La alcaldesa en la cárcel, acompañada de medio equipo de gobierno, decenas de corruptos procesados y unas cifras robadas al erario público que consiguen estremecer a la ciudadanía configuran la insorportable "sobredosis" de "Corrupción en Marbella" que están recibiendo los ciudadanos españoles a diario, a través de los medios de comunicación.

Marbella, la única población de España donde sus gobernantes (una "gestora" nombrada por políticos) no han sido elegidos por el ciudadano, a donde la justicia está llegando ahora, escandalosamente tarde, después de más de dos décadas de rapiña y corrupción, es una demostración palpable de que la democracia española está degenerada y necesita una urgente terapia de choque para que la ciudadanía vuelva a confiar en sus dirigentes y en un sistema al que, sin serlo, seguimos llamando democracia.

El espectáculo de Marbella, con su desfile de horteras velozmente enriquecidos, comisiones pagadas a mansalva, sospechas que salpican hasta a políticos vinculados al gobierno, no sólo es la demostración palpable de que la democracia española hace aguas, sino también una insoportable bofetada a la sensibilidad de esas cientos de miles de familias que malviven con sueldos escasos, que mantienen en sus hogares a hijos de treinta años, desempleados o malcolocados con sueldos de menos de 600 euros al mes, estupefactos e indignados ante una realidad que supera la ficción y ante la constancia de que el sistema político vigente permite en España que la corrupción florezca, prospere y anide durante más de dos décadas, sin que funcionen unos mecanismos de seguridad que tal vez no existan.

Es cierto que la justicia está llegando ahora a Marbella, pero lo hace tarde, cuando las bolsas están repletas, cuando hay construidas más de 30.000 viviendas ilegales, cuando la imagen de lo público ha quedado profundamente dañada y cuando todos sospechamos que hay en España cientos, quizás miles de Marbellas ocultas por el mapa.