.
El PP ya recurrió todo el capítulo del texto estatutario sobre financiación ante el Tribunal Constitucional por entender que se vulneraban los principios de coordinación y solidaridad. La Rioja también lo hizo, mientras que el Defensor del Pueblo impugnó la bilateralidad que se desprende del mismo.
Sin embargo, el Gobierno de Montilla (tripartito con presidencia socialista) no ha querido esperar a que el TC emita su sentencia y ha optado por la política de hechos consumados. La aprobación de este proyecto de ley, que atribuye a la Agencia competencias que van más allá incluso de lo que observa el texto estatutario, fue posible gracias a los votos de los grupos que forman el tripartito -PSC, ERC e ICV- y CiU.