Tras haberse convertido en el peor pagador y deber más de 9.000 millones de euros a las empresas, el Estado español, incapaz también de adoptar las medidas adecuadas frente a la crisis, recomendadas desde las grandes instituciones internacionales, ha dejado de ser una solución y una esperanza para transformarse en el mayor obstáculo para que España salga de la crisis.

El Estado ha dejado de ser la institución amiga, ideada por los ciudadanos, para que ordene la convivencia y nos defienda, transformándose en una amenaza inquietante y en una maquinaria que no sólo causa enormes daños morales a la sociedad española con la corrupción y la ineficiencia, sino que, además, cierra empresas, genera desempleo, aplasta a trabajadores y autónomos y deprime activamente la economía.

Las facturas impagadas del Estado están causando estragos en el tejido productivo y expulsando a cientos de miles de trabajadores de la economía activa. Esas deudas públicas equivalen a una inyección de liquidez de 9.300 millones de euros y sus impagos están cerrando empresas y hundiendo a miles de autónomos, que, sin cobrar, se ven expulsados del sistema productivo.

Los datos demuestran que la empresa privada española suele pagar sus facturas a los 98 días, pero el Estado tarda 139 días de media en abonar sus facturas, lo que no significa que las pague todas porque hay algunas que tienen años de antiguedad.

La morosidad está ahogando a las empresas españolas, pero la peor morosidad es la del Estado, lo que constituye un pésimo ejemplo y tal vez hasta un delito antidemocrático porque viola la necesaria ejemplaridad de los poderes públicos.

La situación es especialmente grave cuando analizamos las deudas de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, que también son Estado. "Ya ni siquiera pagan las comilonas en los restaurantes", nos comenta un empresario sevillano de la restauración al que los políticos le deben más de 50.000 euros en facturas, una deuda que, probablemente, le obligue a cerrar.

La culpa del drama del Estado mal pagador es, en primer lugar, de la clase política, cuyo déficit ético alarmante se refleja en los impagos y deudas, pero corresponde también a los jueces, que no intervienen, y a las leyes, que, contrariamente a lo que ocurre en otros países de Europa, son benévolas con el mal pagador.

La crisis está obligando a las empresas a financiarse con sus proveedores, en lugar de hacerlo con los bancos, lo que causa un enorme daño a la economía, que se torna opaca, lenta, ineficiente y sólo permite la supervivencia de las empresas con grandes recursos financieros propios.

La directiva europea vigente, que obliga a los estados a pagar sus deudas, no es eficaz y debe revisarse, introduciendo medidas más contundentes contra los morosos públicos, una de ellas que los intereses de demora sean realmente obligatorios y otra que los gastos del cobro sean imputados siempre al deudor. Pero la principal de todas debe ser la de fijar fechas topes para el pago, considerar delito la deuda pública contumaz y penalizar a la administración que incumpla.