Las reformas y recortes del gobierno de Rajoy son inevitables, dada la situación de postración y ruina heredada del gobierno socialista de Zapatero, pero están siendo impuestas de manera injusta y desequilibrada, en contradicción con la democracia y la ética.
Las reformas de Rajoy están impregnadas de cobardía, injusticia y abuso porque afectan, sobre todo, a los más débiles, lo que convierte esa política en profundamente indecente y lesiva para España y sus ciudadanos. El problema fundamental, lo que convierte en deplorable la política de Rajoy, es que es producto de una profunda cobardía porque prefiere golpear y aplastar a los más débiles y desamparados, antes que recortar y reformar en los santuarios del poder y en los espacios de las clases dominantes.
La política de Rajoy, además, es profundamente antidemocrática, no sólo porque es injusta y desigual, sino porque desprecia la opinión públicas y cierra los oídos al lo que ya es un clamor en el país: la petición de que el enorme e incosteable volumen del Estado y los injustos e inmerecidos privilegios de los políticos y sus amigos sean drásticamente eliminados.
El grueso de la ciudadanía, sobre todo las masas de votantes que han apoyado al PP en las urnas esperando un cambio real de la política, quieren que el Estado adelgace y que la política de subvenciones sea profundamente reformada y pierda sus tintes corruptos y mafiosos.
La nueva política que España requiere implica que antes de que los ciudadanos sean esquilmados con los impuestos y empobrecidos con los recortes, algunos en ámbitos tan sensibles como la educación y la sanidad, se eliminen las subvenciones y ayudas a los sindicatos y sus ineficientes cursos de formación, a los organizaciones patronales, a los partidos políticos y sus fundaciones y a las ONG´s opacas. Deben, también, suprimirse las diputaciones con la carga de sus funciones y cargos duplicados con los gobiernos autonómicos, fusionarse los mas de 4000 ayuntamientos económicamente inviables que existen en España, suprimirse las costosas televisiones públicas que no sean imprescindibles, y eliminar el inmenso e inútil entramado de instituciones, consorcios, empresas y sociedades mercantiles de titularidad o control público que existe en el país.
Haber emprendido únicamente las reformas y recortes que afectan a la ciudadanía, cada día más pobre y desamparada, sin haber reformado antes las profundas injusticias del propio Estado y los privilegios de las clase política es de una mezquindad y villanía intolerables y reclama una reacción popular de protesta cívica radical contra la injusticia de Rajoy y su gobierno.
Las reformas de Rajoy están impregnadas de cobardía, injusticia y abuso porque afectan, sobre todo, a los más débiles, lo que convierte esa política en profundamente indecente y lesiva para España y sus ciudadanos. El problema fundamental, lo que convierte en deplorable la política de Rajoy, es que es producto de una profunda cobardía porque prefiere golpear y aplastar a los más débiles y desamparados, antes que recortar y reformar en los santuarios del poder y en los espacios de las clases dominantes.
La política de Rajoy, además, es profundamente antidemocrática, no sólo porque es injusta y desigual, sino porque desprecia la opinión públicas y cierra los oídos al lo que ya es un clamor en el país: la petición de que el enorme e incosteable volumen del Estado y los injustos e inmerecidos privilegios de los políticos y sus amigos sean drásticamente eliminados.
El grueso de la ciudadanía, sobre todo las masas de votantes que han apoyado al PP en las urnas esperando un cambio real de la política, quieren que el Estado adelgace y que la política de subvenciones sea profundamente reformada y pierda sus tintes corruptos y mafiosos.
La nueva política que España requiere implica que antes de que los ciudadanos sean esquilmados con los impuestos y empobrecidos con los recortes, algunos en ámbitos tan sensibles como la educación y la sanidad, se eliminen las subvenciones y ayudas a los sindicatos y sus ineficientes cursos de formación, a los organizaciones patronales, a los partidos políticos y sus fundaciones y a las ONG´s opacas. Deben, también, suprimirse las diputaciones con la carga de sus funciones y cargos duplicados con los gobiernos autonómicos, fusionarse los mas de 4000 ayuntamientos económicamente inviables que existen en España, suprimirse las costosas televisiones públicas que no sean imprescindibles, y eliminar el inmenso e inútil entramado de instituciones, consorcios, empresas y sociedades mercantiles de titularidad o control público que existe en el país.
Haber emprendido únicamente las reformas y recortes que afectan a la ciudadanía, cada día más pobre y desamparada, sin haber reformado antes las profundas injusticias del propio Estado y los privilegios de las clase política es de una mezquindad y villanía intolerables y reclama una reacción popular de protesta cívica radical contra la injusticia de Rajoy y su gobierno.
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