Frustrando las esperanzas de los andaluces más sensatos, el PSOE se ha declarado "dispuesto" a incrementar el número de diputados en el Parlamento de Andalucía, donde en la actualidad hay 109 teóricos representantes elegidos por los ciudadanos.

La idea de incrementar el número de diputados procede de Izquierda Unida y del Partido Andalucista, dos fuerzas minoritarias que quieren ese incremento, probablemente, para obtener más poder y financiación pública. Ambas fuerzas opinan que los diputados andaluces deben ser en torno a 150, un incremento de casi el 50%.

Decenas de analistas, docentes universitarios, expertos y estudiosos andaluces, cansados ya de tanto despilfarro y del desmesurado crecimiento del Estado en una Andalucía que los que necesita es que crezca su sociedad, han expresado en repetidas ocasiones su rechazo a cualquier crecimiento de la burocracia y de las instituciones oficiales, que ya son excesivas y demasiado grandes en una Andalucía donde el peso de lo público es abrumador, mayor que en cualquier otra región de la Unión Europea, hasta el punto de provocar asfixia a la sociedad.

Desde Voto en Blanco rechazamos ese incremento de diputados en el Parlamento de Andalucía y exigimos antes una reforma que convierta a esos diputados en lo que no són y debieran ser: verdaderos representantes de los ciudadanos, elegidos por los ciudadanos. Desgraciadamente, como consecuencia de la degradación de la democracia, al igual que ocurre en Las Cortes y en otros parlamentos autonómicos españoles, los diputados andaluces no son ni "representantes" de los ciudadanos, ni "elegidos" por la ciudadanía.

A quienes representan en realidad es a sus respectivos partidos políticos, a cuyas élites obedecen y cuya disciplina y órdenes siguen al pie de la letra. ¿Cómo pueden representar a los ciudadanos, cuando los ciudadanos no tienen potestad alguna de influir en los diputados que, en teoría, les representan, ni pueden destituirlos, ni siquiera pedirles o exigirles que presentes ideas o iniciativas en el hemiciclo?

En cuando a lo de ser "elegidos" por la ciudadanía, también es otra falacia emanada de la democracia degradada. Quién los elige en realidad son las élites de los distintos partidos políticos, que son las que confeccionan las listas electorales. Los ciudadanos, que, según la Constitución, tienen el derecho a elegir a sus representantes, han sido despojados de ese derecho por unos partidos políticos insaciables de poder no pueden imponer nombres, ni borrarlos y sólo pueden aceptar o rechazar en las urnas esas listas cerradas y bloqueadas que los politólogos y expertos en derechos político califican de "autobuses antidemocráticos".

Ojalá el PSOE asumiera que su primer deber como partido responsable, democrático y dominante en Andalucía, antes de incrementar el número de diputados, es cumplir la Constitución y conseguir que los diputados existentes representen de verdad a los ciudadanos y sean elegidos por esos mismos ciudadanos a los que, falsamente, dicen representar.