Admirado juez:
Personalmente, le considero el más sólido bastión de la democracia española, en estos tiempos de zozobra. Y ese mérito no se debe a que usted sea un héroe, sino, simplemente, a que demuestra ser el único hombre público que conozco interesado en que se cumpla la ley en un sistema de partidos que ha caído demasiado bajo al anteponer los intereses políticos al Estado de Derecho.
Tras reconecerle su valor, me gustaría preguntarle si no debiera usted poner el punto de mira en los que gestionan el poder político (gobierno) más que en esos empresarios a los que acusa por haber pagado a ETA.
En mi opinión, si los empresarios pagaron voluntariamente, sin coacción, sí deberían ser procesados, pero no si sintieron miedo y sucumbieron a la cobardía y al chantaje de ETA. A los ciudadanos no se les puede pedir que sean héroes. Sin embargo, quienes "si" deberían ser procesados, en mi opinión, son aquellos que gobiernan e incumplen su compromiso de defender a los ciudadanos.
Usted sabe mejor que yo que el Estado moderno tiene uno de sus pilares en el famoso "contrato" que formuló Rousseau. Ese contraro, perfeccionado con el tiempo, establece que el gobierno asume el poder y cobra impuestos no a cambio de nada sino a cambio de prestar servicios concretos y de gran importancia a la ciudadanía. Uno de esos servicios es la defensa. El Estado, a cambio de defender a los ciudadanos, ha sido exigente y ha logrado el monopolio de la violencia y nos ha prohibido portar armas y ejercer la justicia por nuestra cuenta. Pero resulta que el Estado incumple con ese deber de manera vergonzosa e injusta. Cobra impuestos, mantiene su monopolio de la violencia y se ha rodeado de servidores armados (policías, servicios secretos, etc.), pero los ciudadanos son secuestrados, asesinados, asaltados por las calles y en sus propios hogares y chantajeados por terroristas y bandas de delincuentes, sin que el Estado demuestra eficacia alguna en el cumplimiento dr su deber.
¿No es ese incumplimiento perseguible judicialmente?
Donde el Estado sí demuestra eficacia es a la hora de defender a los políticos (defenderse ellos mismos, la casta dominante), porque destina a la misión de proteger a las élites políticas casi un tercio de los efectivos policiales. Pero al resto de la sociedad, incluyendo a los miles de empresarios que se ven obligados a pagar también un "impuesto" ante el chantaje de ETA, está desprotegida por los ineficientes e injustos gobernantes, inclumplidores de su parte en el contrato social que justifica el Estado moderno.
¿No cree llegada la hora de que una justicia que sea justa e independiente, que, por desgracia, no existe en España, salvo en el caso de algunos jueces honrados y osados, arremeta contra esos gobernantes que incumplen con una desfachatez supina su compromiso con la ciudadanía y que gozán de una práctica impunidad a pesar de su estafa?
Tal vez yo no tenga razón, pero me gustaría escuchar cómo justifica usted que se encarcele a los empresarios que han pagado a ETA y no a los responsables gubernamentales de que ETA, con la que el Ejecutivo quiere firmar "la paz", pueda seguir extorsionando y amedrentando a los ciudadanos.
Personalmente, le considero el más sólido bastión de la democracia española, en estos tiempos de zozobra. Y ese mérito no se debe a que usted sea un héroe, sino, simplemente, a que demuestra ser el único hombre público que conozco interesado en que se cumpla la ley en un sistema de partidos que ha caído demasiado bajo al anteponer los intereses políticos al Estado de Derecho.
Tras reconecerle su valor, me gustaría preguntarle si no debiera usted poner el punto de mira en los que gestionan el poder político (gobierno) más que en esos empresarios a los que acusa por haber pagado a ETA.
En mi opinión, si los empresarios pagaron voluntariamente, sin coacción, sí deberían ser procesados, pero no si sintieron miedo y sucumbieron a la cobardía y al chantaje de ETA. A los ciudadanos no se les puede pedir que sean héroes. Sin embargo, quienes "si" deberían ser procesados, en mi opinión, son aquellos que gobiernan e incumplen su compromiso de defender a los ciudadanos.
Usted sabe mejor que yo que el Estado moderno tiene uno de sus pilares en el famoso "contrato" que formuló Rousseau. Ese contraro, perfeccionado con el tiempo, establece que el gobierno asume el poder y cobra impuestos no a cambio de nada sino a cambio de prestar servicios concretos y de gran importancia a la ciudadanía. Uno de esos servicios es la defensa. El Estado, a cambio de defender a los ciudadanos, ha sido exigente y ha logrado el monopolio de la violencia y nos ha prohibido portar armas y ejercer la justicia por nuestra cuenta. Pero resulta que el Estado incumple con ese deber de manera vergonzosa e injusta. Cobra impuestos, mantiene su monopolio de la violencia y se ha rodeado de servidores armados (policías, servicios secretos, etc.), pero los ciudadanos son secuestrados, asesinados, asaltados por las calles y en sus propios hogares y chantajeados por terroristas y bandas de delincuentes, sin que el Estado demuestra eficacia alguna en el cumplimiento dr su deber.
¿No es ese incumplimiento perseguible judicialmente?
Donde el Estado sí demuestra eficacia es a la hora de defender a los políticos (defenderse ellos mismos, la casta dominante), porque destina a la misión de proteger a las élites políticas casi un tercio de los efectivos policiales. Pero al resto de la sociedad, incluyendo a los miles de empresarios que se ven obligados a pagar también un "impuesto" ante el chantaje de ETA, está desprotegida por los ineficientes e injustos gobernantes, inclumplidores de su parte en el contrato social que justifica el Estado moderno.
¿No cree llegada la hora de que una justicia que sea justa e independiente, que, por desgracia, no existe en España, salvo en el caso de algunos jueces honrados y osados, arremeta contra esos gobernantes que incumplen con una desfachatez supina su compromiso con la ciudadanía y que gozán de una práctica impunidad a pesar de su estafa?
Tal vez yo no tenga razón, pero me gustaría escuchar cómo justifica usted que se encarcele a los empresarios que han pagado a ETA y no a los responsables gubernamentales de que ETA, con la que el Ejecutivo quiere firmar "la paz", pueda seguir extorsionando y amedrentando a los ciudadanos.