Ante la crisis y ante el crecimiento desenfrenado del desempleo, que ya se acerca a los tres millones a un ritmo endiablado, el gobierno que preside Zapatero, aunque tarde, lanza iniciativas. Las más potentes se orientan a reforzar la solvencia de la banca y las más recientes a apuntalar la economía de los más necesitados, permitiendo que los parados aplacen el pago de la mitad de sus hipotecas . Sin embargo, a todos los observadores sorprende que el gobierno no haya lanzado todavía ni una iniciativa sería para reforzar a las pequeñas y medianas empresas, que son las grandes olvidadas del poder político, a pesar de que dan trabajo a casi el 90 por ciento de los españoles.

Mientras que el débil y poco convincente Rajoy reclama ayudas para las familias y las pymes españolas, el gobierno de Zapatero contempla impávido como cierran diariamente cientos de empresas pequeñas y negocios de autónomos, abonando así el pesimismo general y generando una insoportable sangría a la economía española. La gente tiende a creer que el paro es una maldición, pero olvida que sólo se produce porque las empresas cierran y, agobiadas por la crisis y el fisco, se contraen.

El gobierno, acostumbrado al despilfarro y consciente de que el sector púbñlico ha crecido tanto y es tan monstruoso que necesita masas aterradoras de dinero para subsistir, se niega a bajar la presión fiscal a los pequeños y medianos empresarios, la única media garantizada contra la crisis, puesta ya en marcha en la mayoría de los países prósperos y desarrollados del mundo.

Ante la resistencia del gobierno a apoyar a las pymes, los observadores se preguntan si existe alguna razón que explique esa marginación del empresariado. Muchos piensan que la causa es que Zapatero no cree en la empresa y sueña con un mundo donde el sector público sustituya al empresario libre, toda una aberración que pone los vellos de punta a los demócratas, conscientes de que cada vez que el Estado se ha convertido en empresario a lo largo de la Historia, ha cosechado ruina y esclavitud.

Los pequeños y medianos empresarios no sólo están obligados hoy en España a hacer frente a una crisis que comprime el mercado y paraliza el consumo, sino que tiene que soportar el incremente camuflado de la presión fiscal del gobierno, que este ejercicio no deflactará, como ha hecho en años anteriores, la inflación del IRPF, la voracidad recaudatoria de la Administración, a través de multas, sanciones e inspecciones de Hacienda, y la subida generalizada de las tasas, casi siempre aprobadas sin publicidad, por miedo al cabreo de los ciudadanos y a la pérdida de votos.

Algunos analistas y observadores próximos a ZP han dejado entrever la escasa fe en la libre empresa del dirigente político socialista y su desmedida fe en la eficacia del Estado, a pesar de que éste ha demostrado con creces a lo largo de la historia su torpeza, su incapacidad para generar empleo y riqueza y su tendencia a la opresión.

En Voto en Blanco creemos que la mejor política social es la que frena el desempleo y esa política pasa por bajar el impuesto de sociedades y por garantizar créditos a bajo interés a las empresas pequeñas y medianas, muchas de las cuales, a pesar de ser sanas y viables, están cerrando masivamente por causa de la incompetencia del gobierno.