En democracia, el mandato que reciben los políticos electos no es incondicional, sino fiduciario, basado en la confianza, que puede mantenerse o perderse, según se gobierne bien o mal. El derecho de los ciudadanos a retirar su confianza a políticos que les traicionan y que les llevan hasta la ruina como gobernantes no es reconocido en España, un país con una democracia degradada en el que el ciudadano es el gran marginado.
Muchos políticos, desde su arrogancia, interpretan y aplican a su conveniencia no sólo los criterios y deseos de los ciudadanos sino también las normas más elementales del sistema y hasta las leyes más sagradas. Según la más extendida de esas perversiones antidemocráticas, el ciudadano debe renunciar a su voluntad política y a su soberanía nada más emitir su voto, pues los políticos votados pasan a apropiarse de la soberanía popular y hacer con ella su coto señorial
Zapatero, durante su largo y lamentable mandato, ignoró que el poder sólo es incondicinal en las tiranías y siempre está condicionado en democracia a la confianza y al bien gobierno. Lo que los ciudadanos encomendaron a Zapatero, al elegirlo en las urnas, no era "que gobierne", sino que "gobierne bien", lo que es muy diferente.
Con Mariano Rajoy y el Partido Popular ocurre justo lo mismo, pues, para desgracia de los españoles, PSOE y PP son dos partidos políticos ajenos a la democracia verdadera y encuadrados en una partitocracia radical que puede también describirse casi como una dictadura de partidos.
Es tan sencillo como cuando el consejo de administración de una empresa designa a un director general. Obviamente, no lo hace para que dirija la empresa como él quiera, sino para que dirija bien y obtenga resultados. Si no lo hace bien, pierde el puesto, ya sea dimitiendo o mediante expulsión. En política, debería ocurrir exactamente lo mismo, si se cumplieran las reglas, y de hecho ocurre así en algunas democracias avanzadas del mundo, pero no en España, donde los políticos han tergiversado las reglas y, cuando son designados, no sólo se creen elegidos sin limitación alguna hasta las próximas elecciones, sino que arrebatan la empresa (El Estado democrático) a sus dueños, que son los ciudadanos, se adueñan de la empresa y hasta someten y maltratan a sus verdaderos dueños.
En las democracias reales y limpias, cuando un gobernante comete errores graves, dimite, interpretando correctamente que ha fallado y ha traicionado la confianza que los ciudadanos depositaron en él. Pero no ocurre eso en España, considerada un ejemplo mundial de descaro y degeneración política, entre otras muchas razones porque sus políticos nunca dimiten.
En España, donde la democracia ha alcanzado un nivel de degradación y podredumbre que ya sólo es comparable al de algunos países subdesarrollados de Ásia, África y Latinoamérica, los políticos interpretan que , cuando han sido elegidos, hay que aguantarlos hasta las próximas elecciones, hagan lo que hagan, incluso si con su comportamiento es erróneo y torpe llevan al país hacia la ruina y el desastre.
Ese criterio empobrece, degrada y pudre la democracia española, convierte a los ciudadanos en rehenes secuestrados por sus políticos y crea el caldo de cultivo propicio para que germinen la corrupción y el abuso de poder.
El primer deber de todo demócrata español es acabar con esa concepción casi totalitaria del poder reformando las leyes y normas hasta conseguir que los políticos respondan de sus actos y se sientan vinculados no tanto al poder como al servicio al ciudadano y a su eficacia como gobernantes.
Muchos políticos, desde su arrogancia, interpretan y aplican a su conveniencia no sólo los criterios y deseos de los ciudadanos sino también las normas más elementales del sistema y hasta las leyes más sagradas. Según la más extendida de esas perversiones antidemocráticas, el ciudadano debe renunciar a su voluntad política y a su soberanía nada más emitir su voto, pues los políticos votados pasan a apropiarse de la soberanía popular y hacer con ella su coto señorial
Zapatero, durante su largo y lamentable mandato, ignoró que el poder sólo es incondicinal en las tiranías y siempre está condicionado en democracia a la confianza y al bien gobierno. Lo que los ciudadanos encomendaron a Zapatero, al elegirlo en las urnas, no era "que gobierne", sino que "gobierne bien", lo que es muy diferente.
Con Mariano Rajoy y el Partido Popular ocurre justo lo mismo, pues, para desgracia de los españoles, PSOE y PP son dos partidos políticos ajenos a la democracia verdadera y encuadrados en una partitocracia radical que puede también describirse casi como una dictadura de partidos.
Es tan sencillo como cuando el consejo de administración de una empresa designa a un director general. Obviamente, no lo hace para que dirija la empresa como él quiera, sino para que dirija bien y obtenga resultados. Si no lo hace bien, pierde el puesto, ya sea dimitiendo o mediante expulsión. En política, debería ocurrir exactamente lo mismo, si se cumplieran las reglas, y de hecho ocurre así en algunas democracias avanzadas del mundo, pero no en España, donde los políticos han tergiversado las reglas y, cuando son designados, no sólo se creen elegidos sin limitación alguna hasta las próximas elecciones, sino que arrebatan la empresa (El Estado democrático) a sus dueños, que son los ciudadanos, se adueñan de la empresa y hasta someten y maltratan a sus verdaderos dueños.
En las democracias reales y limpias, cuando un gobernante comete errores graves, dimite, interpretando correctamente que ha fallado y ha traicionado la confianza que los ciudadanos depositaron en él. Pero no ocurre eso en España, considerada un ejemplo mundial de descaro y degeneración política, entre otras muchas razones porque sus políticos nunca dimiten.
En España, donde la democracia ha alcanzado un nivel de degradación y podredumbre que ya sólo es comparable al de algunos países subdesarrollados de Ásia, África y Latinoamérica, los políticos interpretan que , cuando han sido elegidos, hay que aguantarlos hasta las próximas elecciones, hagan lo que hagan, incluso si con su comportamiento es erróneo y torpe llevan al país hacia la ruina y el desastre.
Ese criterio empobrece, degrada y pudre la democracia española, convierte a los ciudadanos en rehenes secuestrados por sus políticos y crea el caldo de cultivo propicio para que germinen la corrupción y el abuso de poder.
El primer deber de todo demócrata español es acabar con esa concepción casi totalitaria del poder reformando las leyes y normas hasta conseguir que los políticos respondan de sus actos y se sientan vinculados no tanto al poder como al servicio al ciudadano y a su eficacia como gobernantes.