La condena por el Supremo y por unanimidad del juez Baltasar Garzón tiene gran importancia y podría representar un antes y un después en la Justicia española. Gracias a esa sentencia, quedan claras varias cosas en la Justicia española: que gran parte del sistema está contaminado y es incapaz de defender principios básicos de la Justicia y que, a partir de ahora, tienen vigencia principios fundamentales del sistema, como el de que el fin, en Justicia, no justifica los medios, que la Justicia a cualquier precio no es Justicia y que los procedimientos, para que exista Justicia, tienen que ser impecables.

En adelante es posible esperar que los principios fundamentales de la Justicia democrática se fortalezcan en España y que los tribunales ganen en independencia y rigor. Es de esperar también que, a partir de este momento, los jueces más decentes y sujetos al derecho se atrevan a procesar a los muchos canallas y sinvergüenzas que han puesto de rodillas a España y cuya persistencia en la rapiña, el abuso y la arbitrariedad ha llevado a este país hasta el borde de la ruina, el hundimiento moral y la derrota como nación.

El juicio del juez estelar Garzón es un inmenso espejo que refleja con claridad nítida la esencia del sistema judicial español. La querella fue puesta en marcha por el abogado Ignacio Pelaez, defensor de uno de los implicados en el caso Gürtel, que acusaba a Garzón de haber ordenado la escucha y grabación de todas las conversaciones de los implicados con sus abogados defensores, un paso de enorme gravedad que viola claramente el derecho de todo acusado a hablar en libertad con sus abogados.

Lo curioso del caso es que el juez más famoso y poderoso de España ha sido destituido y humillado por el Supremo no porque los grandes tribunales, ni la Fiscalía, ni el órgano de gobierno judicial lo acusaran para pararle los pies, sino porque un simple abogado defensor se atrevió a denunciar su abuso de poder y la violación de un derecho básico.

La sentencia condenatoria a un juez que tiene a la opinión pública de su parte y que cuenta con el apoyo de muchos políticos con poder en España es ejemplar y constituye un acto de soberanía y rigor judicial de gran trascendencia, que pone de relieve la debilidad y falta de solvencia que ha tenido el sistema judicial español hasta ahora.

Ha sido un simple abogado el que se ha atrevido a denunciar la violación de un principio básico en Justicia, lo que coloca en situación incómoda y deja fuera de lugar a los muchos que no se atrevieron a denunciarlo, entre ellos el propio Consejo del Poder Judicial, los grandes tribunales, los colegios de abogados, las asociaciones de jueces, que funcionan casi como partidos políticos dentro del sistema judicial, y otras instancias que, a juzgar por lo ocurrido y por su vergonzoso silencio, podrían estar claramente contaminadas de cobardía, de miedo y, en algunos casos, hasta de complicidad con lo mucho de sucio que anda suelto por España.

Simplificando, la condena de Baltasar Garzón representa la caída de un poderoso que parecía intocable; la desautorización y condena de prácticas impropias de la democracia y propias de totalitarismos; la condena de la cobardía y el sometimiento de una parte importante del sistema judicial; el retorno del respeto a las reglas y garantías que permiten administrar Justicia; y la esperanza de que ese sistema sea capaz ahora de arremeter contra los delincuentes y canallas incrustados en las administraciones e instituciones del Estado.

Tras reconocer que el nuevo gobierno está adoptando las medidas correctas en política económica y afirmar que el camino emprendido está devolviendo a muchos españoles la confianza en el futuro y la esperanza en una próxima reactivación económica, tenemos que condenar con todas nuestras fuerzas la política fiscal del nuevo gobierno, por ser injusta, inmoral, contraproducente e innecesaria.

Nos causa mucho dolor considerar abusiva e inmoral la política fiscal de Mariano Rajoy y condenarla públicamente porque durante años, con tesón e ilusión, hemos estado apostando, día tras día, por el fin del reinado sucio de Zapatero. Pero ahora, cuando el triunfo de Rajoy parecía que iba a proporcionarnos algo de esperanza, descubrimos que algunas de sus medidas son injustas, antidemocráticas y rechazables por cualquier ciudadano decente.

La condena a Rajoy se basa en un razonamiento tan simple como contundente: ellos, los políticos, han construido un Estado español hipertrofiado e insostenible y ahora nos piden más impuestos para financiar ese Estado enfermo de obesidad mórbida. Lo justo hubiera sido adelgazarlo antes, suprimir sus muchos lujos y rasgos superfluos, todos ellos contarios al bien común. Pero Rajoy ha preferido hacer lo contrario: ha metido la mano en la cartera del ciudadano, a pesar de que había prometido no hacerlo, manteniendo abusos e injusticias tan flagrantes como las subvenciones a los partidos políticos, sindicatos y patronal.

Si hubiera hecho las cosas bien, tendría nuestro apoyo y tendría sentido la esperanza, pero ha abusado del poder y ha relegado el bien común a un segundo plano, apostando por la injusticia y el abuso de poder, toda una decepción para sus votantes y para los muchos demócratas que habíamos depositado cierta esperanza en su victoria.

Tiene que corregir ese error rápidamente, si no quiere que las mismas fuerzas que terminaron obligando a Zapatero a salir del poder, se alcen contra él. Las sociedades modernas exigen justicia y decencia a sus gobernantes y no están dispuestas a tolerar el abuso y la arbitrariedad. Egipto, Túnez, Libia, Siria, Yemen y la propia caída de Zapatero son claros ejemplos de rebelión ciudadana contra la indecencia del poder.

Rajoy debería haber sometido primero al Estado a un plan riguroso de adelgazamiento, eliminando los cargos públicos y puestos superfluos de cientos de miles de enchufados que viven del Estado sin aportarle nada; suprimido administraciones, instituciones y empresas que no tienen función alguna justificada porque los trabajos que desempeñan están duplicados o triplicados; realizando una profunda limpieza ética que elimine del servicio público a los miles de corruptos que se han incrustado en el Estado y enriquecido sin poder justificarlo

Pero, sobre todo, debe eliminar la injusticia que representa que los ciudadanos, con nuestros impuestos, seamos obligados, contra nuestra voluntad política, a financiar a los partidos políticos, sindicatos y patronales, organizaciones que, en democracia, deberían financiarse de manera autónoma, con las cuotas de sus miembros, como ocurre en muchas democracias avanzadas.

Antes de haberle metido con impudicia la mano en la cartera al ciudadano, sorprendiendo su buena fe y empobreciéndole para financiar un Estado injusto y desequilibrado, debería haber privatizado o suprimido muchas instituciones y empresas creadas por los gobernantes para satisfacer sus propios intereses, nunca el bien común ni el interés general. Entre esas entidades destacan las costosas televisiones públicas locales y autonómicas, puros juguetes que sólo son útiles para la vanidad de los políticos y para fortalecer los ya opresivos aparatos de propaganda y manipulación de los partidos políticos. Exprimir con impuestos al ciudadano antes de liquidar esos entes monstruosos e inútiles es una auténtica canallada.

Sr. Rajoy: podría usted haber abierto una hermosa etapa de esperanza para España, pero, sin otro motivo aparente que asaltar al débil que no puede defenderse, ha enturbiado su gobierno con una medida abusiva y sin justificación, que recuerda el peor estilo del PSOE. Sea usted consecuente con sus ideas y promesas y dé marcha atrás en los abusivos impuestos instaurados por su gobierno, que convierten a la sociedad española en la que más impuestos paga, proporcionalmente, en toda Europa y casi en todo el mundo desarrollado, todo un abuso inesperado e inexplicable, que si no es remediado costará muy caro al gobierno popular que usted preside.

Existen medidas legales contra los desahucios. Parecen demasiado fáciles, pero a veces las soluciones más sencillas son las más eficientes.

El banco embarga la vivienda familiar y dependiendo del precio que dicho banco consiga en la subasta, el embargado sigue debiendo lo que el banco "cree oportuno" y de por vida. Cuando las subastas quedan vacías (que es lo que está pasando como norma) el banco se queda con la propiedad a menos del 50% de su valor. Continuando con el reclamo del 100% al embargado y pudiendo revender esa propiedad por el precio que ellos estimen oportuno, con un 50% de margen... Una gran estafa, vaya.

Hoy os vamos a explicar un "modelo legal", que un banco no te va a contar, pero nosotros sí que lo vamos a hacer. Método por el cual se pierde de igual manera la "propiedad", pero no te pueden echar de tu casa.

En cuanto una persona ve que no va a poder pagar su casa, automáticamente le hace un contrato de alquiler a su mujer/suegra/hijo/hermano o a quien se pueda, por el valor de 1€, 5€ o 10€, con una duración "indefinida"/50 años, 100 años. La cantidad es únicamente simbólica. El contrato debe estar a nombre de alguien que no figure en la hipoteca. El contrato debe estar pasado por el registro de la propiedad.

En el momento del embargo, la propiedad figura en el registro a nombre del hipotecado, pero aparecerá como una propiedad con inquilinos.

Resultado del embargo, la "titularidad de la propiedad" cambia, a nombre del banco. El domicilio continúa teniendo inquilinos. Con esta maniobra, perderíamos la propiedad, continuaríamos debiendo la hipoteca, pero, tendremos que pagar a nuestro nuevo "casero", por nuestro ex piso, la pequeña cantidad estipulada, unos 10€ al mes y de por vida.

Ya que ellos, no dan soluciones, nosotros las buscamos.

Aquí teneis un gran arma, cuando "legalmente" no pueda seguir usándose, buscaremos otras.


Abogados en Acción

La preocupación por la corrupción y el fraude ha experimentado un fuerte aumento en enero de 2012. Concretamente, ha subido más de seis puntos, doblando su cota de diciembre de 2011 y colocándose como el cuarto problema nacional, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Esta encuesta, se basa en 2.480 entrevistas realizadas entre los días 4 y 15 de enero de 2012, un trabajo de campo que coincide en el tiempo con los ecos mediáticos de casos relevantes como el juicio contra el expresidente valenciano Francisco Camps por la 'causa de los trajes' desgajada del 'caso Gürtel', las noticias sobre el proceso sobre el expresidente balear Jaume Matas, la investigación al Instituto Nóos que dirigía el yerno del Rey, Iñaki Urdangarín , o las acusaciones de un empresario gallego contra el exministro socialista José Blanco.

La relación de problemas de España sigue estando encabezada por el paro, con un 83,3 por ciento de menciones, 1,2 puntos más que en el mes anterior. En el segundo lugar repiten los problemas económicos, citados en el 53,7 por ciento de los cuestionarios, y anotándose una subida de más de tres puntos.

La clase política y los partidos continúan como tercer problema, un puesto que ocupan ininterrumpidamente desde febrero de 2010, aunque su porcentaje baja dos puntos respecto a diciembre.

La 'sorpresa' del barómetro aparece en el cuarto lugar del 'ranking' de problemas que, por primera vez, lo ocupan la corrupción y el fraude, que cosechan un 12,3 por ciento de menciones, más del doble del 6 por ciento que sumaban tan solo un mes antes.

La corrupción había alcanzado su puesto más alto en abril de 2010, cuando se colocó en el sexto puesto con un 9,4 por ciento. En noviembre del año anterior se había anotado un 10,4 por ciento y ahora se queda con un 12,3. Pese a este incremento, sus cifras aún quedan lejos de su récord de enero de 1995, cuando su porcentaje de alusiones se situó en el 33,5 por ciento, por los casos de corrupción que salpicaban entonces al gobierno de Felipe González.

Con la subida de la corrupción al cuarto puesto de la lista de problemas, la sanidad, que ocupó esta plaza en diciembre, figura ahora como quinto problema, con un 8,1 por ciento, frente al 9,34 por ciento del barómetro anterior. En el sexto puesto, que antes era para la educación aparece ahora la inmigración, con un 7,5 por ciento, mientras que el séptimo lugar es para la inseguridad ciudadana. La preocupación por la educación y la vivienda comparten el octavo puesto con un 5,6 por ciento.

En esta ocasión y coincidiendo con la llegada del PP al Gobierno el CIS ha introducido una pregunta no habitual en su barómetro para conocer qué previsiones hacen los encuestados sobre algunos de los principales problemas nacionales.

De las respuesta se desprende que lo único que claramente mejorará en 2012 será la lucha contra el terrorismo (46,7%). Por contra, los que se creen que el paro irá a peor (46,7%) doblan a los que creen que mejorará y lo mismo pasa con la inseguridad ciudadana, la educación y las pensiones que suscitan malos augurios al entorno del 41 por ciento de los consultados.

Las diferencias son aún mayores en el caso de la asistencia sanitaria, ya que, frente al 16,5 por ciento que pronostica que mejorará hay un 55,2 por ciento que teme que empeore, y la vivienda, puesto que un 18 por ciento cree que ira a mejor pero un 45 por ciento opina justo lo contrario.

La corrupción escala puestos vertiginosamente entre las grandes preocupaciones de los españoles y en la última encuesta del CIS aparece ya como el cuarto gran problema, por detrás de los partidos políticos, que es el tercero.

Por otra parte, para el 86,6 por ciento la situación económica es "mala" o "muy mala", que sólo es "buena" o "muy buena" para el 1,2 por ciento. Frente al casi 30 por ciento que cree que dentro de un año será peor, hay un 21 por ciento que sospecha que mejorará. Respecto a la situación política, es "mala" o "muy mala" para el 53 por ciento y "buena" o "muy buena" para el 8,3. El 22,7 por ciento la juzga peor que hace un año y los que creen que en 2012 mejorará (23,2%) superan pero por poco a los que pronostican que irá se deteriorará (19,6%).

Otra pregunta novedosa tiene como objetivo recabar la opinión de los ciudadanos sobre tres afirmaciones para saber con cuál está más de acuerdo. Así, la mitad dice compartir que "hay que sacrificarse en el presente pensando en el futuro", uno de cada cuatro considera que "el futuro es tan incierto que es mejor vivir al día" y cerca del 20 por ciento defiende que "hay que confiar en el futuro porque al final las cosas salen bien".

El paro (45%) y los problemas de índole económica (43,3%) se mantienen en cabeza de la relación de preocupaciones personales, en la que las pensiones se reservan el tercer puesto (8,2%), seguidas de la sanidad (7%) y la educación (5,9%).

Las hay que nacen con estrella y las hay estrelladas. Bibiana Aído es de las primeras. Con la ayudita del presidente del Gobierno la baraka de la ex ministra ha tocado techo. Finalmente ha logrado su sueño: vivir en Nueva York, una ciudad que le encanta y que ya frecuentaba en sus idas y venidas como ministra de Igualdad.

Su lugar dorado, Manhattan. Y allí vive, en un apartamento de dos dormitorios, por el que paga 3.700 euros, en la planta 19 de un edificio de la 2ª Avenida con vistas al East River. Allí vive y allí trabaja, a diez minutos de su domicilio.

Hace pocas semanas se ha incorporado a su nuevo trabajo en las Naciones Unidas. Su mentor, José Luis Rodríguez Zapatero, le proporcionó en el mes de junio un puesto en ONU Mujeres como asesora en asuntos de igualdad de género de la directora ejecutiva, Michelle Bachelet, ex presidenta de Chile. Aído tiene un sueldo de 6.400 euros netos, más complementos y gastos de viajes, representación y coste de la vida.

Su nombramiento provocó una cascada de críticas, especialmente cuando ONU Mujeres afirmó que Aído poseía "Una distinguida carrera de servicio público para el Gobierno de España".

Su "distinguida carrera" política es tan exigua como su formación y su carrera profesional. Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Cádiz, realizó unas prácticas de 3 meses en agosto de 2000 en Unicaja. Ese mismo año trabajó 10 meses en una empresa y, más tarde, otros 3 en Caja San Fernando. Y ahí acaba la historia.

Su carrera política es bien conocida: desde los 16 años perteneció a las Juventudes Socialistas, ingresó en 1995 en el PSOE y en 2002 tuvo un cargo durante 9 meses en el Observatorio de Emprendedores de la Universidad de Cádiz.

Fue directora de la Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco de 2006 a 2008 y en abril de ese año pasó de desarrollar el flamenco a dirigir, con 31 años, el recién creado Ministerio de Igualdad que resultó ser una zapaterada.

Su nombramiento como asesora en Naciones Unidas suscitó también críticas de otra índole. El puesto que ahora atesora Bibiana Aído estaba destinado a Cristina Gallach, funcionaria del Consejo de la UE, políglota, ex portavoz de Javier Solana en Bruselas, cuya competencia está sobradamente reconocida. Pero Gallach se quedó con un palmo de narices cuando en el mes de junio ONU Mujeres nombró a Bibiana Aído.

¿Por qué se eligió a esta mujer de escaso currículo y parcos merecimientos políticos?

Puede que la respuesta tenga que ver con el acuerdo suscrito por el Gobierno de España en 2010 por el que se comprometió a aportar hasta 2012 nada menos que 99 millones de euros a organismos de Naciones Unidas dedicados a la mujer y a la igualdad de género. Este año se han pagado ya 33 millones. Desde 2006 España ha contribuido con 244 millones para estos menesteres.

(Enviado por un colaborador, vía Internet)

Pulsa AQUI y visionarás otro video para llorar. Un carterista, responsable de más de 40 delitos comprobados, no tiene antecedentes y la policía tiene que dejarlo libre siempre que lo detiene. El delincuente exclama" ¡Viva España. Aqui podemos robar todo lo que queramos sin que nos ocurra nada! Vergüenza nacional y más ignominia y repulsa iudadana para nuestros políticos.

Los gobiernos de España están realizando muchos recortes para evitar la quiebra, algunos necesarios y muchos otros innecesarios, pero el principal recorte que el país necesita, el que afecta al número de sus políticos y enchufados, sigue sin hacerse. España tiene en la actualidad casi 100.000 cargos públicos, incluyendo los cargos electos y los nombrados para cargos públicos de cierta relevancia, a los que hay que añadir unos 400.000 enchufados más, casi todos ellos familiares y amigos de políticos, colocados a dedo en las distintas administraciones, empresas e instituciones públicas, en su inmensa mayoría innecesarios y prescindibles.

La gente sabe que los políticos son los mayores culpables de los desastres de España, no sólo porque ellos han gestionado mal el poder, sino porque son tantos que resulta imposible mantenerlos. Cada día son más los ciudadanos indignados con los políticos y, aunque ellos pretendan ignorarlo, la gente empieza a odiarlos. La frustración y el desencanto avanzan y la gente siente que la protesta y el rechazo no son suficientes. Cada vez son más numerosos los que pasan a la etapa superior del enfrentamiento con la "casta" política: la insumisión fiscal y la desobediencia civil.

Esa enorme masa de políticos, enchufados y paniaguados constituye el peor lastre imaginable para un país que pugna por escapar de la ruina y que sueña con recuperar la prosperidad perdida. Pero los políticos españoles, verdadera plaga ineficiente, escasamente democrática y poco preparada, se niega a soltar ese lastre y prefiere la ignominia de arruinar a los ciudadanos con impuestos insoportables antes que expulsar del sector público a esa inmensa e inútil nube de enchufados.

La eliminación de más de la mitad de ese lastre no sólo es posible sino también recomendable y representaría el más fructífero y saludable "recorte" que España necesita en estos momentos. El ahorro que significaría prescindir de más de 200.000 cargos públicos inútiles casi sería suficiente para equilibrar las cuentas públicas y alcanzar, sin otros traumas, los compromisos de reducción del déficit público español.

Pero los políticos, de manera ignominiosa e indecente, se niegan a perder poder y a limpiar de escoria superflua el atiborrado sector público español, uno de los más costosos e irracionales de toda Europa. artificialmente engordado por los partidos políticos para asegurar una vida cómoda y sin problemas a miles de enchufados que no aportan nada al bien común.

Los expertos saben que si se suprimieran las costosas y antidemocráticas subvenciones a los partidos políticos, a los sindicatos y a las organizaciones patronales, si se realizara una saludable limpieza entre los cientos de miles de enchufados innecesarios y si se eliminaran empresas públicas e instituciones que no aportan nada al bien común y que, en muchos casos, duplican sus funciones, se reduciría drásticamente el déficit y los problemas económicos de España entrarían en una esperanzadora vía de solución.

Pero el problema, una vez más, es la casta política, el verdadero drama de España, no sólo por su ineficacia, torpeza y corrupción, sino por su arrogancia, nulo sentido de la democracia y por su egoísmo, que le lleva a anteponer sus propios intereses y los de sus partidos políticos a los del ciudadano y al bien común.

Si este análisis es correcto, la solución de los problemas de España pasa, ineludiblemente, por arrebatar el poder a los partidos políticos, devolver al ciudadano el protagonismo y el poder que le corresponde en democracia y por someter a la casta política al imperio de la ley y a los controles, normas y leyes que rigen el ejercicio de la democracia, reglas y normas que hoy ignoran o violan impunemente.

Emilio Botín, el primer banquero de España, un tipo generalmente bien informado y mejor relacionado, ha puesto el dedo en la llaga al afirmar que los políticos son los grandes culpables de la actual crisis económica que tiene a España de rodillas y al borde de la quiebra.

Los políticos han intentado eludir por todos los medios esa responsabilidad, pero la verdad termina siempre por abrirse camino. El fracaso de los políticos en el cumplimiento de su deber es tan grande que merecen ser expulsados del poder, castigados con inhabilitación y sustituidos por otro tipo de personas, sometidas a controles y exámenes que garanticen su preparación intelectual, su entereza psicológica y su valor ético. La terrible experiencia sufrida en los últimos tiempos por España con su casta política, inepta y capaz de conducir a la nación hasta el fracaso y la ruina, impone un cambio drástico en la selección de los políticos gobernantes y la introducción de importantes exigencias y exámenes a los que aspiren a desempeñar en el futuro altas responsabilidades del Estado. La situación actual, en la que, incomprensiblemente, se le exige menos a un ministro o a un presidente de gobierno que a una secretaria de dirección o a un ejecutivo de ventas, donde los altos dirigentes ni siquiera deben demostrar su salud psíquica y su solvencia ética, es un suicidio para la democracia y para el mismo pueblo soberano. España debe evitar por todos los medios que en el futuro vuelvan a alcanzar el máximo poder públicos tipos acomplejados, incapaces de dialogar con los líderes mundiales, sin conocimiento de idiomas, sin una ética garantizada y tan torpes, volubles y arrogantes que sean capaces de destruir, en pocos años, todo el posicionamiento, el prestigio y la prosperidad ganados por la nación con el esfuerzo de todos.

• Los políticos son los culpables de la crisis porque entre las misiones que los ciudadanos les encomiendan al entregarles el poder destaca la de controlar a las instituciones financieras y regular el funcionamiento de las finanzas. Cualquier producto financiero que salga al mercado ha debido ser previamente inspeccionado y autorizado por los órganos reguladores, en manos de políticos, pero estos no han cumplido con su deber y han permitido que los mercados se inunden con productos basura y que estos sean comercializados.

• Los políticos han cerrado los ojos y han sido permisivos ante las locuras y abusos urbanísticos que han tenido lugar en España. La razón principal es que el urbanismo y la vivienda proporcionaban al Estado, a los partidos y a muchos políticos una financiación abundante y, a veces, mafiosa. Al permitir esas locuras, han puesto los cimientos de la burbuja inmobiliaria y son responsables de su posterior estallido, una de las grandes causas de la crisis actual de España.

• Los políticos controlan desde hace tiempo las cajas de ahorro españolas, casi todas arruinadas por el comportamiento irresponsable y muchas veces inmoral y mafioso de los políticos y sindicalistas que se sentaban en sus consejos de administración, que se han autootorgado prestamos blandos, sueldos, jubilaciones e indemnizaciones de auténtico lujo, incosteables, además de conceder préstamos a los amigos del poder, a los partidos y a instituciones públicas que nunca los pagaron y que muchas veces lograron que esos préstamos fueran condonados.

• Los políticos han introducido la corrupción en a sociedad española y han infectado con el virus las instituciones y la sociedad.

• Los políticos han conseguido que el Estado y sus instituciones se conviertan en los peores pagadores de España,incumpliendo todas las leyes y normas que regulan el pago de deudas, lo que ha provocado la ruina y el cierre de miles de empresas y negocios de autónomos.

• El Estado, en manos de despilfarradores sin freno, se ha convertido en una máquina sedienta siempre de dinero y ha exigido y obligado a los bancos españoles que les entreguen su dinero como préstamo. La demanda de las administraciones ha sido tan intensa, que el mercado ha quedado con poco dinero para conceder préstamos a las empresas y autónomos.

• La insolvencia de muchas empresas, parte de ellas debilitadas o arruinadas por las deudas de las administraciones, ha impedido que los bancos, obligados por el gobierno a disminuir las tasas de morosidad, pueda conceder préstamos a las empresas.

• El Estado podría haberse convertido, a través de bancos públicos como el ICO, en un importante prestador de dinero a las instituciones y empresas que no encontraban financiación en el mercado, pero nunca lo hizo, ni siquiera lo intentó, prefiriendo culpar hipócritamente al sistema bancario, cuando el principal culpable ha sido la inepta clase política española.

• El Estado ha seguido despilfarrando y tirando el dinero incluso en los peores tiempos de la crisis, cuando la sociedad española era ya víctima de la desesperación, el desempleo y la pobreza, lo que ha agravado la crisis y provocado mayor escasez de dinero.

• La clase política, inexplicablemente, no ha puesto interés alguno en cambiar las reglas del juego, ni ha exigido a los bancos cambios en sus políticas de préstamos.

• Los políticos, por último, han impedido que sus colegas culpables de corrupción a gran escala hayan sido juzgados y castigados y han influido en la Fiscalía y, cuando les ha sido posible, también en los tribunales, para que muchos delitos políticos queden impunes, lo que ha extendido la corrupción por todo el tejido económico y social del país, agravando la crisis y haciendo más escaso el dinero.

Estos argumentos no sólo le dan la razón a Emilio Botín cuando acusa a los políticos de ser los grandes culpables de la crisis, sino que, además, revelan la falta de preparación política, intelectual, profesional y ética de una parte importante de la clase política española, merecedora de la repulsa masiva de la ciudadanía y de un castigo ejemplar.