Pte. del CAA
Andalucía, a juzgar por las declaraciones del presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), Manuel Ángel Vázquez Medel, pretende calcar la antidemocrática ruta abierta por el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAT), asumiendo también poderes especiales y la capacidad de sancionar y retirar licencias a emisoras de radio y televisión cuando, a su juicio, atenten contra los principios constitucionales.
El Consejo Audiovisual de Andalucía, aprobó hace sólo unos días su propio Reglamento que, según su presidente, le da potestad, como al controvertido de Cataluña, para sancionar y retirar programas de televisión o radio, cuando atenten contra los principios constitucionales.
El diario ABC, en su edición de 22/12/2005, dice que si la Generalitat de Cataluña va a poder cerrar emisoras si considera que su información no es veraz o plural, Andalucía pretende no ser menos, ya que el Consejo Audiovisual Andaluz (CAA) tendrá en unas semanas potestad para hacer algo similar. Al menos así lo anunció el propio presidente del CAA, Vázquez Medel, quien debe su cargo, su obediencia y lealtad al partido político que lo ha designado.
La Ley de Creación del Consejo Audiovisual de Andalucía, publicada en el Boletín Oficial de la Junta hace ahora justo un año, reconoció en su artículo 4 que entre las funciones de este órgano se encuentra «velar por el cumplimiento de los principios constitucionales y estatutarios, en especial los referentes a los de pluralismo político, social, religioso, cultural, de objetividad y veracidad informativa». A esa declaración se unía también la posibilidad de solicitar «el cese o la rectificación de la publicidad ilícita o prohibida, y cuando proceda, disponerlo, de conformidad con la legislación aplicable y en los supuestos que la misma establezca». Pero además de esa proclamación en el texto inicial, el Consejo Audiovisual, que lleva funcionando en Andalucía desde el pasado mes de octubre, aprobó hace sólo unos días su propio Reglamento que, según su presidente, le da potestad para sancionar y retirar programas de televisión o radio cuando atenten contra los principios constitucionales.
El citado reglamento da al Consejo potestad para realizar conclusiones, informes, estudios y diagnósticos de la realidad audiovisual y para realizar dictámenes, recomendaciones e incluso advertencias. Y también concede al Consejo Audiovisual la potestad para sancionar a aquellos que no cumplan estos principios con la finalidad de hacer que se cumplan.
Los profesionales andaluces, individualmente y a través de sus órganos corporativos, deberían iniciar una campaña para defender la libertad de expresión e impedir que se otorguen al CAA esas facultades sancionadoras, que en democracia deben corresponder únicamente al poder judicial.
La decisión de sancionar a los medios que mientan no es democráticamente criticable, siempre que lo hiciera un tribunal de justicia. Lo que es intolerable es otorgar ese poder a una institución cuyos miembros son nombrados por partidos políticos, que deben su lealtad, obediencia y sueldo a los partidos que les designan. Es como que un empreado del Real Madrid arbitrase un encuentro entre ese equipo y el Barcelona.
La experiencia histórica demuestra que decisiones como la catalana son más propias de regímenes totalitarios, como el de la actual China, habiatuados a colocar mordazas a la libertad, que de democracias verdaderas.
La única forma en democracia de entender la libertad de expresión es la que establece el artículo 20 de la Constitución española, que consagra el derecho de los ciudadanos (no sólo de los periodistas y de los medios) a dar y a recibir información, sin otras limitaciones que las establecidas en el Código Penal.
Todo lo demás no es democracia.
El Consejo Audiovisual de Andalucía, aprobó hace sólo unos días su propio Reglamento que, según su presidente, le da potestad, como al controvertido de Cataluña, para sancionar y retirar programas de televisión o radio, cuando atenten contra los principios constitucionales.
El diario ABC, en su edición de 22/12/2005, dice que si la Generalitat de Cataluña va a poder cerrar emisoras si considera que su información no es veraz o plural, Andalucía pretende no ser menos, ya que el Consejo Audiovisual Andaluz (CAA) tendrá en unas semanas potestad para hacer algo similar. Al menos así lo anunció el propio presidente del CAA, Vázquez Medel, quien debe su cargo, su obediencia y lealtad al partido político que lo ha designado.
La Ley de Creación del Consejo Audiovisual de Andalucía, publicada en el Boletín Oficial de la Junta hace ahora justo un año, reconoció en su artículo 4 que entre las funciones de este órgano se encuentra «velar por el cumplimiento de los principios constitucionales y estatutarios, en especial los referentes a los de pluralismo político, social, religioso, cultural, de objetividad y veracidad informativa». A esa declaración se unía también la posibilidad de solicitar «el cese o la rectificación de la publicidad ilícita o prohibida, y cuando proceda, disponerlo, de conformidad con la legislación aplicable y en los supuestos que la misma establezca». Pero además de esa proclamación en el texto inicial, el Consejo Audiovisual, que lleva funcionando en Andalucía desde el pasado mes de octubre, aprobó hace sólo unos días su propio Reglamento que, según su presidente, le da potestad para sancionar y retirar programas de televisión o radio cuando atenten contra los principios constitucionales.
El citado reglamento da al Consejo potestad para realizar conclusiones, informes, estudios y diagnósticos de la realidad audiovisual y para realizar dictámenes, recomendaciones e incluso advertencias. Y también concede al Consejo Audiovisual la potestad para sancionar a aquellos que no cumplan estos principios con la finalidad de hacer que se cumplan.
Los profesionales andaluces, individualmente y a través de sus órganos corporativos, deberían iniciar una campaña para defender la libertad de expresión e impedir que se otorguen al CAA esas facultades sancionadoras, que en democracia deben corresponder únicamente al poder judicial.
La decisión de sancionar a los medios que mientan no es democráticamente criticable, siempre que lo hiciera un tribunal de justicia. Lo que es intolerable es otorgar ese poder a una institución cuyos miembros son nombrados por partidos políticos, que deben su lealtad, obediencia y sueldo a los partidos que les designan. Es como que un empreado del Real Madrid arbitrase un encuentro entre ese equipo y el Barcelona.
La experiencia histórica demuestra que decisiones como la catalana son más propias de regímenes totalitarios, como el de la actual China, habiatuados a colocar mordazas a la libertad, que de democracias verdaderas.
La única forma en democracia de entender la libertad de expresión es la que establece el artículo 20 de la Constitución española, que consagra el derecho de los ciudadanos (no sólo de los periodistas y de los medios) a dar y a recibir información, sin otras limitaciones que las establecidas en el Código Penal.
Todo lo demás no es democracia.