Esta huelga estuvo mal planificada y peor organizada por los transportistas, y por parte del Gobierno, que, obstinado en negar la evidente crisis económica, no la previó, la desoyó, no ordenó, no estableció las normas ni impuso la ley; cuando lo hizo, fue ya tarde y mal; se vio desbordado y sin el control debido. Toda la actuación resultó desastrosa. Y habría sido sólo un desastre, si no fuese por el camionero muerto, miembro de los propios piquetes y el quemado mientras dormía, más el incendio y quema de varios camiones, que, perdiendo toda la carga de razón por la agresión y su instinto intimidatorio, la han convertido en una auténtica atrocidad y una descomunal tragedia. La muerte de un hombre siempre es terrible e improcedente, pero, aquí, se hace totalmente triste, evitable y mísera.
No se puede consentir que una huelga impida y obstruya la vida normal del ciudadano, ni mucho menos la existencia de los piquetes “coactivos”, violentos, agresivos y furibundos, nada de informativos, no había nada de qué informar, todos sabían y sabíamos las motivaciones. Su información consistió en destrozo de lunas, pinchado de ruedas, siembra de clavos, cruce de trailers, asalto de cabinas y destripe de la mercancía. Evidentemente, una gama de delitos. La mujer del camionero quemado por los piquetes lo ha calificado: “Esto es propio de terroristas”.
Los camioneros han debido nombrar sus propios representantes y, estudiada y regulada previamente su actuación, dirigir sus exigencias contra los responsables de su deterioro laboral, que son los gobernantes y las petroleras. No necesitaban colapsar las carreteras, los accesos a polígonos industriales y mercados distribuidores, simplemente con quedarse en casa y en el aparcamiento, conseguían sus fines. Lo cual hace aún más demencial la presencia ilegal, injusta, cruel e inadmisible de los piqueteros. Lo mismo que la alteración del orden público y los enfrentamientos con la policía eran inútiles e innecesarios, ni había que cortar el tráfico, son muchos los particulares que han de circular por muy variadas razones y muchos los compañeros suyos que no pueden o no quieren adherirse al paro. La democracia exige la libertad; la madurez y la cordura imponen el sentido común y el respeto absoluto a las decisiones personales. Es preciso entender en esta sociedad moderna que la violencia y la agresión son resortes irracionales y caducos, propios de salvajes fanáticos y fascistas.
En este entramado de dureza y agresividad aparece un rumor en exceso grave y preocupante, se dice que sólo un 20% del sector ha respaldado este paro y que la patronal mayoritaria, en su rechazo, lo ha criticado y tildado de salvajada. El Código Penal prevé penas de prisión, para quien “coacciona a iniciar o seguir una huelga” y, así, mismo, a quienes “alteran el orden público y obstaculizan las vías públicas y sus accesos”. En cuanto se abre el paternalismo mojigato y se deja de cumplir la ley, la violencia se acomoda por doquier y campea a sus inclinaciones. La libertad de los trabajadores que desean seguir su faena es y deber ser sagrada. Es lastimoso decir esto ahora, pero si se hubiese detenido e impedido el acoso de los piquetes desde el primer instante, tal vez esas mujeres no estarían de luto y llorando ante la lápida y la UVI.
Camilo Valverde
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