Barack Obama, candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, ha decidido renunciar al dinero público que deberían entregarle como candidato demócrata (nada menos que 84 millones de dólares) y financiar su campaña exclusivamente con fondos privados.

Aunque muchos saben que el principal motivo de esa renuncia es que los fondos privados son más generosos y permiten una campaña más rica y poderosa, su decisión ne deja de ser valiente y responde a las espectativas del "candidato del cambio", de lo que se espera del líder de un movimiento reformista intenso que ha prendido en la ciudadanía y que podría llevarle hasta la Casa Blanca.

La financiación pública de las campañas presidenciales norteamericanas fue instituida en 1974, precisamente para moderar los gastos de las campañas. Desde entonces es una tradición que nadie se había atrevido a desafiar.

La tesis de Obama es que el dinero público debe tener otro fin en un país como América, necesitado de políticas sociales muy intensas, y que las campañas, como los partidos, deben ser sufragadas por los militantes y simpatizantes.

La postura de Obama representa todo un desafío y un mensaje de limpieza para los partidos y los políticos modernos, especialmente para los europeos, cada día más adictos a los fondos públicos.

En el caso de España, aunque la financiación pública es intensa, obsesiva y, según muchos analistas, hasta abusiva, los políticos y sus partidos no paran de presionar a la opinión pública para que esa financiación del Estado se incremente. Incluso llegan a argumentar, con una inaceptable desfachatez, que parte de los numerosos casos de corrupción se producen, precisamente, porque la financiación pública a los partidos es escasa.