Puede que España sea de veras diferente. Un país, que las Musas convierten en patria del Lazarillo de Tormes, parece no extrañarse de que la corrupción aflore y se den episódicamente los excesos y errores en política; meter mano al queso y la pajita en el vino del ciego, tal vez se considere aquí algo propio y normal, una proeza de tíos listos; unas veces el hambre y la necesidad y otras la ambición del fácil enriquecimiento inducen a traspasar los límites y maquinar los medios, para acercarse a la bolsa de la Administración Pública y dejarse ir a la mangancia. Ni siquiera la recesión económica contribuye a contener y disuadir de ese prurito turbador, porque, al contrario de lo que aconsejaría el patrón de racionalidad, la crisis no introduce las necesarias cautelas ni conlleva especialmente la honradez y la prudencia, ni menos aún la moralidad.

Ha puntualizado el fiscal general del Estado, que en España se cuentan actualmente un total de 730 asuntos, entre procedimientos judiciales y diligencias de investigación, abiertos contra partidos políticos por casos de corrupción, de los que 264 son procedimientos penales abiertos contra cargos públicos del PSOE y 200 contra miembros del PP; pero ahí no acaba la cosa, enumeró también 43 causas abiertas contra miembros de Coalición Canaria, 30 contra miembros de Convergencia i Unión, 24 del Partido Andalucista, 20 de Izquierda Unida, 17 del Grupo Independentista Liberal (GIL), 7 de Unión Mallorquina, 5 de Esquerra Republicana de Cataluña, 3 del Bloque Nacionalista Galego, otros 3 de PNV, uno de ANV y otro de Eusko Alkartasuna, además de otras 67 investigaciones seguidas contra miembros de otros partidos de implantación local.

Es necesario aplicar la ley o introducir la Reforma pertinente para cortar de un tajo esta sangría de las comisiones y codicias. Es preciso poner los medios legales convenientes, para cortar las codicias y manejos de esos vivillos que se dejan caer en la tentación y alargan la mano a las arcas públicas con el conque de que son de todos y “a mí no me pillan”. En cuanto se coja a uno, llévese sin dilación a la cárcel y retuérzase su mano hasta que suelte todo el montante apiolado; y da igual que no lo tenga a su nombre o a otro, allí donde lo haya camuflado, los instrumentos del Estado deben descubrirlo y llevarlo al punto del que salió.

Sin embargo, no todo en España es ‘trama Gürtel’, ni cobro del ‘tres por ciento’ ni llevarse a casa gordas comisiones en bolsas negras ni alguna señora de Barcelona que ostenta catorce cargos con sus correspondientes sueldos. El Ayuntamiento de Valencia ha donado un millón de euros y otro el Gobierno de Camps al Banco de Alimentos para distribuirlos entre las entidades que atienden a las familias necesitadas.

La agencia católica Aciprensa ha informado, que las ayudas económicas de Cáritas han aumentado un 44,9 por ciento para vivienda, por problemas de impago de hipotecas, deudas de alquileres y recibos de suministros, pues “la dureza de las condiciones de acceso para la compra, ha provocado hacinamientos severos”, es que, “la crisis, una de las principales causas”, “ha venido a revelar nuevas formas de pobreza, de ahí, que mucha gente ha acudido por primera vez a Cáritas afectada principalmente por el paro”; y, así, ha variado el perfil de los demandantes de ayuda, entre los que se hallan los jóvenes parados en busca del primer empleo, los parados de más de 45 años, las familias jóvenes con niños pequeños, las mujeres solas con cargas familiares y los hombres divorciados.

Esta es la España que nos han dejado.





C. Mudarra