La presidenta de la Comunidad de Madrid ha decidido congelar su sueldo, el de todos sus consejeros y altos cargos y el de su equipo. Con ese gesto simplemente cumple el deber ejemplarizante que conlleva el liderazgo político en democracia. La presidente de Madrid ha tenido el gesto que debería haber tenido, en primer lugar, el gobierno, empezando por el presidente Zapatero.

La decisión correcta de Esperanza Aguirre debería haber sido reducir su sueldo y el de sus colaboradores, pero incluso la congelación contrasta con las numerosas autosubidas de sueldos (un centenar, aproximadamente, que se han producido en la política española desde las últimas elecciones generales, a pesar de que el país está viviendo una terrible crisis que golpea a las economías más débiles. Uno de los últimos gestos vergonzosos fue el de la alcaldesa socialista de Jaén, que subió en un 40 por ciento el sueldo a sus asesores y colaboradores. Otro el del presidente de Castilla la Mancha, que se subió un 70 por ciento y que, después, avergonzado por la opinión pública, dijo que el dinero de la subida sería para una ONG.

El espectáculo que ofrece al ciudadano nuestra clase política es bochornoso y el nivel moral y profesional que demuestran, salvo algunas excepciones, es lamentable y vergonzante.

No tiene sentido que Solbes y Zapatero digan que hay que apretarse en cinturón sin que ellos den ejemplo renunciando a sus múltiples privilegios y lujos. Antes de pedir austeridad al ciudadano, los políticos tienen el deber de renunciar a sus innumerabñes privilegios y lujos, costeados con los impuestos del ciudadano, abandonando el clientelismo desatado y prohibiendo las autosubidas de sueldos, las contrataciones masivas e innecesarias de enchufados y las legiones de asesores y de parásitos superfluos que les rodean en unas administraciones públicas que cada día se parecen más a oficinas de contrataciones.

Felicitamos democráticamente a Doña Esperanza porque el suyo es el primer ejemplo de austeridad y de adaptación a la crisis que surge en el sector público español, dominado por una "casta" demasiado arrogante y poderosa, sin control ciudadano alguno, sin la sensibilidad y la vertiente ejemplarizante que se les debe exigir a los políticos en democracia.